El caso sobre el eventual tráfico de menores de origen haitiano no ha dejado indiferente a nadie. Conocido el preinforme de Contraloría respecto de irregularidades en el ingreso al país de decenas de menores de edad que supuestamente habían viajado al país para reunirse con sus respectivas familias, diferentes instituciones encendieron sus alarmas.

Según detectó el organismo encabezado por Dorothy Pérez -de acuerdo con el preinforme sobre la materia que publicaron Radio BioBio y T13-, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2025, ingresaron a Chile 3.235 personas de nacionalidad haitiana, con permiso de residencia temporal. De ellas, 2.792 lo hicieron bajo la subcategoría de reunificación familiar, aunque los procesos habrían estado cargados de anomalías. Se ha indicado, por lo demás, que la mayoría de esos ciudadanos correspondían a niños, niñas y adolescentes que viajaban sin los cuidados necesarios.

Si bien dicha indagación administrativa aún está en curso, preliminarmente se detectaron falencias en los despliegues tanto del Servicio Nacional de Migraciones como en el de la Policía de Investigaciones y la Subsecretaría de la Niñez.

Lo más grave, eso sí, es que hay sospechas de que el asunto no sólo esconde faltas técnicas, sino que hechos que podrían ser constitutivos de delitos. Hay patrones en las operaciones indagadas, una serie de vuelos charter sospechosos, agencias que generan dudas y, por cierto, incógnitas sobre la vinculación de funcionarios públicos en un entramado que podría ser responsable, como se ha deslizado por parte del Ministerio Público, de tráfico de migrantes o trata de personas.

Los números aún no son del todo claros, pero según antecedentes recopilados por la Contraloría, de los 2.792 haitianos que ingresaron entre enero y abril de 2025 con visa de reunificación familiar, 1.316 lo hicieron en vuelos regulares y 1.476 en vuelos charter.

Conforme el desglose, 920 de esos 1.476 se trasladaron en 10 vuelos de la aerolínea Galistair y 556 en cinco vuelos de la línea Aruba Airlines, aunque también hay registro de operaciones de las empresas Arajet y Caribbean Sun Airlines.

Pese a ello, aún no es claro cuántos menores están envueltos en este caso. Contraloría constató que cuando la Subsecretaría de la Niñez requirió al Sernamig detalle del ingreso de niños, Migraciones informó que entre enero y agosto de 2025 habían ingresado a Chile 4.483.

Sin embargo, la nómina no estaba completa, pues al cotejar los antecedentes con la muestra que analizaba Contraloría, y que se elaboró en función de datos de la PDI, había casos que no estaban en los antecedentes remitidos por Sernamig.

Por lo mismo es que tanto autoridades de gobierno como del Ministerio Público han remarcado que aún se desconoce el número total de eventuales víctimas, y que será la indagación encargada al fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir, la que deberá entregar certezas.

Pero los ojos no sólo están puestos en determinar cuántos niños son y establecer su paradero -pues como determinó Contraloría hoy se desconoce la ubicación de al menos 64 de ellos-, sino que también en establecer el rol que jugaron en este caso las agencias de viajes que muchas familias contactaron para lograr traer a esos menores de edad al país.

Si bien hay casos en que padres reunieron dinero durante meses para costear los traslados, tras conseguir la documentación necesaria para la visa de reunificación familiar, también hay sospechas de que terceros pudieron haber estado movilizando niños sin autorización, sin documentación y con fines únicamente lucrativos. Por lo mismo, será materia de investigación.

De hecho, en un apartado final del preinforme de Contraloría sobre este asunto, se advierte que una persona de nacionalidad haitiana se acercó al organismo “manifestando que obtuvo el permiso de reunificación familiar para su cónyuge y su hijo menor de edad, por lo cual adquirió pasajes para que ambos viajaran a Chile a través de la empresa Agencia de Viajes ‘Ciarana Servicios Integrales SpA’, mostrando documentos que dan cuenta que pagó a la misma la suma de $3.500.000″.

El problema fue que antes de tomar el vuelo el cónyuge fue detenido, ya que en la nómina de pasajeros aparecía a cargo de cinco niños y se le acusó de tráfico de menores.

En ese sentido es que se ha vuelto clave despejar el rol de las agencias y Ciarana Servicios Integrales es sólo una de las cinco empresas que se dedicaban al mismo rubro que están en el radar de los investigadores.

De acuerdo con antecedentes recopilados por este medio, Ciarana es una empresa que registra operaciones en Chile y que es representada por el ciudadano haitiano Jameson Charles, quien de acuerdo con notas de prensa está vinculado a una investigación en Haití por tráfico de migrantes. Se le relaciona con un caso que se remonta a inicios de febrero, cuando a pesar de que el aeropuerto de Puerto Príncipe estaba cerrado, se organizó la salida de un vuelo charter.

Otra de las agencias que articulaba los vuelos charter a Chile, según ha recabado este medio, es Inversiones Travel VIP Ltda, representada en territorio nacional por Roshimberg Coral Yauri, de nacionalidad peruana. Esta firma se constituyó en 2015, mantiene domicilio en Independencia y su giro incluye transporte, almacenamiento y comunicaciones.

Asimismo, aparece como empresa operadora Charha Travel e Inversiones SPA, representada por Nadia Boncoeur, de nacionalidad haitiana. De acuerdo con distintos reportes, inició actividades en 2017 y está dedicada a actividades de servicios administrativos, de agencias de viajes y operadores turísticos.

De acuerdo con su página en Facebook, buscan “ayudar a personas y empresas a viajar mejor. Con todo lo que hacemos apuntamos a dar el mejor servicio integral de viajes, es decir, antes, durante y después de este”.

Una cuarta agencia que organizaba vuelos charter es Big Master Producciones SPA, representada por Claudy Pierre-Louis, y que se constituyó en Chile en marzo de 2021 con un capital de $ 20 millones. Registró domicilio en San Bernardo y, entre sus gestiones se incluyó “desarrollar actividades relacionadas con agencia de viaje, venta seguros de viajes, productora de eventos, filmaciones, actividades de cinematografía, radio y tv entre otras actividades de entretenimiento”.

La quinta agencia observada por quienes conocen del proceso es Perrín Brothers, que mantiene un operador dominicano como representante. Fue una de las agencias que en 2025 fue reportada por el Sernac al Ministerio Público por presuntas estafas.