La Fiscalía formalizó a cuatro barristas de Universidad de Chile detenidos tras los graves incidentes registrados en el Estadio Nacional durante el inicio de la participación del club en La Liga de Primera 2026, en un partido ante Audax Italiano que debió ser suspendido momentáneamente por los desórdenes en las tribunas.

Los hechos se produjeron luego de que la barra brava “Los de Abajo” amenazara con boicotear el comienzo del campeonato en protesta por el alto valor de las entradas y la sanción aplicada a más de 3.300 hinchas, medida adoptada tras incidentes ocurridos en el cierre del torneo anterior.

El encuentro comenzó con el sector sur vacío, pero posteriormente un grupo de hinchas ingresó de manera violenta, lo que derivó en la quema de butacas y lanzamiento de proyectiles.

Tras la audiencia de formalización, el fiscal de Flagrancia de la Fiscalía Oriente, señaló que el tribunal declaró ajustada a derecho la detención de los imputados y que se decretaron medidas cautelares de baja intensidad.

“Hubo una discusión bastante larga respecto a la legalidad de la detención. El tribunal consideró que la detención se ajustaba a derecho”, indicó el persecutor.

El fiscal explicó que los imputados no registraban condenas previas, lo que influyó en las cautelares solicitadas. “Las medidas cautelares solicitadas eran todas de baja intensidad. Efectivamente, los imputados, si bien tenían algún tipo de ingreso en el sistema penal, no tenían condena”, sostuvo.

Prohibición de ingreso a estadios

Navarro detalló que la principal medida cautelar dictada fue la prohibición de ingreso a recintos deportivos, en línea con la legislación vigente.

“Lo que más nos interesaba a nosotros y a los querellantes era que fueran impedidos de ingresar a los estadios, porque es uno de los fines de la ley de seguridad de los estadios, que personas que cometen este tipo de delitos no puedan ingresar a un recinto deportivo”, afirmó.

Consultado por la duración de esta medida, el fiscal señaló que, si bien la defensa solicitó una audiencia para revisarla, esta se mantendría mientras dure la investigación. “Las medidas cautelares como ente no tienen plazo, salvo que se exprese en la audiencia, pero en este caso no hubo un plazo”, explicó.

La Fiscalía cuenta con un plazo de 60 días para analizar material probatorio y determinar el grado de participación de los imputados en los hechos.

“Tenemos un plazo acotado de sesenta días para analizar esas imágenes, ver, entrevistar más testigos, y en el juicio se determinará el grado de participación y sobre qué delitos van a ser condenados los imputados”, sostuvo Navarro.

El persecutor agregó que existe abundante material audiovisual que será periciado para establecer responsabilidades individuales.

Rol de los detenidos en los desórdenes

Respecto de la participación de los imputados, el fiscal explicó que fueron detenidos en el lugar donde se produjeron los disturbios y rechazó los argumentos de la defensa, que los calificó como “agitadores”.

“Carabineros, al hablar de agitadores, es la gente que está haciendo desórdenes, es como un sinónimo (…) también es parte del tipo penal que se esté investigando”, indicó, agregando que los funcionarios policiales que realizaron las detenciones son especializados en control de orden público.

Tras los incidentes, Universidad de Chile anunció la presentación de una querella contra los cuatro detenidos y señaló que ejercerá acciones judiciales contra todas las personas que sean identificadas mediante el sistema biométrico del estadio, a quienes además aplicará el derecho de admisión.

Asimismo, Azul Azul informó que se realizarán reparaciones en la galería sur del Estadio Nacional, de cara al encuentro amistoso entre el plantel femenino de Universidad de Chile y River Plate, programado para este sábado.