El Tribunal Oral en lo Penal condenó a penas efectivas de cárcel a tres de los principales responsables del millonario fraude que afectó a la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena, en un caso que involucró la apropiación de más de $760 millones de recursos públicos destinados a salud.

Las exfuncionarias N.C.M. y B.G. fueron sentenciadas a cumplir ocho años de presidio cada una por los delitos de fraude al fisco y lavado de activos. En tanto, C.M.F., pareja de una de ellas, recibió una pena total de siete años de cárcel por fraude de prestaciones estatales y lavado de activos.

De acuerdo con lo acreditado durante el juicio oral, los hechos ocurrieron entre 2019 y 2022, período en que los acusados implementaron un mecanismo para desviar recursos públicos mediante la rendición de boletas y posteriores transferencias bancarias destinadas a ocultar el origen del dinero. Con esos fondos, además, adquirieron diversos bienes.

Según estableció el tribunal, la operación era coordinada por los tres principales condenados, quienes constituían el núcleo de la estructura defraudatoria.

Junto con las penas privativas de libertad, la sentencia ordenó el comiso de bienes raíces y vehículos adquiridos con el dinero obtenido ilícitamente, además de aplicar multas que, en algunos casos, alcanzan el 50% del monto defraudado.

Asimismo, otros diez acusados —que no eran funcionarios municipales— fueron condenados a penas que parten en 541 días de presidio por delitos vinculados al lavado de activos y fraude de prestaciones estatales.

Investigación

El fiscal de Alta Complejidad, Carlos Vidal, destacó que la condena fue posible gracias a un amplio volumen de evidencia reunida durante la investigación.

“Se rindieron importantes pruebas, como las declaraciones de funcionarios policiales que desarrollaron la investigación; la pericia desarrollada por la analista del Sistema de Análisis Criminal de la propia Fiscalía; se aportó prueba como el desarrollo de diligencias por parte del Laboratorio de Criminalística de la PDI regional, de la Brigada de Lavado de Activos, la Brigada de Delitos Económicos, además de declaraciones de testigos de la propia Corporación”, señaló.

El persecutor agregó que un elemento clave fueron los informes elaborados por la Contraloría General de la República, que permitieron detectar las irregularidades y orientar la investigación.

“Primero se remite un preinforme, luego un informe, los cuales dan luces sobre esta actividad. Además, la Corporación Municipal Gabriel González Videla presentó querellas al inicio de la investigación”, explicó.

Vidal añadió que, además de los condenados en este juicio, otras 19 personas ya habían sido sancionadas en distintas etapas del proceso por colaborar con la organización, recibiendo condenas por delitos como fraude de subvenciones, fraude al fisco y lavado de activos.

Fiscal regional destaca combate a la corrupción

El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, sostuvo que la causa deja lecciones respecto de los mecanismos de control sobre los recursos públicos.

“El caso Corporación nos deja lecciones y aprendizajes sobre los riesgos de administrar el poder y los recursos, y que van en la línea de mejorar la fiscalización y el control en los organismos del Estado, como en los municipios”, afirmó.

Cooper destacó además que pocas investigaciones por corrupción alcanzan la etapa de juicio oral debido a su complejidad probatoria y valoró que el proceso se desarrollara de manera pública.

“Estamos en un combate contra la corrupción y no podemos permitir que el dinero que pertenece a todos los chilenos, y en especial a la Región de Coquimbo, que se usa para temas importantes, vaya a parar a bolsillos particulares”, concluyó.