Hasta los tribunales llegó el Hospital San Borja Arriarán con una petición poco habitual: que la justicia autorizara aplicar terapia electroconvulsiva a un adolescente con un grave trastorno mental. La madre del joven se oponía con firmeza, pero finalmente fue la Corte de Apelaciones de Santiago, tras revisar los antecedentes, la que decidió que la urgencia de resguardar la vida y salud del paciente debía pesar más que la negativa materna.

Con alucinaciones auditivas, ideas paranoides, insomnio, aislamiento social, pérdida de peso y una marcada agitación que impedía continuar con su tratamiento ambulatorio fue que ingresó el menor de 15 años al Hospital San Borja Arriarán el 24 de julio del año pasado.

Según los médicos que lo atendieron ese día, el adolescente presentaba un trastorno psicótico con síndrome catatónico, junto a desnutrición y anemia leves, además de una sospecha de abuso sexual infantil.

Ante la severidad del cuadro clínico y la respuesta parcial a la terapia que decidieron aplicar, el equipo médico llegó a una conclusión: tenían que recurrir a la terapia electroconvulsiva, técnica que ha sido motivo de debate y que incluso significó la salida de Begoña Yarza de la cabeza del Ministerio de Salud en 2022.

Y es que en mayo de ese año la cartera sanitaria presentó una denuncia donde acusaba que el Hospital Psiquiátrico del Salvador de Valparaíso habría realizado intervenciones de terapia electroconvulsiva sin anestesia y sin ajustarse debidamente a la norma técnica pertinente, además de otras dificultades en el funcionamiento del recinto. Todo apuntaba a la constitución de tortura y tratos crueles e inhumanos, previstos en el artículo 150 A del Código Penal.

Sin embargo, la acusación de tortura no prosperó, Yarza fue enviada al tribunal de ética del Colegio Médico y sentenció su estadía en el gobierno del Presidente Gabriel Boric, donde duró hasta septiembre del primer año de mandato.

En el caso actual, instruirle esta terapia al menor fue analizado por el Comité de Ética Asistencial del Hospital, el cual recomendó finalmente en septiembre de 2024 que la terapia electroconvulsiva era beneficiosa para salvaguardar el riesgo de secuelas mayores a largo plazo.

Sin embargo, su mamá se negó a firmar la autorización. Con todo, ahora ese trámite no será necesario.

La sentencia destaca que la terapia electroconvulsiva tiene un alto porcentaje de éxito para aliviar los síntomas, aunque puede tener efectos secundarios temporales como pérdida de memoria a corto plazo y riesgos asociados a la anestesia, pero estos suelen desaparecer en unos meses. También señala que continuar solo con los cuidados actuales podría causar daños permanentes en la salud mental y cognitiva del menor, especialmente considerando que su cerebro aún está en desarrollo y que la catatonía empeora el pronóstico con el tiempo.

“El derecho a la vida y la integridad física y sicológica no puede ser desconocida por el ordenamiento jurídico, por tanto, la negativa injustificada de la madre a otorgar el consentimiento informado no se condice con el deber de socorro mínimo que corresponde a los padres frente a sus hijos, ya que ninguna razón o motivo puede considerarse legítima si se contrapone con el derecho a la vida, ya que en términos de jerarquización existen derechos que priman sobre otros”, concluye la sentencia.

Yael Berdichevsky, coordinadora docente del Área Adultos del Servicio de Psicología Integral de la Universidad del Desarrollo, respalda estas terapias.

“Son terapias seguras y cada vez más sofisticadas. Siempre es importante que previo al tratamiento se haga psicoeducación con cuidadores principales justamente para que no sucedan situaciones como la del Hospital San Borja, para que así los y las cuidadoras tengan seguridad y confianza respecto al tratamiento”, explica la especialista.

Eso sí, aclara que “sigue siendo el último recurso de intervención cuando ya el tratamiento farmacológico oral no funciona”.