Cuando en medio del debate presidencial organizado por Chilevisión se consultó a los candidatos si apoyaban el uso de las fuerzas para sacar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela, el primero en levantar su mano para pedir la palabra fue el abanderado del Partido Nacional Libertario: Johannes Kaiser.

El diputado aseguró con firmeza que él era de la idea de que ese camino era el único, dada la forma en que Maduro ha obrado en Venezuela: “Persigue a sus opositores, los tortura y hay ejecuciones extrajudiciales”.

Al revisar antecedentes reportados por organismos de derechos humanos, se puede concluir que dicha afirmación es verdadera.

De acuerdo con un reporte publicado en 2022 por el Observatorio Venezolano de Violencia en Bolívar, a marzo de ese año se reportaban 17 víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

“Los victimarios mayoritarios son funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). En cuanto a las víctimas, cuyas muertes están en averiguación, forman parte de un patrón que no se le puede descartar ni separar de las ejecuciones, por presunta resistencia a la autoridad”, se indicó en ese momento.

Asimismo, Amnistía Internacional ha hecho presente que en Venezuela se vive una verdadera crisis de derechos humanos. “Venezuela sufre una crisis de derechos humanos profunda y multidimensional desde hace al menos diez años. Durante este tiempo, Amnistía Internacional ha denunciado graves violaciones de derechos humanos, así como crímenes de derecho internacional, incluidos crímenes de lesa humanidad, y una emergencia humanitaria compleja en curso, que han obligado a más del 25% de la población del país a huir al extranjero”, informaron en noviembre de 2024.

Hay que tener en cuenta, además, que desde noviembre de 2021 la Fiscalía de la Corte Penal Internacional está llevando adelante una investigación penal sobre la situación en Venezuela, centrada en los “delitos de lesa humanidad de la privación de libertad u otra privación grave de la libertad física (…); tortura (…); violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable (…); y la persecución por motivos políticos contra personas detenidas (…), cometidas al menos desde abril de 2017 por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, autoridades civiles y personas progubernamentales”.