Un paso silencioso, pero estructural, acaba de concretarse en la modernización del Estado. La Contraloría General de la República tomó razón de la nueva Política de Gestión de la Información Territorial Geoespacial, una hoja de ruta que busca resolver el problema que apunta a la fragmentación de los datos sobre el territorio que manejan los distintos organismos públicos.

En términos simples, la iniciativa apunta a que el Estado deje de operar con múltiples versiones de una misma realidad geográfica, tales como mapas desactualizados, catastros incompatibles o información duplicada. Esto, junto con el avance hacia un sistema integrado, con estándares comunes y acceso compartido. El objetivo es que ministerios, servicios y gobiernos regionales trabajen sobre una base única de información territorial, confiable y actualizada.

La medida no parte desde cero. Desde 2006, Chile cuenta con el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), que organiza y pone a disposición datos geográficos del país. A ello se suma la Infraestructura de Datos Espaciales de Chile (IDE Chile), una red de instituciones que generan y comparten esta información. Sin embargo, hasta ahora estos esfuerzos operaban sin una política que fijara lineamientos obligatorios y homogéneos para todo el aparato estatal.

Ese vacío es el que busca llenar la nueva normativa. Según lo definido, la política establece directrices para que la información geoespacial se gestione bajo criterios comunes, se comparta oportunamente entre instituciones y se utilice de forma estratégica en la toma de decisiones públicas. En la práctica, implica ordenar cómo se producen, actualizan, almacenan y difunden los datos sobre el territorio.

Desde el Ministerio de Bienes Nacionales destacaron que contar con información territorial estandarizada es clave para diseñar políticas públicas basadas en evidencia. Esto cobra especial relevancia en áreas como planificación urbana, gestión de recursos naturales, ordenamiento del territorio y respuesta ante emergencias.

“Para planificar buenas políticas públicas es clave contar con información confiable, actualizada y a tiempo, que permita tomar decisiones basadas en evidencia. Para ello, los datos geoespaciales que aportan la información sobre el territorio son fundamentales para el trabajo del Estado. Con esta política, que nos tocará implementar, estos datos estarán ordenados y estandarizados de manera tal que se facilite su acceso, y que su uso sea realmente útil para la toma de decisiones”, señaló la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot.

El impacto esperado es transversal. En situaciones de crisis, como incendios forestales o inundaciones, disponer de datos precisos y compartidos puede acelerar la toma de decisiones y mejorar la coordinación entre organismos. En el ámbito del desarrollo, permite identificar con mayor claridad dónde invertir, qué zonas proteger y cómo compatibilizar crecimiento económico con sostenibilidad ambiental.

Otro de los efectos que se proyectan es un aumento en la transparencia. Al ordenar y facilitar el acceso a la información geoespacial, se abre la posibilidad de que ciudadanos, académicos y el sector privado puedan consultar datos más consistentes sobre el territorio, reduciendo asimetrías de información.

No obstante, el desafío principal comienza ahora: la implementación. Desde la Secretaría Ejecutiva del SNIT reconocen que el foco estará puesto en el corto y mediano plazo en ajustar el plan de acción para asegurar que los estándares definidos se apliquen efectivamente en todos los servicios públicos. Esto implica no solo cambios técnicos, sino también culturales, en un aparato estatal donde históricamente cada institución ha gestionado sus propios datos.

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Coordinación de Información Territorial (SNIT), coordinada por Markéta Šteflová, destacó que el desafío ahora es asegurar que la información geoespacial se gestione con estándares comunes, “y que se comparta oportunamente y se utilice de manera estratégica para apoyar la toma de decisiones del Estado”.

El proceso no ha sido inmediato. La tramitación de la política tomó cerca de dos años, un plazo que refleja la complejidad de alinear a múltiples actores y compatibilizar distintos sistemas de información. Con la toma de razón por parte de Contraloría, el instrumento adquiere ahora validez formal y obliga a avanzar en su ejecución.

En el trasfondo, lo que está en juego es la capacidad del Estado para tomar decisiones informadas en un contexto cada vez más exigente. Desde el cambio climático hasta la expansión urbana, pasando por la gestión de recursos estratégicos, la calidad de los datos territoriales se vuelve un insumo crítico.