Identifican 243 casas “tomadas” por narcotráfico en La Legua

El gobierno catastró la propiedad de las viviendas de la Legua Emergencia, donde muchas casas son utilizadas por el narcotráfico.

Bandas las usan para acopiar la droga, tras ser quitadas o arrendadas a sus propietarios.


La caída de los muros de La Legua Emergencia significa la apertura de uno de los lugares más complejos en el combate contra el narcotráfico en la Región Metropolitana. Pese a que entre sus más de 15 mil habitantes la mayoría logra vencer a la adversidad, en su interior nadie niega la influencia del narco en sus calles.

Hasta el derribo de sus muros, concretado el miércoles, el lugar era considerado un laberinto, muchas veces sin salida. Pasajes en diferentes direcciones contienen las “infinitas” casas bajas, todas ellas pareadas unas a otras. El patio muchas veces es la calle, allí se arman mesas familiares y se instalan las piscinas en veranos.

Pero los vecinos saben que no todo a su alrededor son hogares. Según un catastro hecho por el gobierno, hay 243 viviendas no habitadas que han sido tomadas por el narcotráfico.

Al caminar por los pasajes, estas casas, denominadas como “oficinas”, se pueden advertir en el deterioro de su fachada o por tener puertas blindadas, cerradas por fuera con cadenas y candados. Lo único que resalta es la cámara perimetral en el exterior. Los puntos de venta de la droga están en las esquinas de la población, pero estas viviendas están adaptadas para el acopio y la dosificación de la droga. No tienen luz ni agua, nadie vive en ellas. “Solo se utilizan para mantener una cantidad de droga allí y que esté cerca del punto de venta”, señaló el subprefecto Mauro

Mercado, coordinador nacional del modelo MT0 de la PDI.
En su interior, estas residencias estás adaptadas para entorpecer la acción de las policías. Tras la primera puerta blindada, se pueden encontrar hasta tres rejas que limitan el acceso a la droga. En la parte trasera, escaleras permiten a los traficantes escapar por los techos de la población. “Cuando vamos a cumplir una orden judicial, nos demoramos mucho en entrar. Ese tiempo lo aprovechan para botar la droga al baño o arrancar por los techos”, explicó Mercado.

¿Cómo se llegó a este punto? El entorno ha impulsado a muchas familias a abandonar la población y, en esos casos, la venta de la vivienda se hace muy difícil, debido en gran parte a la estigmatización que pesa sobre La Legua Emergencia. Ante ello, los propietarios han optado por dos caminos: arrendar a los narcotraficantes, quienes viven en otras comunas, o derechamente abandonar las casas y dejarlas, igualmente, a disposición de estos grupos delictuales.

La utilización de las viviendas no es permanente ni son usadas todas al mismo tiempo. Con tal de distraer la atención policial, las bandas rotan. Un mes pueden usar tres casas, y al siguiente optan por otras tres. Incluso, durante un mismo día pueden ser usadas por más de una banda, las que se dividen la jornada en diferentes lugares, estando tres o cuatro horas en una casa, y luego optar a otra.

De acuerdo al subprefecto Mercado, el silencio de los vecinos se compra o se impone. “Cuando llegan a las viviendas, le pueden pasar $ 20.000 a cada vecino o les muestran sus armas y amenazan”, dijo.

Regeneración

Desde hace algunos meses, el gobierno realiza trabajos con los dueños de las viviendas deshabitadas. Se han mantenido mesas de trabajo entre los propietarios, con la participación de la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Intendencia Metropolitana, la Municipalidad de San Joaquín, la Fiscalía Sur y la PDI.

En la instancia se catastró a estas viviendas y ahora analizan bajo qué condiciones fueron cedidas a los narcotraficantes, o si fueron tomadas a la fuerzas por estos. Incluso, en algunos casos se investiga la participación de los dueños en el tráfico de drogas.

“Son 243 casas identificadas, en que los títulos de dominio hay que revisarlos, porque las personas las utilizan como fuertes para el tráfico. Vamos a ir destruyendo estas casas o entregándoselas a sus verdaderos dueños para que se hagan responsables”, dijo la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.

En reemplazo de aquellas que terminen derribadas, se pretenden instalar servicios básicos, entre ellos, un consultorio. Todo ello, se concretaría con plazo final en 2028.

“Tenemos un plan de regeneración de La Legua, que nos va a permitir devolver a la población la alegría de vivir, los servicios básicos, las áreas verdes y los lugares para practicar deporte”, señaló el Presidente Sebastián Piñera.

Seguir leyendo