Justicia revisa aplicación de prisiones preventivas y evalúa uso de tobilleras electrónicas para cautelares en delitos comunes

“Entregar una aproximación respecto de cuáles debieran ser los caminos para evaluar el funcionamiento de la Prisión Preventiva e Internación Provisoria; entregar propuesta mecanismos informativos que permitan precisar las prisiones preventivas, con algún desglose (ejemplo: estallido social, aplicación del artículo N° 318 del Código Penal, entre otros)”.

De esta manera, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, solicitó a la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal -instancia integrada por representantes de la Corte Suprema, el Ministerio Público, la Defensoría Nacional, Carabineros, la PDI y el Colegio de Abogados- analizar la aplicación de las prisiones preventivas en el país, con especial énfasis en los casos derivados del estallido social.

El plazo entregado por el gobierno a una mesa de trabajo -dirigida por el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela- vence el 24 de julio, y tiene como objetivo analizar los mecanismos con los que los actores del sistema penal determinan la aplicación de la medida cautelar más gravosa, la prisión preventiva.

Si bien esta idea se había acordado antes del estallido social, en julio de 2019, este hecho cambió los caminos de la contingencia. El plan quedó postergado para junio de 2020, pero otra piedra en el camino -el coronavirus- modificó las prioridades. Finalmente el 24 de mayo se reactivó esta “subcomisión” de la instancia que agrupa a los actores del sistema penal.

El plan toma al gobierno en medio de la discusión en el Senado sobre la aplicación de un eventual indulto a los denominados “presos de la revuelta”, es decir, a todos quienes están actualmente en prisión preventiva o cumpliendo una condena por algún delito cometido en medio de las manifestaciones del estallido social. El Ejecutivo ya ha rechazado públicamente esta idea y lo propio hizo la Corte Suprema.

Desde la Agrupación de Familiares de Presos Políticos Santiago 1 señalaron que cuentan con un registro de 800 personas, sin embargo, La Tercera revisó los casos ingresados en el Poder Judicial, los que dan cuenta que son cinco las personas que están en prisión preventiva.

Aunque en el gobierno han descartado la presencia de “presos políticos” y aprobar una eventual ley de indultos en estos casos, sí reconocen que el uso de las prisiones preventivas debe revisarse como un problema global y no puntual del estallido social.

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, indicó a La Tercera que “en forma muy especial hemos tenido una preocupación por la prisión preventiva, respecto de la forma en cómo funciona. Lamentablemente, a raíz del estallido social y de la pandemia se vio suspendida en su funcionamiento, pero la hemos reactivado el 24 de mayo, porque necesitamos evaluar cómo está funcionando”.

En ese sentido, Larraín advirtió que “de acuerdo a algunos antecedentes que nos proporcionó en su momento la Defensoría Penal Pública, un porcentaje muy alto -que sería cercano al 40% de las personas-, cuando concluyen sus procesos; o es declarado inocente o es condenado a penas que no merecen a penas privativas de libertad y, por lo tanto, no debieran haber estado nunca en prisión preventiva”.

Actualmente, la ley solo permite el uso de un sistema de monitoreo telemático a través de un brazalete o una tobillera, en personas condenadas. Sin embargo, en el Senado se discute un proyecto para ampliar esta medida a casos que se encuentran en investigación y utilizarla como una medida cautelar.

Hasta ahora, la aplicación de esta medida solo se ha discutido para ser utilizada en casos de violencia intrafamiliar. Pero en Justicia piensan en ampliar el rango de acción de las tobilleras: no lo ven como una mala idea utilizarlas para bajar las tasas de prisiones preventivas en delitos comunes.

El ministro Larraín explicó que “la cifra (de personas que cumple prisiones preventivas y luego no son condenadas a penas de cárcel) pareciera muy elevada y eso obliga a buscar fórmulas alternativas de medidas cautelares, como el control telemático para esos fines”.