Una ventana para reformas políticas sin calculadora

El portal ya se abrió. Tras las elecciones presidenciales, el Senado y el gobierno entrarán de lleno a las reformas políticas.

La meta es poder tener aprobadas y publicadas un par de nuevas leyes antes de que ingrese el futuro gobierno. Una lectura asentada es que hoy hay un piso transversal. Hay un diagnóstico compartido de que el sistema está funcionando mal, a merced de legisladores díscolos. El problema es que si esto se posterga, el acuerdo se diluiría por la contingencia política y electoral, y porque los nuevos parlamentarios que lleguen en marzo demorarán en interiorizarse de la problemática. Incluso, puede que no tengan necesariamente el mismo diagnóstico.

Dada la premura, el próximo martes la sala de la Cámara Alta votará el proyecto diseñado por el Ejecutivo, que busca “promover la gobernabilidad”, frenar la creación de nuevos partidos, limitar la presentación de candidaturas independientes, incluyendo las presidenciales, y tratar de controlar el discolaje.

Ese texto es complementario a otra reforma constitucional, surgida de un acuerdo transversal de senadores. Ese otro proyecto -que ya fue aprobado por el Senado y está listo para ser votado en sala de la Cámara- fija un umbral a los partidos (un mínimo de 5% de los votos o bien tener ocho parlamentarios), requisito que sería ineludible para poder tener escaños de diputados. Esta reforma, además establece la cesación del cargo de aquel parlamentario que renuncie a su colectividad o a su bancada de origen.

Si bien el umbral genera resistencia, la parte que crea una nueva causal para arrebatarle el escaño a un legislador díscolo tiene un apoyo transversal, desde el PC al Partido Republicano.

El gobierno, hasta el momento, no ha tomado la decisión de apurar esta otra iniciativa de los senadores. Pese a ello, se encuentra en un estado avanzado. Si se aprueba en la sala de la Cámara, aunque sea con modificaciones, el Senado a la semana siguiente podría despachar esta reforma a ley.

La misión pendiente de modificar el Poder Judicial

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), le entregará a su sucesor un complejo proyecto de ley bien avanzado en su segundo -o quizá en su tercer- trámite legislativo. Se trata de la reforma a los nombramientos judiciales, una idea que no formaba parte del programa de gobierno, pero que el escándalo de corrupción desatado por los chats de Luis Hermosilla obligó a que el Ejecutivo diseñara una reforma para modificar un sistema que premia la figura del besamanos y tiene incentivos para el tráfico de influencias.

El mensaje del gobierno pretende crear un Consejo de Nombramientos para que las cortes dejen de armar las ternas y sea el Presidente quien designe a los jueces de letras y de cortes de Apelaciones en base a una selección prelada por puntaje. Respecto de la Suprema, la idea es mantener la participación del Ejecutivo y del Senado.

Dado que los tiempos legislativos se acaban, será la próxima administración la que tome la posta. En caso de que gane José Antonio Kast, los republicanos tendrán la misión de promulgar una reforma que se está intentando hacer desde 1991. Al menos en el pasado, la postura de los republicanos -por ejemplo, cuando fueron la fuerza mayoritaria del Consejo Constitucional- estuvo por hacer todo lo posible para que el Ejecutivo no perdiera la facultad de designar a los jueces.

Fuentes que saben del asunto comentan que el timonel de los republicanos, Arturo Squella, ya se activó entre los senadores para tantear el escenario sobre este tema. Y hasta el momento Kast ha dado algunas pistas. El abanderado presidencial ha hecho guiños al programa de Johannes Kaiser -quien era partidario de un mecanismo por sorteo- y ya marcó su línea: “Hay que sacar a la política del nombramiento para que no se plantee esto de los cuoteos”.

La candidata Jeannette Jara (PC) ha dicho que quiere modernizar el sistema y tener mayor transparencia institucional. También ha criticado la lentitud judicial y propone una ley marco de ética pública.

