Luis Bravo Pigatti fue el último gendarme detenido en la denominada Operación Apocalipsis, indagatoria liderada por el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, que desbarató una red de funcionarios penitenciarios que se asociaban con civiles para ingresar elemento prohibidos y generar visitas improcedentes en cárceles de la Región Metropolitana.

A diferencia del grueso de los detenidos, Bravo logró ocultarse luego de que se dictara su orden detención, permaneció prófugo, aunque terminó entregándose a los pocos días en el Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería.

Aunque él era sólo uno de los más de 40 gendarmes implicados en el caso que remeció a la institución, su nombre llamó la atención porque pasó de ser una suerte de héroe a villano. En 2022 terminó baleado por un reo que se fugó mientras era atendido en el Hospital Barros Luco y ahora es perseguido penalmente por su rol en el caso de corrupción develado por el Ministerio Público.

Además, era uno de los implicados en el caso que alcanzaba notoriedad por ser uno de los dirigentes de segunda línea de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP). Quienes conocen la interna del gremio, además, comentan que es cercano al dirigente nacional Álex Vega, quien ha aparecido como partícipe de las fiestas clandestinas organizadas por gendarmes en las casas fiscales.

A Bravo se le imputan hechos que las autoridades de Gendarmería y del Ministerio de Justicia han calificado como gravísimos. Pese a eso el imputado, quien además se mantiene en prisión preventiva, no ha sido desvinculado de la institución pues al ser dirigente gremial cuenta con fuero.

Bravo no es el único de los imputados en esta causa que se encuentra en esa situación. Enzo Ramos, también formalizado por el fiscal Pastén, es dirigente de la Asociación Nacional de Trabajadores de Gendarmería (Antrag) y, por lo mismo, tampoco ha sido removido de las filas de Gendarmería.

De hecho, en el marco de una audiencia del caso realizada hace algunos días, su abogada fue tajante en marcar dicho punto.

“El señor Enzo Ramos aún está activo como funcionario de Gendarmería, por ser dirigente y está con fuero”, sostuvo su defensora con el objetivo de insistir en que aún puede acceder a las prestaciones que la condición de funcionario le permiten.

En su caso, solicitaba ser trasladado hasta el Hospital de Carabineros o al Hospital Militar para ser atendido por una fractura de clavícula que sufrió tras ser agredido por internos en la cárcel de Valparaíso. Por los mismo hechos, más otras amenazas que sufrió, también requería ser trasladado hasta el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS).

Como sea, entre lo intervinientes en esta causa, y especialmente en el Ministerio Público, ha generado disconformidad el hecho de que tanto Pigatti como Ramos sigan como funcionarios de la institución, dada la gravedad de los hechos que se han podido establecer en medio de la indagatoria.

Frente a esto fuentes de Gendarmería señalan que está en curso el sumario administrativo que podría determinar la baja de ambos imputados. Las mismas fuentes confirman, igualmente, que por su fuero sindical, no se puede dictar la remoción inmediata.