La madrugada del 16 de diciembre fue un día clave para el equipo de la Fiscalía Occidente, liderada por el fiscal Marcos Pastén. En Cerrillos, al interior de la sede del Grupo de Reacción Táctica de la PDI (ERTA), el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y su par de Seguridad, Luis Cordero, observaban de cerca las instrucciones del persecutor, que se preparaba para poner en marcha el Operativo Apocalipsis. A través de cámaras corporales, las autoridades siguieron en vivo los pasos de los 500 detectives de la PDI y 190 funcionarios de Gendarmería que ejecutaron diferentes órdenes de allanamientos. El balance fue contundente: 47 gendarmes y 23 civiles detenidos por su participación en una red de sobornos y corrupción al interior de Santiago 1 y el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín.

Esta operación, que se ejecutó a solo días de cerrar 2025, se había iniciado mucho antes, en medio de otro operativo a cargo de Pastén. En junio de 2023, en las pesquisas de la Operación Punto 40, que desbarató una banda de gendarmes que traficaba drogas y armas en Coquimbo y Santiago, la Fiscalía recogió la declaración de un recluso que aseguraba que las irregularidades de este operativo se replicaban en gran parte de Santiago 1. Siete meses después la carpeta acumulaba más de 6.500 páginas con los antecedentes de cohecho, lavado de activos y otros delitos.

La investigación da cuenta de un engranaje de corrupción que se sostuvo por al menos cinco años en manos de organizaciones criminales que funcionaban en coordinación, y sin una jerarquía establecida. El fiscal Pastén, en conversación con La Tercera, detalló que existía una “jerarquía más bien horizontal”. Así, las bandas funcionaban con la seguridad de que cada involucrado podía ser reemplazado para que el sistema de corrupción siguiera en marcha.

La carpeta de investigación muestra que los gendarmes cobraban sobornos por protección a reclusos, realizaban ventas de artículos prohibidos y, además, ejercían presión sobre los internos, a quienes les exigían pagos por permanecer en un módulo o mantener los objetos que recibían de manera irregular.

En la declaración voluntaria del reo de iniciales L.E.L.R., quien ingresó al módulo 4 de Santiago 1 en enero de 2025, por una causa vinculada a tráfico de drogas, denuncia que “hay un gendarme a cargo. Le decimos el ‘Sufi’, es de apellido Figueroa. Él es alto, narigón, ocupa una cadena de oro siempre, quita los teléfonos y luego hay que pagar $100.000 para recuperarlos”.

Para esta red –que generó más de $ 6 mil millones– la participación de los civiles era fundamental. Los internos lograron burlar las prohibiciones de su encarcelamiento gracias a la coordinación entre civiles, conocidos como “manilleros”: sujetos que ingresaban drogas, teléfonos, alcohol y otros productos a través de las visitas con la coordinación de gendarmes.

El mercado negro era tan amplio que incluso permitía la participación simultánea de bandas chilenas y extranjeras, que a veces, entre ellas, tenían un cierto grado de coordinación. El Ministerio Público identificó nueve organizaciones: La Dora, Las Chilenas, Los Colombia, La Boliviana, El Héctor Pérez, La Maribel, Mario Soto, Luis Salamanca y Luis Olivos. Estos son algunos de los protagonistas de la trama que desbarató el fiscal Pastén.

La empresaria colombiana

La organización Los Colombia tenía dos cabecillas: Blanca González, de 47 años, y Jorge Barrera, de 45. Ninguno contaba con antecedentes penales en Chile. La pareja, de nacionalidad colombiana, era conocida en las afueras de Santiago 1 por su negocio, que permitía el ingreso de elementos prohibidos.

Una mujer de iniciales E.P.G.C. declaró a los detectives que en enero de 2025 su pareja fue encarcelada en dicha cárcel. En febrero intentó realizar una visita y, pese a que no podía ingresar al penal debido a su situación migratoria irregular, inmediatamente le dijeron que había otra alternativa.

Esa opción era ofrecida por la pareja de colombianos que se apostaban, al igual que los demás involucrados, con toldos azules en las afueras del recinto penitenciario, con puestos de mercadería que detrás de la fachada de venta de comida y artículos de aseo escondían una red que facilitaba el ingreso de elementos prohibidos.

González estaba a cargo de las operaciones. En un cuaderno guardaba los precios por cada maniobra: ingresar un polerón con gorro costaba $15.000. El mismo precio se cobraba por hacer llegar tres arepas al interior.