El CAE y la cuenta regresiva más emblemática

En el gobierno existe conciencia de que su proyecto que crea el sistema de Financiamiento para la Educación Superior (FES) ha ido alejándose de la promesa original de condonación total del CAE, pero se asume como un costo político inevitable. Reconocen que, considerando que buena parte del Frente Amplio (FA) se originó en las movilizaciones estudiantiles, serán acusados de “venderse”, aunque creen que esa crítica será pasajera si se termina el CAE. La lógica que impera en La Moneda recuerda a la tramitación de la reforma de pensiones, tratando de cuadrar al oficialismo para aceptar acuerdos híbridos y fórmulas subóptimas mientras se cumpla el objetivo central de sacar a la banca y reemplazar el sistema vigente. La mayoría de los esfuerzos se irán a este proyecto, liderada esa cruzada por el propio Presidente Boric.

El gobierno ha hecho transacciones relevantes en solidaridad, condonación y copago, y se anticipa que habrá más cambios. De otra forma, el proyecto no verá la luz: en el Congreso se sabe que, sin modificaciones profundas, el proyecto no avanzará. El propio ministro Nicolás Cataldo ha reconocido que no están “enamorados del diseño original”. La narrativa oficial en caso de aprobarse será que las concesiones se hicieron “por el bien de Chile”, aun cuando, sobre todo en el FA, persisten dudas sobre qué queda de la promesa inicial.

Uno de los giros más significativos ha sido la apertura al copago. Aunque el diseño original lo restringía al décimo decil, el Ejecutivo reconoce que sin copago el FES es inviable. Se evalúa extenderlo hasta los deciles 8 y 9, descartando desregulación de aranceles o cobros generalizados. Las universidades piden llegar al decil 7, opción que no puede descartarse de parte del gobierno si se considera que el objetivo final es terminar con el CAE. Incluso se discute, de forma más silenciosa, la posibilidad de transformar el FES en un crédito estatal con rasgos bancarios -un CAE mejorado-, opción que divide al oficialismo.

También ha mutado el límite de pago de los beneficiarios: de no existir tope, se pasó a un máximo de 3,5 veces el costo de la carrera, cifra que podría reducirse. Este ajuste ha ido debilitando el componente solidario original.

Pero incluso con todos estos cambios, hay sectores opositores que no quieren la creación del FES, apuntando a separar el proyecto en dos: condonación y un nuevo sistema de financiamiento, que podría prolongar la discusión más allá del 11 de marzo, lo que implicaría no cumplir con una promesa de campaña emblemática.

La gran transformación de salud que no llegó

Una de las grandes promesas de campaña de Gabriel Boric era cambiar por completo el sistema sanitario y crear uno universal con un financiamiento unificado -el Fondo Universal de Salud (FUS)- y relegar a las isapres al rol de seguros complementarios, pero nada de eso ocurrió.

El primer y casi único paso que alcanzó a definir el Ejecutivo fue que la universalización de la atención primaria sería el corazón de la reforma. Esa lógica comenzó a aplicarse en algunas comunas piloto —las llamadas pioneras—. Pero a medida que avanzaba la discusión y tras el fallo de la Corte Suprema que gatilló la crisis de las isapres, la idea de reestructurar el sistema de forma tan radical empezó a diluirse.

La incertidumbre sobre cómo enfrentar el complejo escenario de la industria dividió a la administración. Durante meses se habló de “las dos almas” (terminar o no con las isapres) y el tema generó tensiones entre distintas autoridades del oficialismo. Finalmente, la salida fue una la ley corta que ha permitido aplicar el fallo sin poner en riesgo la continuidad de las aseguradoras.

Hay quienes atribuyen a este episodio que la reforma planeada de un seguro único haya quedado solo en el texto del programa. Otros afirman que esta idea, desde un inicio, no tenía viabilidad en el Congreso.

Eso sí, en más de una ocasión, incluso cuando a las autoridades se les ha pasado la cuenta, han defendido que sí dejarán un legado en salud, como el Copago Cero, las 28 comunas pioneras de universalización de atención primaria y varios proyectos de ley en tramitación, como el que moderniza Fonasa, reforma el sistema de licencias médicas y elimina las preexistencias que es el que establece que las aseguradoras deberán ofrecer un plan común de salud, sin diferencias de precio por edad, sexo o condiciones preexistentes.

Además, el gobierno está nuevamente licitando —por segunda vez, luego de que la primera subasta quedara desierta— la estrategia incorporada en la ley corta: la modalidad de cobertura complementaria. El objetivo es fortalecer el rol de Fonasa mediante un seguro complementario y que también es una parte de los legados que la administración quiere dejar.