Gobierno se querella invocando Ley de Seguridad del Estado contra alcaldes que cortaron rutas en Ñuble
El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, anunció además una presentación ante la Contraloría General de la República por los hechos.
El ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel, anunció la presentación de dos querellas invocando la Ley de Seguridad del Estado, en contra de los alcaldes de Quirihue, Richard Irribarra, y de Coelemu, Alejandro Pedreros, por la interrupción de rutas hacia sus comunas.
El bloqueo se ejecutó contra el traslado de pacientes con sospecha de coronavirus en la zona. Según informó el gobierno "estos alcaldes bloquearon acceso a un hospital a ocho adultos mayores”.
La autoridad anunció además una presentación ante la Contraloría General de la República por eventuales faltas a al probidad funcionaria.
Posterior a este hecho, el ministro Blumel realizó un punto de prensa, donde indicó que “es un hecho extraordinariamente grave, donde se cometieron delitos, bloqueando la ruta, los accesos a personas que tenían que acceder a atención sanitaria y hospitalaria y no solo son hechos graves por el bloqueo de las rutas, sino porque también revelan una falta de humanidad gigantesca en un minuto donde todos tenemos que ponernos a disposición de la autoridad sanitaria para colaborar en las medidas que se necesitan para contener esta pandemia”.
Para agregar que lo realizado por los jefes comunales “es inaceptable, no lo vamos a permitir. Y, por lo tanto, nos querellaremos por Ley de Seguridad del Estado para que se apliquen las máximas sanciones contempladas en nuestro ordenamiento jurídico”.
“Lo que han hecho estos dos alcaldes es muy grave, un acto profundamente inhumano, pusieron en riesgo a adultos mayores que necesitaban acceder a atención hospitalaria y por lo tanto nos querellaremos por Ley de Seguridad del Estado porque estas situaciones no se pueden tolerar”, complementó finalmente el jefe de gabinete.
El intendente de Ñuble, Martín Arrau, solicitó al Ministerio Público investigar lo ocurrido, asegurando que “no vamos a permitir que personas cometan delitos y afecten derechos fundamentales de nuestros adultos mayores”.
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