“Ella es alta, trigueña, con el pelo crespo, mediana edad, ella hace todo. Ella cobra, acomoda la encomienda, dirige a las ‘manilleras’. Cuando hablaba con ellos me indicaban de los precios, tienen un cuaderno donde están anotados todos los precios, yo le sacaba fotos para hacerme una idea”, relató la extranjera a los policías.

Y precisó: “Esos cobros incluso se podían hacer con tarjeta, ya que ellos me decían que eran una empresa”.

Esta banda, al igual que las otras, lograba ingresar elementos mediante el registro masivo de visitas a reclusos. Por ejemplo, Blanca González estaba “enrolada” con 157 internos.

González realizó 35 transferencias a ocho funcionarios de Gendarmería que estarían coludidos con la organización, dice la carpeta investigativa: Richard Medel, Fernando Morales, Eduardo Espinosa, Humberto Sandoval, Ricardo Riveros, Sergio Zúñiga, Miguel Tejo y José Cisternas.

Al menos desde enero de 2020 hasta septiembre de 2025 la banda coordinada por González recaudó $ 216.876.193, la cifra más alta entre los imputados, según la Fiscalía Occidente.

Vista gorda

En el área de recepción de encomiendas un sujeto no identificado de la banda La Boliviana le murmuró al suboficial Miguel Ángel Tejo unas palabras. Esa interacción, que duró menos de un minuto, quedó captada por las cámaras de seguridad del recinto y dio cuenta que, cuando escuchó la frase del “manillero”, dejó de revisar la encomienda de forma manual y la llevó directamente a la inspección en la máquina Rapiscán, utilizada para detectar contrabando.

En la carpeta investigativa quedó establecido que esta acción “deja en manifiesto que esto lo realizó con el objeto de evadir el registro manual y permitir el ingreso de la bolsa de encomiendas, la cual, en su parte interior, ocultaría alimentos y elementos prohibidos”.

El gendarme de 47 años no solo está vinculado a la banda boliviana, sino que también colaboraba con Los Colombia, Las Chilenas, La Maribel y Mario Soto. Con sus funciones recaudó, según el Ministerio Público, la suma total de $ 62.371.298 entre enero de 2020 y septiembre de 2025.

De acuerdo a la investigación, Tejo también recibió en su cuenta bancaria $ 298.158.973. Solo el 18% de ese monto, es decir $ 54.403.482, provienen de sus remuneraciones pagadas por Gendarmería. Así, un 82% de los depósitos no tienen justificación.

El informe del Ministerio Público concluyó que el gendarme utilizó “sus productos bancarios para llevar a cabo triangulaciones de cuentas para diversificar fondos, realizando transacciones bancarias a múltiples destinatarios y entre sus propias cuentas y de otros funcionarios coludidos, operaciones que en su conjunto tienen por objeto ocultar y disimular el origen ilícito de los bienes obtenidos, y con ello confundir las fuentes de ingresos”.

Parte de ese dinero fue recibido por su pareja, Claudia Bello López, quien también fue formalizada. En su cuenta bancaria registró un total de $ 116.962.083 y ninguno de estos depósitos ingresó de fuentes formales. Durante 2022 su cónyuge adquirió un inmueble ubicado en Carmen Alto, comuna de Cauquenes, por la suma de 2.694 UF.

Tejo también adquirió dos vehículos con un valor de $ 7.570.000 y $ 15.480.000. El mecanismo de utilizar a familiares o parejas para recibir pagos se replicaba en otros cuatro funcionarios. Karen Campos, pareja del gendarme Luis Santana, fue quien registró la mayor cantidad de transferencias.

“La Dora” Jiménez

A diferencia de la mayoría de las bandas que operaba en Santiago 1, Dora Jiménez, apodada como “La Dora”, tenía el control del Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Joaquín, donde recaudó $76.935.748 a través del comercio ilícito, según la Fiscalía Occidente.

La ciudadana de nacionalidad peruana está cumpliendo una condena de 13 años por tráfico drogas en el módulo 1 del penal. La investigación asegura que la mujer de 59 años, coordinada con los gendarmes Bárbara Yévenes, Pedro Malverde y otros funcionarios, lograba ingresar elementos prohibidos a través de la Central de Alimentación.

En medio de un procedimiento que se realizó el 11 de septiembre de 2025, Gendarmería incautó 18 celulares, 12 cajas de cargadores, perfumes, 167,8 gramos de cocaína, 473,4 gramos de pasta base y 161,6 gramos de marihuana. Todos estos elementos fueron ingresados con la coordinación de Jiménez y los gendarmes que se desempeñaban en el Rancho, como llaman los internos a la zona de alimentación.

