El 22 de septiembre de 2022, la funcionaria pública D.P.V., analista de cuentas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) en la Región de Coquimbo, presentó una licencia médica psiquiátrica de 15 días.

Su jefe de entonces, Wilson Rojas Gallardo (55), funcionario desde 1991, dice que el 13 de octubre de ese año le llegó una nueva licencia médica de la trabajadora, esta vez por 30 días más. Días después, relata Rojas, recibió un comentario de uno de los 25 integrantes del equipo que dirigía. “Me informaron que la señorita había salido de vacaciones a Brasil. Yo informo el hecho y creo que es necesario realizar una investigación”, agrega el profesional.

Lo que vino, según establecieron investigaciones internas, es que Rojas reunió a su equipo para comunicarles del caso y llamarlos a que “debían ser más probos”. Luego, el 17 de noviembre, con D.P.V. de regreso, Rojas hizo una nueva reunión. Allí la mujer habría sido “confrontada por sus compañeros” y habría llorado ante ellos. Días más tarde, el 22 de noviembre de 2022, se inició un sumario en contra de la trabajadora.

En el expediente quedó consignado un oficio de la directora regional (S) de Junji, Marta Barraza, a la Policía de Investigaciones (PDI), donde solicitó un informe de viajes. ¿Su resultado? D.P.V. efectivamente había salido de Chile con destino a Brasil el 6 de octubre de 2022, regresando el 13 de octubre del mismo año. Todo en su periodo de licencia médica.

Wilson Rojas también denunció el incumplimiento a la isapre de la funcionaria, lo que derivó en un rechazo de su permiso de reposo, y que fue confirmado por la Superintendencia de Seguridad Social (Suceso). En el sumario en su contra, la trabajadora dijo que se trataba de un viaje programado con tiempo y que no quería tomar licencia, pero que pese a ello “el psiquiatra dijo que no tendría problema, que me haría bien viajar, que me iba a servir para desconectarme”.

En un cariz muy diferente a lo planteado esta semana por la Contraloría, y a la dureza con la que ha reaccionado el Ejecutivo por los más de 25 mil casos de “funcionarios públicos o trabajadores de entidades privadas financiadas con fondos públicos” que viajaron al extranjero estando con licencia médica entre 2023 y 2024, en el caso de D.P.V. la vista fiscal del sumario concluyó que la mujer no incumplió ningún deber funcionario.

“Fue atendida por un médico psiquiatra y el tipo de reposo correspondía a aquel en el que deben realizarse actividades recreacionales, razón por la cual no es posible sostener y menos imputar dicha conducta a la inculpada”, quedó por escrito.

Por ello, el 10 de mayo de 2023 la mujer fue sobreseída. La suerte de su jefe, Wilson Rojas, sería muy diferente.

La esposa del diputado

La situación de Coquimbo no se trata de un caso aislado. Según los antecedentes presentados por Contraloría en el noveno Informe Consolidado de Información Circularizada, la Junji, con 2.280 casos, ocupa el primer lugar entre las instituciones con mayor cantidad de licencias médicas eventualmente irregulares, “debido a que sus titulares habrían salido del país durante el respectivo reposo” los años 2023 y 2024.

Junji cuenta con cerca de 23 mil funcionarios que se desempeñan en parte de los 3.100 jardines infantiles que son operados directamente y también por terceros mediante la modalidad de “transferencia de fondos”. En total, la institución alcanza una cobertura de 167 mil niños y niñas en 334 comunas del país.

En segundo lugar a nivel nacional, con 1.934 casos de viajeros con licencia médica, se ubica otra institución encargada de la educación preescolar: Fundación Integra, entidad de derecho privado con financiamiento público con más de 27 mil trabajadores que se desempeñan en 1.500 salas cunas y jardines infantiles, y que atienden a más de 81 mil niñas y niños en el 92% del territorio nacional.

Al igual que en todas las reparticiones públicas, esta semana se abrieron masivamente sumarios al interior de la Junji. Así, en la institución señalan que pese a que el reporte de Contraloría habla de 2.280 casos, al depurar el listado -que registraría más de una vez a la misma persona- finalmente serían 1.384 los funcionarios involucrados en el eventual fraude, cerca de un 5% de la dotación.

