Cuando la presidenta de la Corte Suprema Gloria Ana Chevesich tomó conocimiento de la situación de funcionarios del Poder Judicial que están en la base de datos pública del Cruch como morosos del Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU), decidió informar de esa situación al pleno de la Corte Suprema.

La cantidad de funcionarios públicos en mora por el FSCU se había vuelto tema luego de un reportaje de Mega en que se revelaba la cantidad de empleados del Estado que estaban en deuda por sus estudios universitarios.

Así fue como Chevesich llevó la información de los judiciales morosos al pleno del máximo tribunal el 6 de abril. Fue en esa ocasión en que los magistrados instruyeron a la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) analizar los datos con el objetivo de tener un listado oficial.

La directora (S) de la CAPJ Andreina Olmo cruzó las bases de datos de los funcionarios del Poder Judicial con la base de datos pública del Cruch. Al depurar la lista, esa información fue remitida a Chevesich y la presidenta del máximo tribunal volvió a enviar dichos antecedentes al pleno el 24 de abril.

Fue en ese momento en que el pleno de la Suprema tomó la determinación de activar un procedimiento para que los morosos que forman parte de la magistratura se pongan al día con sus deudas del FSCU.

El análisis realizado por la CAPJ concluyó que “se detectaron 1.265 que reciben sueldo fiscal, y 67 que no lo reciben, así como personas que se desempeñan como abogados integrantes en diferentes cortes, correspondiente al año 2026″ que estaban en calidad de morosidad por esa deuda estudiantil.

En la resolución de ese pleno, se dejó constancia que “debido al carácter oficial del listado, y las exigencias de conducta que nos asiste por nuestra condición de funcionario público, se acordó que la presidenta de esta corte remita una carta a cada una de las personas referidas instándolas a pagar la deuda o a arribar a un acuerdo de pago con la institución que corresponda, lo que deberán efectuar a más tardar el día 31 de mayo del año en curso”.

Tomando ese acuerdo del pleno, Chevesich procedió a enviar la carta la que empezó a llegar a los judiciales a inicios de esta semana. En dicha misiva, según la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial, se señalaba “los términos de la resolución adoptada bajo el análisis de las obligaciones éticas y de probidad de los funcionarios públicos”.

La presidenta además pidió que se adjunte, antes de que termine mayo, “el documento que dé cuenta de la solución de la deuda o del acuerdo de pago arribado”. Todo eso se debería enviar mediante un escrito a un correo especialmente destinado a este efecto “bajo el apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes”.

Respecto de esto, la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial aclaró a este medio que “una vez recabada esa información, se pondrá nuevamente en conocimiento de la Corte Suprema para que se adopten las decisiones que parezcan pertinentes, después de analizar la situación expuesta por cada funcionario”.

Además añadieron que en todo este actuar “se consideró relevante por parte del pleno el carácter solidario del FSCU, lo que significa que estar al día en los pagos o reprogramar la deuda permite contar con recursos para otros estudiantes que lo necesiten”.

La carta de Chevesich ha causado ruido al interior del Poder Judicial. Algunos jueces han cuestionado que existan atribuciones para activar esta especie de procedimiento de cobro. La arremetida además abrió dudas de qué podría pasar después del 31 de mayo para quienes no regularicen su situación. La interrogante se instaló ya que la carta hacía referencia a la buena conducta de los jueces, lo que para algunos dejó abierta la puerta a la posibilidad de iniciar sumarios contra los morosos.

Quienes ya se pronunciaron por esto fue la Organización de Trabajadores Judiciales (OTJ). “No corresponde que el pleno de la Corte Suprema, a través de su presidenta, actúe como una instancia de cobranza extrajudicial, comprometiendo con ello el principio de independencia judicial. Ello resulta especialmente grave si se considera que dichos tribunales podrían eventualmente conocer de estas mismas causas, algunas de las cuales incluso podrían encontrarse prescritas”, señalaron en un comunicado público.