El pasado viernes 2 de enero, la Corte Suprema dictó un fallo histórico. Por primera vez, y siguiendo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), optó por aumentar las condenas en 14 causas ligadas a delitos de lesa humanidad.

La resolución de la Segunda Sala del máximo tribunal busca cumplir el fallo del tribunal internacional en el caso “Vega Gonzalez y otros versus el Estado de Chile”. El requerimiento, que representa a familiares de víctimas de derechos humanos, fue liderado por la abogada Karinna Fernández. Producto de esto, llevó al Estado chileno a la instancia en el extranjero luego de que los tribunales nacionales redujeran penas de condenados por violar derechos humanos, aplicando la “media prescripción”, un beneficio que permite reducir los grados de la pena.

La Corte IDH determinó que el Estado chileno, a través del Poder Judicial, vulneró las garantías internacionales que impiden someter a beneficios de reducción de penas a condenados por delitos de lesa humanidad, por lo que ordenó revisar dichas sentencias.

Y así lo hizo la Suprema, aumentando entre cinco y 13 años las condenas de diversos exagentes del Estado, quienes -en algunos casos- se encuentran en prisión y otros, incluso, ya cumplieron las condenadas que ahora fueron incrementadas.

Los cuatro reingresos

Desde el mismo día que la Suprema dictó sentencia, el máximo tribunal comunicó al tribunal competente que debía despachar las órdenes de detención para aquellos acusados que, tras cumplir sus condenas iniciales, ya se encontraban en libertad.

“Esta sala no ha tomado conocimiento de algún aspecto de salud de importancia que deba ser valorado a este respecto y que suponga una aflicción más allá de lo que razonablemente se espera de una privación de libertad, por lo que, aparece como acorde a los parámetros indicados que el aumento de la sanción decretada respecto de los cuatro condenados, se cumpla privados de libertad”, se lee en la sentencia.

Según fuentes de La Tercera, ese mismo día la Policía de Investigaciones (PDI), a través de su Brigada de Derechos Humanos, materializó las órdenes de detención de dos de los cuatro imputados. Un día después, es decir, el sábado, la misma policía civil realizó otras dos detenciones.

Quienes conocen del proceso, dan cuenta que este lunes fueron reingresados a la cárcel los exagentes del Estado Carlos Eduardo Fachinetti López, Eduardo Martín Chávez Baeza, Víctor Manuel Muñoz Orellana y Víctor Hugo Lara Cataldo. Todos ellos, tras el revalúo de la pena, fueron obligados nuevamente a cumplir cinco años más de cárcel.

De los cuatro condenadas a los que se les subió la pena y que ya estaban en libertad, uno, Fanchinetti, tiene orden de reingresó a la cárcel de Colina Uno, específicamente al llamado Módulo Asistir. Los otros tres reclusos tiene orden para reingresar a la cárcel de Tiltil, ex Punta Peuco.

Los otros condenados

La mayoría de los imputados en las 14 causas que revisó la Suprema, actualmente se encuentran cumpliendo otras penas de cárcel, por lo que la sentencia determinó que una vez que terminen dichos periodos, cumplirán el adicional que se les agregó.

En ese listado se encuentran Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla, Sergio Antonio Díaz López, Leonardo Reyes Herrera, Luis Alberto Soto Pinto, Heriberto Pereira Rojas, Jorge Eduardo Soto Herrera, Luis Osmán Yáñez Silva, Jorge Aliro Valdebenito Isler, Enrique Alberto Rebolledo Sotelo, Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Manuel Andrés Carevic Cubillos, Miguel Krassnoff Martchenko, Rolf Wenderoth Pozo, Iván Quiroz Ruiz, Jorge Vargas Bories, Pedro Guzmán Olivares, Jorge Jofré Rojas, Gamaliel Soto Segura, Juan Jorquera Abarzúa, Fernando Eduardo Lauriani Maturana, Omar Burgos Dejean, Claudio Abdón Lecaros Carrasco, Pedro Octavio Espinoza Bravo y Gonzalo Fernando Maass del Valle.

Además, existen dos casos, los de Juan Miguel Bustamante León y Héctor Sergio Rivera Bozzo, quienes a pesar del aumento en sus penas estas no serán cumplidas en la cárcel, luego de que la Suprema resolviera que la pena será cumplida con “reclusión domiciliaria total con monitoreo telemático”.

También hay dos condenados -César Raúl Manríquez Bravo y Hugo Opazo Inzunza- a quienes se les considera su compleja situación de salud, al estar en estado de interdicción por demencia. Estos corresponden a casos excepcionales, ya que, por ejemplo, las penas de Manríquez -quien formó parte de la cúpula de la DINA- terminan el 5 de septiembre de 2066.

En todos los condenados que ya están fallecidos y que también tocaba aumentar sus penas, la Suprema optó por no referirse debido a la extinción de la responsabilidad penal por muerte del responsable.