La Contraloría General de la República detectó un uso irregular de recursos del Gobierno Regional Metropolitano en la contratación de una asesoría que se orientó a trabajar en la campaña por la reelección del gobernador Claudio Orrego.

El organismo indicó que practicará un procedimiento disciplinario, con la finalidad de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.

Según el resultado de la auditoría N° 873 de la CGR, “se advirtió que, durante el año 2024, el Gobierno Regional Metropolitano erogó un total de $31.366.179 para la contratación del servicio de asesoría especializada sobre líneas de apoyo para la gestión institucional GS 2024 de cuya revisión se constató la realización de 52 sesiones de coaching directivo, siendo proporcionadas únicamente las minutas de 28 de dichas reuniones”.

Añade que de la revisión de los contenidos incluidos en 16 de estas, “se verificó que en estos no se relacionaban con contenidos asociados a coaching directivo o sesiones de equipo que evidencien el desarrollo de competencias de liderazgo, entrega de herramientas para profundizas conocimientos, aumentar su rendimientos, mejorar su calidad de vida y consecuentemente mejorar el ambiente laboral -tal como lo señalaba la descripción de las actividades contratadas en la consultoría- sino que más bien aludía explícitamente a temáticas, riesgos y acciones relacionadas con la contingencia política y campaña electoral a gobernador regional“.

El informe de 159 páginas, del 3 de junio de 2025, precisa que esa alusión no era “en términos generales”, sino que apuntaba “específicamente a la campaña en la que don Claudio Orrego Larraín se estaba presentando como candidato a la reelección, situación que por una parte no tenía relación con el objetivo de la dicha prestación de servicio y tampoco se aviene con la finalidad y objetivos de esa entidad”.

El pago de los $31 millones por parte del Gobierno Regional se hizo a la firma Vera y Asociados S.A. en tres facturas, según indica el informe, entre abril de 2024 y septiembre del mismo años.

La Contraloría indicó que remitirá el informe al Ministerio Público “para su conocimiento y fines pertinentes”.

La fiscalización tuvo por finalidad realizar una auditoría a los gastos ejecutados, al estado de las transferencias y al uso de recursos públicos por parte del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago durante el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2024.

El documento final decretó también otras situaciones, como la adquisición de bienes y servicios de consumo mediante la modalidad de trato directo, por un total de $51.753.665, en las que no se acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos por el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, para la causal invocada.