Con 25 años de experiencia en la materia, Hugo Ibaceta asumió la presidencia de la Cámara Nacional de Seguridad Privada, organismo gremial que fue creado hace un año y que busca agrupar a diferentes compañías del rubro.

Ibaceta afirma que uno de los principales objetivos de la nueva organización es “representar todas las verticales del negocio de lo que es hoy la seguridad privada, que es tecnología, seguridad física y capacitación, entre otras”.

Uno de los primeros desafíos que ha debido enfrentar la Cámara Nacional de Seguridad Privada es la tramitación, promulgación e implementación de la Ley de Seguridad Privada, normativa que busca regular dicho mercado. Sin embargo, a un año de la promulgación, la ley ha debido enfrentar una serie de inconvenientes.

“Tiene aspectos pendientes que no representan a los intereses ni a las necesidades de la industria”, afirma.

¿Qué rol cree está jugando actualmente la seguridad privada?

Siempre se ha dicho que las empresas de seguridad privada son partner estratégico de cualquier negocio. Entonces, el rol que tiene la seguridad privada no solamente es estratégico, sino que también resguarda el patrimonio, negocio y que este se desarrolle con normalidad. Por lo mismo, es un gran pilar que esta ley contemple un rol de coadyuvante en la seguridad, dada la gran falta de Carabineros.

¿Cómo ve el gremio esta ley?

Esta es la primera regulación particular que va a tener la seguridad privada. La industria tiene que generar muchos cambios estructurales, organizacionales, culturales, adaptar el régimen de fiscalización, dotar de un gran presupuesto. Y eso no se contempló cuando se diseñó esta ley.

¿Por qué?

Es una ley que tiene una alta aspiración de estándares de profesionalismo, de tecnología, que tiene contemplado la interoperabilidad entre las instituciones del Estado, pero sin recursos. Entonces, es un tremendo desafío porque no están dadas las condiciones hoy para exigir el cumplimiento de la ley. Las empresas no están preparadas.

¿En qué sentido?

No están preparadas porque hay un tema de colisión entre esta ley y el Código del Trabajo. También en temas de tecnología. Las empresas hoy no cuentan, por ejemplo, para el cumplimiento, con el tema de las credenciales, los cursos de capacitación de los guardias, entre otros.

¿Y por qué ocurre eso?

Hay un cuello de botella que se arrastra de años, no solamente este gobierno ni el anterior, sino de los anteriores, y eso todavía no se ha subsanado. Entonces no se puede exigir que una empresa de seguridad privada cumpla la ley cuando no están los recursos ni las instancias para que todos los guardias puedan estar capacitados, tener su credencial, presentar su directiva de funcionamiento que depende de la Dirección del Trabajo. O sea, todo eso hay que revisarlo, mejorarlo y adaptarlo a la realidad de nuestro país.

¿Y cómo se mejora?

La ley corta que implementó el gobierno es un muy buen avance. Nosotros creemos que parte de la solución pasa por descomprimir estos cuellos de botella, que son dos y que son muy grandes, que es en la instancia en que un colaborador se capacite y obtenga su credencial de guardia de seguridad. Estos dos procesos son tan importantes, y es el inicio para todos los procesos restantes, y que se pueden descomprimir con tecnología.

¿Quién es responsable de eso?

La subsecretaría es la que tiene que diseñar todo esto. Hoy ellos tienen un rol muy protagónico, pero no tienen la capacidad por eso que la tecnología puede descomprimir todos estos cuellos de botella.

¿Consideran que existen más problemas?

Otro punto muy negativo es el régimen sancionatorio. Como dije, la industria de la seguridad privada no está preparada para implementar la nueva ley por estos cuellos de botella. Sin embargo, las sanciones, la fiscalización o la exigencia se mantienen. Están fiscalizando a empresas por no cumplir este estándar, pero la autoridad no está dando los medios. Esperamos que promueva instancias de postergación o instancias de subsanación.

A su juicio, ¿qué falló para que la ley se tuviera que postergar?

Convengamos que el diseño y la ley fue parte de un gobierno y otro gobierno se está haciendo cargo de la implementación, eso ya es muy significativo. Otro aspecto es que no dotar una ley de presupuesto merma mucho la implementación. Y el tema del estatus de los problemas de arrastre, que tampoco se abordaron, no se contemplaron en la ley y esperamos que se enfoquen en solucionar estos problemas.

¿Estos meses de postergación son suficientes?

Esta ley corta y los tópicos que toca muestran una intencionalidad muy positiva del gobierno. Claramente no es suficiente, falta atender y enfocarse en los problemas que son muy grandes y que se arrastran de años.

A futuro, ¿cómo ven esta ley?

Este nuevo gobierno tomó de una forma muy importante la opinión de expertos, de asociaciones gremiales de todas las industrias, convocó a mesas de trabajo, les pidió la opinión y recogió muchas ideas. La tranquilidad es que nosotros vemos que el espíritu en este gobierno es convocar. Todo indica que hay un buen plan de trabajo. Está la intención de apoyarse en los expertos, en la industria, y esperamos con esperanza y fe que esto pueda llegar a buen puerto.

¿Cuáles serían los desafíos?

Falta el proceso de adaptación, de manera que la industria pueda implementar todo lo que contempla. El estándar de profesionalización no está tan claro y por supuesto que apoyamos el mayor estándar, porque la seguridad privada tiene un estándar de profesionalismo alto. La carrera funcional se hace muy difícil cuando existen desincentivos, como la violencia que existe contra los guardias, quienes son como el último eslabón. Nadie los protege, los golpean, les tiran cosas y también hay una falta de comprensión de la ciudadanía en el rol que ocupa un guardia de seguridad que está para protegerlo, no solamente al patrimonio sino también a las personas.