Hace algunos días la ministra de Educación, María Paz Arzola, estableció su punto de partida a cargo del Mineduc luego de querer evidenciar públicamente la situación financiera con la que dijo haber recibido la cartera. Eso derivó en su primer desencuentro con su antecesor Nicolás Cataldo, en cuyo entorno descartan que la situación sea “tan catastrófica” como lo ha planteado la ingeniera comercial.

“Tenía muy claro que cuando asumiéramos no íbamos a tener holguras, recursos adicionales para poder implementar nuestro plan (...) La situación con la que nos encontramos es peor que eso.Hoy día hay compromisos de leyes permanentes del Ministerio de Educación que no han estado financiados”, dijo en conversación con Tele13Radio.

Pero la situación de la cartera, según ha comenzado a advertir la actual administración educativa en diversas instancias, se está replicando en la Dirección de Educación Pública (DEP), servicio centralizado que depende directamente del Mineduc y que a su vez tiene a su cargo todos los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), los que están pasando a administrar los colegios que hasta hace poco eran municipales.

Ese contexto de fragilidad financiera cobra especial relevancia si se considera que la administración Kast ha anunciado que pretende revisar la desmunicipalización escolar.

En tal sentido, según cuentan en el entorno del actual Mineduc, en el marco de las reuniones de traspaso las autoridades de la DEP, hasta hace poco liderada por Rodrigo Egaña (hoy está haciendo uso de feriados legales antes de formalizar su salida) y cuyo sucesor es Pedro Larraín, realizaron una presentación en la que dieron cuenta de un déficit estimado de $173.579.600.000 para ciertos subtítulos de los 36 programas presupuestarios de los SLEP.

Según la presentación, el 87% del gasto de los programas en cuestión es para remuneraciones de docentes y asistentes de la educación, pero el dinero disponible no sería suficiente para pagar, a pesar de que en el ejercicio anterior ya se logró reducir en casi 6 mil las personas. Esta falta de recursos podría comenzar a afectar a partir de agosto.

La administración saliente, en todo caso, asevera que esta no es una situación novedosa y que nace por cómo está estructurado el financiamiento de los SLEP: subvenciones variables, pero con gastos fijos, lo que ha sido históricamente así, por lo que la necesidad es un sistema de financiamiento distinto al presentar los mismos problemas del mundo municipal. Y que esa es una de las cosas que se ha intentado arreglar en las últimas correcciones a la ley efectuadas en el Congreso, además de haberla advertido al anterior Ministerio de Hacienda.

De hecho, el propio Egaña expuso en medio de la discusión por el erario que si bien el Presupuesto 2026 tenía mejor estructura que el de 2025, también señaló que posiblemente se iba a enfrentar este déficit durante el presente año.

Sus excolaboradores argullen en privado, entre otras cosas, que con el sistema antiguo eran, justamente, las municipalidades las que financiaban esta merma con aportes propios, lo que terminó asfixiando a muchos municipios, y, por otro lado, con la retribución de las licencias médicas Fonasa. Y que casi en paralelo a cuando la educación pasó a los SLEP estos últimos dejaron de recibir el reintegro de las licencias de Fonasa, medida que se fijó en la pandemia y, además, los SLEP no pueden emitir deuda.

Los cálculos de esos antiguos colaboradores señalan que si les reintegraran las licencias Fonasa se cubrirían alrededor de 120 mil millones de pesos de los 173 mil millones de déficit, además de evitar el daño patrimonial y sanear los gastos contables de los SLEP, considerando que, por ejemplo en 2025, hubo que redistribuir recursos de infraestructura en la DEP por casi 40 mil millones de pesos, y otros del Mineduc para cubrir esta operación, principalmente de programas que no ejecutaron todos sus presupuestos.

Por el contrario, en el Mineduc de Arzola analizan que según la normativa vigente, solo se pueden reasignar recursos para pagos de salarios recursos del “gasto corriente”, que en este caso es el subtítulo 22 que cuenta con $244.775.366.000 lo que, al disminuirlos, internamente aseveran afectaría la operación de los establecimientos educacionales, por ende, la resolución del déficit implicaría necesariamente la inyección de aporte fiscal adicional.

La mirada tanto de autoridades entrantes y salientes es que la ley de presupuestos, derechamente, no cubre los gastos permanentes de remuneraciones, faltando $149.940.429.000, los que se obtienen al restar los gastos permanentes declarados $2.268.732.266.000 menos el presupuesto vigente $2.118.791.837.000. Por otro lado y dada la lógica de subvenciones con que se financian en buena parte los SLEP, la conclusión de los equipos de Arzola es que se requiere una cifra superior de caja, con un faltante estimado de $173.579.600.000.

Lo anterior, creen en ese mismo entorno, resulta “de extrema gravedad”, ya que se presentó y aprobó en el Congreso programas presupuestarios desfinanciados, que pueden poner en riesgo la continuidad del servicio educativo durante 2026 de los 36 SLEP que ya tienen a su cargo los colegios.

Y aunque fue aprobado en el Parlamento, la administración actual no los culpa directamente, sino a la formulación original del presupuesto hecho por el gobierno de Gabriel Boric y, en específico, por el del Mineduc de Nicolás Cataldo. Por el contrario, en la administración saliente dicen puertas adentro que el actual oficialismo los forzó a aprobar un presupuesto reducido en todas las carteras. Pero además ponen sobre la mesa el dato de que el año pasado la DEP tuvo $250 mil millones de déficit con 26 SLEP en funcionamiento y este año se proyectan los ya mencionados $173 mil millones con 36 SLEP. “Uno diría que, proporcionalmente por alumno incorproado, el déficit es muchésimo menos”, resume un entendido en la materia.

La comparativa que hacen actualmente es que en formulaciones presupuestarias anteriores, como las de Sebastián Piñera entre 2018 y 2022, la base de partida fue garantizar los recursos para la cobertura de los SLEP, cubriendo con fondos adicionales diferentes iniciativas dispuestas para gastos operativos e infraestructura.