El Ministerio Público determinó que uno de los funcionarios “facilitaría herramientas para que las internas le fabriquen “caletas” (escondites confeccionados para ocultar especies ilícitas y/o irregulares al interior de las cárceles) a la interna Jiménez. Además, otro funcionario se involucra sentimental y sexualmente con varias internas recluidas en el penal, a modo de pago por el ingreso de estas especies prohibidas”.

En la carpeta investigativa sostienen que Jiménez “ha logrado posicionarse como líder al interior del módulo 1, manteniendo el poder tanto con las demás internas, como también con relación a funcionarias de Gendarmería”.

El jefe Uribe

El gendarme Fernando Uribe tenía ganada cierta reputación entre los reclusos. Una declaración de uno identificado con las iniciales E.D. dio cuenta de que “el jefe Uribe” era el funcionario que más ingresaba “feria”, que luego vendía a precios exorbitantes: paquetes de tallarines a $ 5.000 o arroz a $ 20.000. Mismo modo de operar de los demás gendarmes involucrados.

No solo eso. También forzaba a los reclusos a comprar su mercadería. Así lo relató el mismo reo: “Uribe, cuando abre la celda, dice: traje feria, para que vayan a comprar altiro. Una vez me vio una prenda de ropa y me dijo que me la iba a quitar. Yo le dije que por favor no, él me dijo que entonces le comprara la feria. Hice eso para que no me quitara la ropa, por eso le pedí a un familiar que le hiciera una transferencia por $ 200.000”.

Además del pago en dinero, sostiene el mismo testimonio, Uribe pedía que le consiguieran cocaína para su consumo. Eso va en línea a lo encontrado en los allanamientos a los funcionarios: cocaína y una escopeta de Uribe que había sido sustraída a un hombre en 2022.

Esta irregularidad se suma a sus antecedentes penales por conducción en estado de ebriedad en 2019, cuando fue condenado a 42 días de prisión y multado a pagar un tercio de UF.

Durante los años de la investigación, Uribe, que tenía un sueldo de $ 600 mil aproximados, adquirió un vehículo marca Hyundai por la suma de $ 2.302.179, una moto Suzuki de $ 13.700.000, un automóvil marca Chevrolet de $ 6.491.262, y un inmueble en Colico Bajo, comuna de Santa Juana, Región del Biobío, avaluado en $ 20.000.000.

La familia Ramos

El rol de Daniela Jiménez, de 37 años, al igual que los otros líderes de “manillas”, era coordinar a las visitas que ingresaban al penal Santiago 1 con encomiendas de objetos prohibidos.

Como era común en las bandas, involucraban a sus familiares. Sin embargo, la particularidad de la cabecilla de la banda Las Chilenas es que participaba en la red de corrupción junto a su cónyuge, el gendarme Enzo Ramos del Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad, y el hijo de ambos, Ignacio Ramos Jiménez, quien era uno de los miembros de la banda que ingresaba como “manillero” para registrar las encomiendas, según el Ministerio Público.

Jiménez junto a su hijo se trasladaban en un vehículo de propiedad del gendarme y operaban afuera de Santiago 1, junto a la otra líder, María José Carreño Aravena, y 14 miembros, de los cuales ocho pertenecían a Gendarmería, sostiene la investigación penal.

Siguiendo el mismo modo de las demás organizaciones, Jiménez estaba enrolada artificialmente como visita de 86 internos en 2023. Carreño, en tanto, estaba registrada con 23 reclusos.

La familiaridad en esta banda, acorde a las declaraciones de la investigación, permitía que Jiménez, conocida como Dani, ingresara al sector de revisión sin examinaciones de los gendarmes. La ciudadana de iniciales A.P.G.W. afirmó que cuando Jiménez ingresaba “nadie le revisaba nada”.

Eso terminaba dándole privilegios insospechados, como se lee en el expediente: “(Jiménez) ingresó al sector de control de visitas, para indicarle al funcionario que se encontraba trabajando ahí en ese momento, de que era a ella a quien debían permitirle el ingreso, situación que se llevó a cabo con éxito, dado que sí pudo ingresar a visitar a su pareja”.

La escasa revisión también corría para el hijo de Jiménez y Ramos, que está inscrito como visita de tres internos.

Las operaciones de la banda les permitió obtener ganancias, según la Fiscalía Occidente, por $ 57.461.930.