El exdiputado Joaquín Lavín León (exUDI) presentó su apelación ante la Corte Suprema ante la decisión de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó el recurso de amparo presentado por el exparlamentario, manteniéndolo en prisión preventiva.

Lavín León es imputado por la Fiscalía por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil. Tras su formalización, el pasado 8 de mayo ingresó al Anexo Penitenciario Capitán Yáber, luego que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretara la medida cautelar más gravosa.

En el recurso presentado ante la Corte Suprema, el abogado Cristóbal Bonacic comenzó explicando los delitos por los que el Ministerio Público desaforó al exdiputado y puntualizó que “resulta necesario tener presente los delitos objeto de la formalización para cada uno de los imputados, pues respecto del Sr. Lavín no se le comunicó que estuviera siendo investigado por el delito de cohecho”.

“En el plano fáctico, los hechos atribuidos al Sr. Lavín fueron modificados en comparación al contenido de la solicitud de desafuero, pues, por un lado, se incorporó nuevas facturas emitidas por la imprenta MMG y la empresa Modo74 SpA, respecto al delito de fraude al fisco”, argumentó la defensa en el escrito.

El abogado luego señaló que “el Ministerio Público agregó todo un capítulo vinculado al supuesto financiamiento fraudulento y uso personal de la aplicación SocialTazk, y que dan cuenta cómo el persecutor va ajustando su imputación con el devenir del procedimiento, buscando siempre ampliar artificialmente los delitos imputados, a fin de obtener la medida cautelar de prisión preventiva, con infracción al artículo 139 del Código Procesal Penal”.

La defensa de Lavín León sostiene que los antecedentes de la solicitud de desafuero no son los mismos que la formalización, ya que desde el Ministerio Público habría añadido más cargos como el de cohecho.

Asimismo, en la acción se apuntó al magistrado Daniel Urrutia, calificando su resolución como “arbitraria e ilegal”, y que eso se tradujo en “la imposición al Sr. Lavín de la medida cautelar de prisión preventiva”.

En esa línea, se sostuvo que además de considerar otros delitos en la formalización que no estaban en la solicitud de desafuero, existió “omisión de todo análisis sobre las alegaciones efectuadas por esta defensa”.