De todos ellos, sostienen, 132 ya no estaban en el organismo al momento de conocerse la información. Por ello, fueron 1.254 los sumarios que se iniciaron en todo el país a cargo de fiscales con dedicación exclusiva. De ese total, un 13% correspondería a personas que entraron a Junji en esta administración, mientras que el 87% restante ingresó en gobiernos anteriores.

Fuentes al interior del organismo revelan que entre los involucrados estarían nueve personas que trabajan en la dirección nacional y también algunos subdirectores regionales. Uno de los casos corresponde a la abogada Valeria Paredes Recabarren, quien hasta esta semana se desempeñaba en la subdirección de asesoría jurídica de la Región de Los Lagos. Paredes es esposa del diputado por la zona Mauro González Villarroel (RN).

“En 2023 Valeria enfrentó una compleja situación personal que motivó la emisión de una licencia por salud mental después de que nació nuestra hija. Durante su proceso de recuperación viajó a Bariloche. Ahora, al verse involucrada en esta situación, decidió renunciar voluntariamente a su trabajo en la Junji”, contestó el diputado González en nombre de su esposa, al ser consultado para este reportaje. “Sin perjuicio de lo anterior, el proceso administrativo debe seguir su curso con total objetividad, sin distinciones ni tratos diferenciados”, agregó.

Otro de los casos de Junji fue uno que la misma contralora Dorothy Pérez comentó -sin dar el nombre- en la Comisión de Salud del Senado el pasado lunes. “Funcionario candidato a consejero regional hizo uso de licencia médica por 140 días durante 2024. De forma paralela se encontraba realizando actividades políticas de campaña por su candidatura”, dijo Pérez.

La Tercera Domingo pudo confirmar que se trata de José Luis Matamala Vargas, exdirector regional de Atacama de la Junji y hoy funcionario de la dirección nacional, quien compitió -sin éxito- en 2024 como independiente en un cupo de Renovación Nacional en la Región Metropolitana. “Está todo en proceso sumarial. Lo único que puedo informar es que la denuncia es infundada”, respondió escuetamente Matamala, quien está suspendido de funciones desde noviembre pasado.

34 días por licencia

Sobre el caso de la funcionaria D.P.V. y su jefe Wilson Rojas, el hombre afirma que “ella comenzó con una actitud revanchista y en ese contexto me amenaza diciendo que no va a descansar hasta que pague todo el daño que le hice”. Así, la mujer acusó a su jefatura por maltrato y acoso laboral, lo que inició una nueva investigación, esta vez en contra del denunciante.

Tras un año y cuatro meses, en agosto de 2024, Rojas fue acusado de cuatro cargos: entre ellos, “exponer al escrutinio público situaciones y conflictos relacionados con la funcionaria D.P.V. (...), provocando un juicio de parte de sus compañeros de trabajo” antes de que se iniciara cualquier investigación.

La indagatoria calificó que con sus decisiones la jefatura buscó “propiciar hiperacciones investigativas sobre uso de licencias médicas”, por ejemplo, “solicitar iniciar una investigación sumaria”, denunciar a la isapre y ser el “autor intelectual” de la solicitud de información de viajes a la PDI que confirmó la salida al extranjero.

Además, también se apuntó a Rojas por “presentar un comportamiento inconsistente y tendencioso”, porque no habría denunciado oportunamente que, meses atrás, la misma funcionaria D.P.V. le habría comentado que años antes, cuando era parte de otro equipo y no estaba bajo su tutela, un colega habría mantenido fotografías de ella en su computador.

El resultado final fue que el 10 de enero de este año Wilson Rojas Gallardo fue expulsado de su cargo. “Siento que hubo ignorancia, sesgo de género absoluto. A priori el varón es el culpable”, reclama el profesional, cuyo caso está hoy en manos de la Contraloría ante un reclamo por eventuales vicios de legalidad en el proceso. Mientras que el viaje al extranjero de la funcionaria nunca fue sancionado.

Trabajadores y dirigentes gremiales, tanto de Junji como de Integra, aseguran que el mal uso de licencias médicas y los altos niveles de ausentismo al interior de ambas instituciones son un problema que por años ha sido conocido por las autoridades. “Cuando uno observa los días de ausentismo en el sector público, también Junji lidera la lista”, dijo esta semana a ADN la directora de Presupuesto, Javiera Martínez.

