Más de 1.700 funcionarios son lo que desplegó Carabineros la noche del martes. A diferencia de otros operativos masivos, en esta ocasión la policía uniformada recurrió a helicópteros, controles en autopistas y hasta al despliegue de unidades como el Grupo de Operaciones Especiales (GOPE), Control de Orden Público (COP), OS-7 y el OS-9.

Esa misma jornada estuvo marcada por el homicidio de un niño de 12 años en San Bernardo, quien falleció en medio de una encerrona del que fue víctima junto a su familia.

El lanzamiento de ese operativo, denominado “Ronda Impacto”, fue encabezado por el general director, Marcelo Araya, y anunciado por la subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini.

El procedimiento de aquel martes, y que se repitió dos días después, forma parte de la nueva estrategia que impulsa el gobierno a través del Ministerio de Seguridad, encabezado por el ministro Martín Arrau (Republicano).

Desde el desembarco de Arrau en Seguridad, el ingeniero ha tenido como uno de sus lineamientos reducir los índices de percepción de inseguridad, uno de los más altos del mundo. Para lograr ese objetivo, el Ejecutivo apuntó a aumentar la presencia policial, lo que se ha graficado en los despliegues que ha encabezado el ministro. Hasta ahora, la autoridad de gobierno ha liderado una decena de operativos, los que incluyen visitas a cárceles, copamientos en el Metro, fiscalizaciones masivas, controles policiales focalizados, entre otros.

Pero desde la semana pasada, el gobierno activó una nueva fórmula que apunta a profundizar los despliegues policiales, lo que va en la línea con lo ocurrido en los operativos de Carabineros que, incluso, llevaron a desplegar unidades especializadas de la policía uniformada.

La nueva estrategia

Durante las últimas semanas, incluso antes del caso de San Bernardo, el gobierno estaba delineando el plan que encabeza Seguridad. La iniciativa, en general, plantea cuatro medidas con lo que se busca aumentar el número de Carabineros en las calles: reforzar la presencia policial en terreno, desplegar focalizadamente capacidades especializadas, controles vehiculares en puntos estratégicos y vigilancia aérea y apoyo tecnológico.

La estrategia, según explica la subsecretaria Giannini, “tiene como objetivo aumentar la musculatura policial para atacar al crimen organizado y a los delincuentes que hoy vulneran la tranquilidad de los vecinos en las calles y el transporte público. Nuestra prioridad es pasar de una presencia pasiva a una intervención proactiva, técnica y oportuna”.

Uno de los puntos principales de este enfoque, contempla la reasignación de funcionarios de Carabineros que realizan labores administrativas a trabajo operativo, priorizando el aumento de patrullajes en zonas y horarios específicos. “Con esfuerzo, se están redestinando funcionarios policiales a estar más en las calles. Eso ha ido pasando y va a seguir pasando”, aseguró el ministro Arrau.

Esta medida ya se había aplicado durante la administración del expresidente Gabriel Boric, e implicó la contratación de civiles para reemplazar a 1.000 funcionarios que pasaron al servicio operativo. Además, también se impulsó el “llamado al servicio”, para la reintegración de funcionarios en retiro. Ambas medidas, según dio a conocer La Tercera en abril, lograron sumar a las filas de la policía uniformada a 1.100 funcionarios que estaban retirados y 442 civiles en reemplazo de carabineros que salieron a la calle.

Si bien la subsecretaria Giannini descartó referirse al número y detalles respecto a los funcionarios que esperan reasignar a la calle, sí confirmó que “ya hemos iniciado una coordinación formal con Carabineros para ejecutar una reasignación gradual de recursos, con el objetivo primordial de aumentar la presencia policial efectiva en los sectores que más lo requieren”.

Además de esta medida, según aseguró el ministro Arrau el martes, “también habrá que hacer reformas profundas que la estamos haciendo que son de mediano y largo plazo, tenemos que dar señales y tener avances ahora y lo estamos haciendo”.

Aquello contemplaría las medidas anunciadas durante la Cuenta Pública y que busca crear incentivos para aumentar el número de ingresos de aspirantes de Carabineros, así como también retener a quienes actualmente cumplen funciones.

Fuentes de gobierno sostienen que parte de las gratificaciones que analiza el Ejecutivo son establecer nuevas asignaciones, lo que aumentaría las remuneraciones de los funcionarios que sean designados a zonas más peligrosas.

“Restituyendo la sensación de seguridad”

Tal y como se vio durante el operativo del martes en la noche, uno de los ejes de la nueva estrategia contempla la destinación de unidades especializadas de Carabineros como apoyo de procedimientos en puntos críticos.

Según explica Giannini, con esta medida “no solo estamos reforzando la capacidad operativa, sino también restituyendo la sensación de seguridad que las personas demandan. Estamos convencidos de que una presencia policial constante, estratégica y cercana es el elemento disuasivo más potente para devolverle a los vecinos la libertad de transitar sin temor por sus barrios y recuperar así el control de nuestros espacios públicos”.

Los otros ejes, como el de instaurar controles vehiculares en puntos estratégicos, también buscan aumentar la presencia policial, contemplando implementar fiscalizaciones en sectores que ya fueron georreferenciados según la priorización de concentración de delitos.

“No se trata de controles aleatorios, sino de una labor especializada en la cual buscamos aumentar nuestra capacidad de detección temprana y frenar los desplazamientos asociados a actividades delictivas antes de que ocurran”, asegura la subsecretaria de Seguridad Pública.