Fue el 19 de junio cuando en el Juzgado de Garantía de Linares se ventiló una pugna juidicial que expuso una posible estafa entre empresas que comercializan drones agrícolas en la región del Maule.

Ese día los abogados Gianfranco Lotito, Eugenio Merino, Agustín Walker y Javiera Ramírez -en representación de la empresa Summit Agro Chile SpA- ingresaron una querella en contra de la empresa Dronespray SpA por el presunto delito de estafa.

La acción penal, que fue declarada admisible por la jueza María Jesús Reyes el 22 de junio, expone que en 2021 la empresa querellante suscribió un contrato con Dronespray SpA y se comprometió a importar drones de uso agrícola de origen chino -llamados DJI- y Dronespray, por su parte, tenía la función de distribuirlos y comercializarlos.

El negocio anduvo bien, pero los problemas aparecieron al inicio de 2023 cuando la empresa querellante notó, según se lee en la querella, “graves incumplimientos contractuales”.

Como las cosas no mejoraron, Summit Agre Chile ApA interpuso ante el Tribunal Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM) una demanda arbitral de cumplimiento forzado del contrato con indemnización de perjuicios.

La demanda ante el CAM terminó bien y se “resolvió condenar a Dronespray al pago del saldo del precio de la compraventa de drones, y una indemnización por lucro cesante por la suma de US$766.898 más intereses, correspondiente a la utilidad dejada de percibir por incumplimiento de las obligaciones de exclusividad”.

Luego de la sentencia del CAM, la empresa querellante “solicitó el cumplimiento incidental de lo resuelto”. Eso se acogió y “en el marco del proceso de cumplimiento incidental, Summit Agro solicitó y obtuvo del tribunal el embargo de diversos bienes de propiedad de Dronespray”.

Luego de un tira y afloja judicial por esos bienes, la acción penal expone que “la querellada Dronespray fue designada en sede arbitral como depositario provisional de todos los bienes embargados. Gran parte de estos bienes correspondían a drones”.

Los problemas ocurrieron en mayo de este año: “Sin embargo, con fecha 19 de mayo de 2026, al realizarse la diligencia de retiro de bienes embargados por parte de la receptora judicial, con auxilio de la fuerza pública, se pudo constatar que un conjunto de bienes embargados a la empresa, no pudieron ser retirados pues no se encontraban en dicho lugar, a pesar de haberse trabado oportunamente embargo”.

En tanto, otro bienes que sí pudieron ser embargados, “se encontraban incompletos, no aptos para su uso y comercialización”.

Según expone la querella “los bienes que fueron objeto de distracción y destrucción constituían los únicos activos tangibles en poder de la empresa querellada. La empresa querellada efectuó un verdadero vaciamiento de los bienes almacenados que habían sido previamente embargados, dejando en su lugar bienes de escaso valor, que fueron luego rematados por una suma total inferior a los $600.000 (seiscientos mil pesos). Esto da cuenta de un actuar planificado y doloso”.

Por eso es que la parte querellante pide que la Fiscalía inicie una investigación para “establecer el destino de los bienes incompletos y distraídos, y asimismo, si estos fueron fraudulentamente transferidos a terceros relacionados con la empresa querellada y/o sus accionistas”.