Jefa de abogados del Ministerio del Interior justifica uso de Ley de Seguridad del Estado contra Héctor Llaitul

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La abogada penalista Luppy Aguirre alegó ante la Corte Suprema, en audiencia por revisión de recurso de amparo que presentó la defensa del líder de la CAM.


El pasado 3 de septiembre, la Corte de Apelaciones de Temuco rechazó un recurso de amparo presentado a favor del histórico líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

Su defensa recurrió contra ese fallo ante la Corte Suprema y este miércoles la Segunda Sala del máximo tribunal revisó la presentación.

La jefa de la División Jurídica del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la abogada penalista Luppy Aguirre, alegó como querellante durante la audiencia, justificando el uso de la Ley de Seguridad del Estado (LSE) contra el líder del grupo radical mapuche.

Llaitul había sido detenido el 24 de agosto por personal de la Policía de Investigaciones en un restaurante de la comuna de Cañete, en la Región del Biobío. Al día siguiente fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Temuco por cinco delitos ocurridos entre 2020 y 2022: usurpación violenta, atentado contra la autoridad y llamamientos a la desestabilización del gobierno, conducta enmarcada en la LSE. Al conocerse declaraciones de Llaitul llamaba a “organizar la resistencia armada” el gobierno de Gabriel Boric amplió una querella presentada en la anterior administración invocando la normativa.

En la audiencia de esta jornada, Aguirre sostuvo que “no es indiferente para el legislador que un sujeto realice o dé un discurso en su vocería de carácter político, a que se incite a la comisión de ilícitos como es el caso”.

“Y lo que es más, que en esta investigación del Ministerio Público esa incitación a cometer delitos esté concretada a través de las acciones que le son imputadas a quien recurre de amparo”, señaló.

La penalista planteó que “hay aquí una situación en la cual el legislador ha tomado una decisión de perseguir determinadas expresiones que se dan en un contexto en el cual llaman a la comisión de ilícitos al nivel de la posible incitación y eso es justamente lo que el Ministerio Público ha acusado”.

“En esta etapa procesal nos parece que la Ley de Seguridad del Estado efectivamente abarca los llamamientos que él hace a utilizar métodos violentos para imponer sus pretensiones”, afirmó la jurista.

Tras la formalización de Llaitul, se decidió aplicar la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado y se ordenó su traslado a la cárcel El Manzano de Concepción.

Rodrigo Román, abogado del líder de la CAM, presentó el recurso de amparo argumentando que la privación de libertad de Llaitul constituiría un acto arbitrario e ilegal por lo que se solicitaba su inmediata excarcelación. Tras el rechazo en el tribunal de alzada, apeló a la Corte Suprema.

La decisión del máximo tribunal respecto a la causa quedó en acuerdo. “Eso significa que hay que redactar el fallo. Eso puede ser muy inmediato o no tan inmediato”, informó consultada al respecto la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

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