En el entorno de Rosa Devés, la primera mujer que llegó a la rectoría de la Universidad de Chile, aseguran que a fines de octubre la decisión no admitía dudas: no ir a la relección como máxima autoridad de la casa de estudios cuando culminara su histórico primer periodo. Que así se lo planteó ella misma desde que asumió a fines de 2022 en pos de la diversidad y que la intención es respetar la máxima que se impuso.

Pero en la interna de la Casa de Bello, que por estos días está celebrando su 183° aniversario, dicen que el escenario presidencial podría ser un factor que, cuando menos, empuje a algunos a pedirle que reconsidere algo que hoy no está en los planes.

“Todo puede pasar”, resumen en las entrañas de la institución universitaria. La política del país, aseveran las mismas personas, desde siempre ha movido la aguja en una institución pública que según sus estatutos tiene al Presidente de la República como patrono, por lo que los resultados del balotaje que protagonizarán José Antonio Kast (Partido Republicano) y Jeannette Jara (Partido Comunista) podrían provocar un ajetreo de tal magnitud que un sector académico clame por la continuidad de Devés. “En un escenario de cambio de rumbo político del país sin dudas sería mejor mantener a alguien conocido en la rectoría”, explican esas fuentes.

Como sea, lo cierto es que Devés culmina en 2026 sus cuatro años como rectora y la carrera para un nuevo periodo aún no arranca formalmente. Esa mera realidad, de hecho, algunas voces de la Casa de Bello la plantean como otro factor para -todavía- no dar por zanjado que la doctora en bioquímica diga definitivamente adiós a la idea, aun cuando, hoy por hoy, esté declinándola.

¿Último discurso?

Con el escenario de que está más afuera que adentro de la rectoría, el de este miércoles fue, casi con total certeza, el último discurso de aniversario efectuado por la aún rectora Devés.

En casi 40 minutos y con la presencia del Presidente Gabriel Boric y el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, entre otras autoridades y exautoridades académicas, la cabeza de la U. de Chile abordó distintos tópicos de su gestión.

Por ejemplo, señaló que “la formación para la convivencia democrática no puede desligarse del compromiso con los derechos humanos, entendidos no solo como un marco jurídico universal, sino como una forma de reconocer la dignidad de cada persona y la responsabilidad colectiva de protegerla”.

En tal sentido, ahondó que “las fracturas presentes en la convivencia nacional, evidenciadas por el estallido social y agravadas por la pandemia del Covid-19, se han instalado como temas de creciente preocupación para la comunidad universitaria, que no está ajena a las tensiones observadas”.

Actualmente, añadió, “el clima de polarización social y su expresión institucional desafía y renueva nuestro compromiso con la formación integral, que incluye las competencias para una ciudadanía activa y socialmente responsable, que fortalezca la democracia y contribuya tanto al desarrollo como a la paz social”.

También hubo espacio para el devenir estudiantil. Aseguró que cultivan “una universidad con voz colectiva y con voz individual, sin silencios por temor a la crítica, sin temor a ser distintos, porque distintos les necesitamos, pero respetuosos y responsables”.

Por eso, dijo esperar “pronto” la Federación de Estudiantes (Fech), hoy sin representación, pueda elegir una directiva “y fortalecer la organización estudiantil para aportar al desarrollo de la educación nacional. La Federación es parte esencial de la identidad de la Universidad de Chile y debe continuar contribuyendo a la formación de liderazgos para el país”.

Además, tuvo palabras críticas para la norma que retira forzosamente de sus cargos a los mayores de 75 años que ejercen en el sector público, aprobada la Ley 21.724 de Reajuste del Sector Público y que se debería aplicar a partir de 2027.

“Es indispensable avanzar hacia un régimen especial para las universidades del Estado que respete su autonomía, y promueva su desarrollo. Un caso que ilustra la imposición de normas perjudiciales es la reciente modificación legal que, a partir de 2027, obligaría a toda persona mayor de 75 años a dejar su cargo en la administración pública y por extensión en las universidades del Estado. Esta medida, impulsada por el Ministerio de Hacienda y su Dirección de Presupuestos, representa una afectación directa a la autonomía universitaria al incidir en la definición de la composición de su cuerpo académico siendo este el cimiento sobre el que se sustenta su misión”, se extendió. Esas palabras, por ejemplo, luego fueron respondidas por el propio Presidente Boric, quien dijo que como Ejecutivo estaban trabajando para revertirlo de manera excepcional en las universidades estatales.