La primera vez que el Presidente Gabriel Boric habló de terrorismo respecto a hechos ocurridos en la Macrozona Sur fue en noviembre de 2022.

Lo hizo en su primera gira a La Araucanía para referirse a uno de los primeros ataques que se registraron en el sur durante su administración: se trató de la quema al histórico Molino Grollmus, en Contulmo. Respecto de este ataque, ya hay 21 imputados y el último cayó el viernes de la semana pasada luego de un operativo de la PDI.

“Yo creo que en la región ha habido actos de carácter terrorista”, dijo Boric esa vez, marcando un cambio de postura del Ejecutivo respecto a lo que fue su campaña y el debut de su gobierno.

Los primeros meses de Boric no fueron fáciles en este ámbito. El 15 de marzo, Izkia Siches, quien por ese entonces ejercía como ministra del Interior, realizó un frustrado viaje a Temucuicui en La Araucanía, que terminó con disparos a la comitiva de vehículos del gobierno y cortes en las rutas.

La idea era mostrar que para este gobierno mantener diálogo con las comunidades mapuche era una prioridad. La caótica visita, que obligó a renuncias de parte del equipo asesor de Siches en Asuntos Indígenas, fue criticada transversalmente en el mundo político.

Dos meses después, el gobierno vivió otro impasse. Luego de que se publicara una entrevista del líder de la CAM, Héctor Llaitul, donde hacía un llamado a “organizar la resistencia armada”, una funcionaria del equipo de la exministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, se comunicó con el vocero mapuche.

En ese llamado telefónico la exasesora pidió sostener un diálogo entre Llaitul y Vega. Por esos días, Vega, quien al igual que varios funcionarios de gobierno decía “sentirse cómoda con la expresión Wallmapu”, dijo que en Chile existían “presos políticos mapuche”.

Actualmente Llaitul está en la cárcel cumpliendo una pena de 23 años como autor de delitos de la Ley de Seguridad del Estado, robo de madera y atentado contra la autoridad.

Fue también por esos días, el 16 de mayo de 2022, cuando volvió a ser declarado el estado de excepción en la Macrozona Sur luego de un intervalo de casi dos meses sin la medida, que tuvo varias prolongaciones en el gobierno de Sebastián Piñera.

Que el Presidente Boric echara mano a esta misma medida constitucional -a la que se opuso siendo diputado-, fue la sentencia de que el discurso del Ejecutivo había cambiado.

Querellas del gobierno

Según cifras del Ministerio de Seguridad Pública que dirige el ministro Luis Cordero, durante la actual administración se han presentado 514 querellas por hechos de violencia que han afectado la Macrozona Sur.

En el primer año de Boric se presentaron 39 querellas en Biobío, 66 en La Araucanía y 20 en Los Ríos. En todas las regiones la cifra creció para 2023: 78 en Biobío, 112 en La Araucanía y 24 en Los Ríos. Ese fue el año en que el Ejecutivo presentó más acciones penales por hechos en la Macrozona Sur. En 2024, la cifra bajó: 37 en Biobío, 65 en La Araucanía, 19 en Los Ríos. En lo que va de año la cifra se mantiene más baja que el año pasado: 21 en Biobío, 32 en La Araucanía y 1 en Los Ríos.

Eso sí, durante los últimos cinco años, fue en 2020 cuando se presentaron la mayor cantidad de estas acciones judiciales, alcanzando las 506.

Durante este periodo, independiente de la fecha en que se inició la causa, desde el gobierno destacan que los tribunales han entregado 614 sentencias condenatorias por hechos de este tipo, lo que “representa un considerable incremento de condenas en relación con años anteriores”.

En el desglose, a la fecha se han presentado seis querellas por Ley Antiterrorista, cuatro de ellas por hechos en la Macrozona Sur. La última en ingresar fue por los últimos hechos ocurridos en Ercilla.

El año 2022 fue el que tuvo el mayor número de condenas: 51 por hechos en Biobío, 129 de La Araucanía y 25 de Los Ríos. En lo que va de año, los tribunales han entregado 43 condenas en Biobío, 53 en La Araucanía y dos en Los Ríos.

Dentro de las últimas querellas que ha presentado el Ejecutivo por delitos en esa zona, están el ataque en la Central hidroeléctrica Rucalhue ocurrido en abril, donde un grupo de al menos doce encapuchados quemó más de 50 máquinas; un ataque incendiario originado el mismo mes en cabañas de Contulmo; la quema de camiones en Collipulli y otro ataque incendiario en una faena forestal de Carahue. Todos estos hechos fueron atribuidos por grupos extremistas de la zona, como son la WAM, Resistencia Mapuche Lavkenche y la Resistencia Mapuche Malleco.

La diputada Ericka Ñanco (FA) es una de las parlamentarias que destaca los resultados obtenidos en el sur durante la administración de Boric. “Según los últimos datos del Ministerio de Seguridad, desde el 2021 a la fecha, los hechos de violencia en la Macrozona Sur han disminuido casi un 80%”, dice Ñanco.

“Esto no es casualidad: es fruto de un trabajo coordinado, con mano dura, pero también con una mano inteligente, que escucha a las comunidades, a las autoridades locales y que busca acuerdos reales”, agrega pese a que los logros de su administración se consiguieron con las herramientas que el mismo Boric prometió no usar.

El actual gobierno ha sido el que más ha usado el estado de excepción, transformándolo casi en un estado permanente. Una medida que el Ejecutivo intentó amortiguar con el Plan Buen Vivir.

En paralelo a esto, impulsó la Comisión por la Paz y el Entendimiento. Luego de un largo proceso, se elaboró un informe con más de 20 recomendaciones para, entre otras cosas, buscar la restitución de tierras al pueblo mapuche y la reparación a las víctimas de violencia.

Sin embargo, esta iniciativa, que se transformó en la más relevante de Boric, quedó frustrada debido a que las recomendaciones requerían de proyectos de ley, los cuales previamente necesitaban de la realización de un consulta indígena. Dicha consulta, pese a la resistencia del gobierno, quedó suspendida a fines de septiembre debido a las críticas levantadas por las mismas comunidades indígenas.