Gobierno cita a embajador de Francia y pedirá revocar asilo a Palma Salamanca

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En el entorno de Ricardo Palma Salamanca consideran que el proceso de extradición a Chile ya no es posible.

La Ofpra acogió la solicitud del exfrentista, condenado en Chile por el crimen del senador Jaime Guzmán. Desde la Corte Suprema, el vocero Guillermo Silva dijo aceptar "la autonomía e independencia" de Francia.


La audiencia de extradición en la Corte de Apelaciones de París del exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Ricardo Palma Salamanca (49), condenado en Chile por el crimen del senador Jaime Guzmán, ocurrido en 1991, está agendada para el próximo 12 de diciembre. Sin embargo, tras la decisión de la Oficina Francesa de Protección a los Refugiados y Apátridas (Ofpra), de otorgarle asilo político a él y su familia, el proceso pendiente podría ser un mero trámite.

Así de crucial es la resolución que oficializó ayer, pasadas las 17.00 horas, la Ofpra, notificando a Palma Salamanca de que su solicitud había sido acogida.

Las reacciones fueron casi inmediatas. El ministro de Interior, Andrés Chadwick, anunció que se solicitará formalmente a la administración de Emmanuel Macron que la decisión de la Ofpra sea revocada. Eso, junto con consignar que el Ejecutivo "no comparte" el criterio que favoreció a Palma Salamanca, ya que a juicio del gobierno no se cumplen con los requisitos de la Convención de Ginebra sobre asilo y refugio político. Así, Chadwick señaló que Cancillería "citará" el lunes al embajador de Francia en Chile, Roland Dubertrand, en una medida que en el mundo diplomático es leída como una señal de molestia.

"(Vamos) a solicitar al gobierno de Francia, especialmente al Ministerio de Interior, que ejerciendo sus atribuciones pueda revocar esta decisión, con el propósito de que sean los tribunales de justicia franceses quienes determinen si acogen o no la extradición solicitada", sostuvo Chadwick.

La Ofpra es un organismo estatal, que funciona con autonomía administrativa y financiera del gobierno francés, pero lo cierto es que de sus 17 personeros directivos, 10 son miembros de distintas reparticiones del gobierno. Algunos designados directamente por las secretarías de Interior y Justicia y por el primer ministro.

Chadwick sostuvo que "es muy importante que se pueda comprender que el crimen del senador Jaime Guzmán, y la condena y el cumplimiento de la condena se desarrolló en nuestro país en plena y total vigencia de un Estado democrático y de derecho".

En contraste con la postura de La Moneda, que busca revertir la resolución, el vocero subrogante de la Corte Suprema, Guillermo Silva, sostuvo, a través de un comunicado, que "pese a que fue la propia Corte Suprema de Chile quien estimó en febrero de este año la necesidad de tener al condenado acá en nuestro país, entendemos y aceptamos la autonomía e independencia del Estado de Francia para esta decisión".

Prófugo

Palma Salamanca, quien se fugó junto a otros miembros del FPMR desde la Cárcel de Alta Seguridad en helicóptero, en 1996, está sentenciado a dos cadenas perpetuas y 30 años de prisión por el asesinato de Guzmán, el crimen de exagentes de inteligencia y el secuestro del empresario Cristián Edwards.

A mediados del año pasado huyó desde México, donde residía en la clandestinidad, a París, luego de que la detención de otro exfrentista, Raúl Escobar Poblete, revelara que él, junto a su expareja, Silvia Brzovic, y sus hijos vivían en San Luis de Allende. Por años, el otrora subversivo mantuvo la falsa identidad de Esteban Solís Tamayo, un fotógrafo sin problemas con la justicia. El jueves 15 de febrero, tras ser detenido por la policía francesa, volvió a ser uno de los prófugos más buscados de Chile.

A fines de febrero, la Corte Suprema aprobó la solicitud de extradición y se inició el proceso entre los Estados. El propio Presidente Sebastián Piñera abordó el tema con su par francés, Emmanuel Macron, durante su gira a Europa, el mes pasado.

Pese a ésta y otras gestiones, Palma Salamanca tenía cartas a su favor, en particular la asesoría del abogado francés Jean-Pierre Mignard y una organizada red de apoyo que operó en Chile y Europa para promover su asilo y reunir -a través de actividades artísticas y donaciones- recursos para el pago del equipo jurídico, cuyo costo es de 50 mil euros. Desde hace meses, además, sus amigos le envían mil euros mensuales para la mantención de la familia.

El escenario

La situación hoy, afirma Luis Hermosilla, abogado de la familia Guzmán, es compleja para el interés de los cercanos al fundador de la UDI, y se ve más lejana la posibilidad de que Palma Salamanca cumpla sus penas en el país. "El asilo es un obstáculo para la extradición, la dificulta. Este es un problema político francés. Francia es un país víctima del terrorismo y protector del terrorismo", asegura.

Alberto Espinosa, quien fue abogado en Chile de Palma Salamanca, es más tajante: "Con este asilo político se acaba el proceso de extradición, ya no hay nada que pueda hacer el Estado chileno para intentar que Ricardo y su familia regresen. (...) A los refugiados políticos les rige el principio de no devolución o non-refoulement, que prohíbe que una persona sea expulsada".

Christian Rodríguez, activo miembro del Comité de apoyo a Ricardo Palma Salamanca , agrega que "El hecho de ser refugiado lo protege absolutamente. Por lo tanto, no da lugar a la extradición".

Asilo y refugio: la diferencia con Galvarino Apablaza

El caso de Galvarino Apablaza, con residencia actual en Argentina, y el Ricardo Palma, quien se encuentra en Francia, son distintos. Así lo explicaron abogados de derecho internacional.

El primero solicitó un refugio político en 2010 al país transandino, el cual hoy se encuentra vigente y a la espera de una resolución para determinar si continuará bajo este estado. "En el caso de Apablaza, la Conare (Comisión Nacional de Refugiados) ya resolvió quitarle la condición de refugiado, pero él apeló, con lo cual ahora está en sede judicial. Hemos acompañado ese reclamo de Chile", explicó en abril a La Tercera Marcos Peña, jefe de gabinete del Presidente de Argentina, Mauricio Macri. Además, en el caso de Apablaza, la condición de refugiado fue concedida después de que la Corte Suprema Argentina concediera su extradición.

En cambio, la situación de Palma se refiere al otorgamiento de un asilo político, concedido antes de que se inicie un juicio que resuelva su extradición. Francisco Leturia, académico UC y abogado en Derecho Internacional, explica que el refugio es una condición que se da de forma "mucho más masiva por razones políticas en general", a diferencia del asilo, que se le entrega a personas que "están siendo perseguidas con nombre y apellido; es una protección e inmunidad".

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