En su primera cuenta pública, en 2022, el Presidente Gabriel Boric situó el ítem seguridad en tercer lugar.

Habían transcurrido tres meses desde que asumía la Primera Magistratura del país y las prioridades comenzaban a mutar con varios hechos violentos ocurridos semanas antes, como el que vivió la entonces ministra del Interior Izkia Siches en aquella frustrada visita a Temucuicui, o la muerte de la joven reportera de un medio comunal Francisca Sandoval en una balacera ocurrida en el sector de barrio Meiggs, en una marcha del Día del Trabajador.

“Estamos trabajando intensamente para que ninguna persona se sienta atemorizada esperando una micro o al momento de llegar a su casa porque podría sufrir un portonazo”, señalaba ese año el Mandatario, que por ese entonces anunciaba un incremento en las dotaciones policiales para zonas estratégicas afectadas por la delincuencia, así como la construcción de nuevos cuarteles, tanto para Carabineros como para la Policía de Investigaciones.

Justamente, en esa cuenta pública, Boric manifestaba una idea que no obtuvo mayor apoyo. “Menos armas, más seguridad”, fue el nombre un proyecto que buscaba restringir el uso de armas de fuego en la población civil, incluso para quienes las mantenían debidamente inscritas.

“Desde ya le solicito a este honorable Congreso todo el apoyo para aprobar una ley que nos permita avanzar hacia la prohibición total de tenencia de armas. (...) Yo sé que hay algunos que no aplauden cuando decimos esto”. Sin embargo, dicha idea, la más criticada en seguridad ese año, nunca se materializó en un proyecto de ley.

Las prioridades fueron cambiando y el tema de la seguridad pasó a tener un papel más preponderante en los balances de gobierno. De hecho, en la pasada alocución pública pasó a estar en el primer eje y el Presidente subrayó que la seguridad es un “derecho”.

Cumplió, no cumplió

Ad portas de lo que será su última cuenta pública, quienes conocen de la interna de La Moneda sostienen que este año seguridad volverá a tener un lugar principal en las palabras del Mandatario.

Allí es donde se espera que haga un balance de las promesas que se han materializado y las que estén en el Congreso.

Desde el Ejecutivo destacan que durante la gestión de Boric se han aprobado 65 leyes de seguridad, entre las cuales están la ley antiterrorista, la de seguridad privada, fortalecimiento en la persecución de delincuencia organizada, la de delitos económicos, la de ciberseguridad y la aprobación de la norma que dio vida al Ministerio Seguridad, hoy encabezado por Luis Cordero.

Resalta, igualmente, la reforma al Código Procesal Penal con miras a enfrentar la reincidencia, avanzar en seguridad para fiscales y jueces, y en la mejor persecución del crimen organizado con técnicas especiales.

Sin embargo, aún hay varias de normas pendientes, como el fortalecimiento al Ministerio Público, la fiscalía supraterritorial, la ley de Inteligencia, el Reglamento del Uso de la Fuerza (RUF) o el Servicio de Atención a Víctimas.

También en el programa de gobierno de Boric se prometía “combatir el hacinamiento y las malas condiciones de higiene y salubridad” en las cárceles, una idea que desde el Ejecutivo afirman que se “ha ido avanzando”. En enero de este año, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, comunicó el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, que contempla la creación de 30 mil plazas de aquí al 2030.

No obstante, abogados penalistas consultados por La Tercera sostienen que “el hacinamiento en las cárceles es mucho mayor que el año pasado y cada vez va en aumento. Hay cárceles que tienen una sobrepoblación del 200%”.

Otras de las propuestas en seguridad que sí ha cumplido el gobierno, además del Ministerio de Seguridad, son el aumento del presupuesto en la materia, instalación de puntos de control fronterizo, la creación de un sistema de televigilancia que usa inteligencia artificial, renovación de la flota de Carabineros, aumento de los ingresos de funcionarios policiales, una política contra el crimen organizado, la aprobación de leyes que agravan delitos, entre otras medidas.

El programa

En el Ejecutivo defienden que la administración de Gabriel Boric es una de las que más recursos han destinado a Carabineros, solo en el marco del Plan Nacional Contra el Crimen Organizado se han traspasado $ 148.849.554.530.

A lo largo de la gestión de Boric han quedado atrás las propuestas originales de su campaña, como la “refundación de las policías”, así como también el traspaso de las potestades a los gobernadores regionales y municipalidades. También sobre las policías, no se ha implementado un “escalafón único” planteado, ni tampoco la “formación común en DD.HH.”.

Tampoco la reforma a la Ley 20.000, la entrega de facultades de seguridad a los gobiernos regionales de parte de los delegados. En materia de defensa, tampoco se ha cumplido una “nueva política de defensa participativa”, “fortalecimiento del Estado Mayor Conjunto” y de “incorporar DD.HH. y perspectiva de género en las operaciones militares”. Todas medidas que no se han aplicado. En materia militar, eso sí, se modificó parte del Servicio Militar tras la muerte del soldado Franco Vargas en Putre.

Estallido social

Reparación integral para las víctimas del estallido social es una de las promesas que, a juicio de actores involucrados, está incumplida.

Así lo mencionaba de manera tajante la senadora Fabiola Campillai, pero también es algo que advierte la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras.

“No existió una política de reparación integral que incluyera la atención en salud física y mental requerida por las víctimas, no hubo indemnizaciones, ni una comisión de verdad, y menos aún medidas de no repetición”, sostuvo.

Pese a los duros cuestionamientos, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos aseguran que se mantiene el compromiso con las víctimas de violencia institucional en el contexto del estallido social. “Desde el inicio de esta administración se ha buscado reconstruir espacios de diálogo con organizaciones de sobrevivientes, víctimas y familiares, reactivando instancias de participación como la Mesa con Organizaciones de Víctimas, que sesiona de forma mensual desde enero de 2025 y donde participan actores relevantes en el tema”, manifestaron.

Lejano a lo que se comprometía en el programa de gobierno, donde se afirmaba que se impulsarían leyes “que reconozcan el derecho a manifestarse” y se buscaría derogar “leyes represivas, tales como las normas que regulan el control de identidad preventivo, la ley antibarricadas y la ley de seguridad del Estado”.

*Esta nota fue modificada tras su publicación al detectar un error respecto de la reforma al CPP.