Desde la Junji, revelaron que en los últimos dos años la tasa de ausentismo llegó al 17%. Es decir, 17% de las horas laborales disponibles se perdieron. Mientras que en Integra, la estadística llegó a un 14,9% para 2024. El promedio para el sector público durante 2023 fue de 9,2%.

Análisis realizados por la misma Dipres dan cuenta también de este fenómeno. Así, en 2023 el organismo concluyó que el Ministerio de Educación, donde se incluyen los funcionarios de Junji e Integra, pero también de los Servicios Locales de Educación, pasaron de un promedio anual de días hábiles no trabajados por licencia médica de 23,73 días en 2014 a 12,52 días en 2021.

Promedio anual de días hábiles no trabajados por licencias médicas

Tras la pandemia, en 2022, Educación llegó a un récord de 34,65 días, bajando a 31,28 días en 2023, siendo el más alto de toda la repartición pública. A modo de ejemplo, también en 2023, en Presidencia de la República la cifra llegó a 16,43 días, en el Poder Judicial a 14,51 días, en el Congreso a 8,21 días y en el Ministerio Público a sólo 3,98 días por licencia.

¿Por qué tantas licencias?

“Esto tiene un contexto y es que luego de la pandemia nos dimos cuenta de que así como ocurría en otros sectores, la Junji ya no era la misma, porque había un alto nivel de problemas de salud mental y temor por reincorporarse”, asegura Silvia Silva, presidenta nacional de Ajunji, gremio que reúne a cerca de 12 mil funcionarios de todos los estamentos.

“En nuestra institución cerca del 98% de las trabajadoras son mujeres, muchas de ellas jefas de hogar que tienen que ejercer cuidados. Pero también era de conocimiento público que había otros que mientras estaban con licencia tenían pymes, eran conductores de Uber, vendían en la feria o hacían clases. Y también los que iban al extranjero y se sacaban fotos que subían a redes sociales”, complementa la dirigenta.

Por ello, en 2024, previo al informe de Contraloría, Junji firmó un convenio de colaboración con la Compin y establecieron mesas de trabajo. “Ellas nos han permitido identificar 221 casos de licencias irregulares, ya sea por salida del país durante reposo médico o licencias fraudulentas, situaciones que fueron denunciadas al Ministerio Público”, detallaron desde el organismo.

Extraoficialmente, los gremios de trabajadores tomaron conocimiento de que de todos esos casos, sólo 17 correspondieron a salidas del país. “Los casos referidos han sido objeto de sumarios administrativos, que se encuentran en etapa final, en preparación de los informes finales por parte de los fiscales instructores nombrados, y que se espera estén listos a fines de este semestre”, agregaron desde la Junji.

Sobre las razones de por qué tantas licencias, en la Junji explican que se trata en su mayoría de ausentismo por “enfermedad común”, las que “están principalmente relacionadas al contagio de enfermedades propias de jardines infantiles y salas cuna, al encontrarse nuestro funcionariado en constante exposición a virus respiratorios, enfermedades de mano, pies y boca o enfermedades gastrointestinales”.

Los gremios también plantean que los problemas de clima laboral que ha vivido la institución en los últimos años son parte del tema. “Existe falta de personal y eso se agrava con las licencias, porque algunos jardines no operan con la dotación completa exigida o incluso deben cerrar algunos días. Las funcionarias van quedando solas o deben cumplir dobles funciones, y eso también genera un agobio”, asegura Katherine Valle, presidenta nacional de Projunji, otro de los gremios, con 8.700 afiliados.

El caso más grave sobre esta problemática, comentan los gremios, es el suicidio en octubre pasado de la técnico parvularia Constanza Villalobos en Osorno, lo que habría ocurrido luego de que denunciara acoso laboral en el jardín en que se desempeñaba. Los hechos, que están siendo investigados, provocaron también la salida de la directora de Gestión y Desarrollo de Personas y de los encargados de calidad de vida y clima laboral de la institución.

Finalmente, Carlos González, director ejecutivo de Integra, donde se abrieron 1.181 sumarios por el reporte de Contraloría, afirmó que “avanzaremos en investigar y determinar responsabilidades, al mismo tiempo que seguimos trabajando para robustecer los procedimientos relativos a la detección, control y seguimiento de casos por presunto mal uso de licencias médica”.