Ministra Schmidt reconoce problemas para realizar COP25 en diciembre a pocos meses de la cumbre

Autor: Claudia Soto

La ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, junto a la secretaria ejecutiva de la ONU para el Cambio Climático, Patricia Espinosa, durante la celebración de la COP24, en diciembre pasado.

La titular de Medio Ambiente envió una carta a la ONU advirtiendo que ese mes era complicado. Sin embargo, el organismo desestimó sus argumentos y fijó la cumbre climática para ese mes. ¿El principal problema? No hay un recinto adecuado para albergar la reunión. Ambientalistas dicen que hubo falta de conocimiento y preparación de las autoridades antes de proponer a Santiago como sede.


El 13 de marzo recién pasado, la ministra Carolina Schmidt anunció en su cuenta de Twitter que la próxima versión de la Conferencia de las Partes (COP 25) ya tenía fecha: el 2 y el 13 de diciembre de 2019. Tres meses antes, en diciembre de 2018, la titular de Medio Ambiente había informado que Santiago había sido aceptada para albergar la reunión climática más relevante en el mundo, mientras participaba en la COP24 en la ciudad polaca de Katowice, luego de que Brasil renunciara a organizar la cita.

Así, Chile tomaba la posta para gestionar una cumbre de nivel mundial en menos plazo que el habitual, pero sin conocer los inconvenientes que se presentarían en las semanas posteriores. ¿El mayor problema? La dificultad para encontrar una sede que albergue el evento. Algo que hasta el día de hoy no ha podido concretarse.

Schmidt confirmó que la cita sería en diciembre tras recibir una carta firmada por la secretaria ejecutiva para el Cambio Climático de Naciones Unidas, la mexicana Patricia Espinosa, quien agradeció al gobierno de Chile por “su flexibilidad” para determinar una fecha posible para realizar el evento medioambiental. La ministra dijo en ese tuit que se trata del evento internacional “más grande que ha organizado Chile desde el mundial del 62”.

Pero la fecha que finalmente decidió confirmar la ONU es distinta a la que había informado el gobierno en diciembre pasado. El 14 de ese mes, Sebastián Piñera afirmó en un punto de prensa que la cita se realizaría en enero de 2020. Es decir, estaría separada por unos meses de la APEC que se desarrollará en Santiago la primera quincena de noviembre de este año.

Lo que no se dio a conocer la semana pasada, sin embargo, son las complicaciones para desarrollar la cita en la fecha inicial y las gestiones del gobierno para aplazar algunas semanas la cumbre, debido a inconvenientes tales como que el “único” lugar capaz de albergar el cónclave internacional, no está disponible en esa fecha.

Espacio Riesco: reservado

En una carta enviada a la comitiva, a la que tuvo acceso La Tercera y que además se encuentra disponible en el sitio de Naciones Unidas para el Cambio Climático, Schmidt advierte de las complejidades de realizar la cumbre en diciembre. De ahí que la ministra de Medio Ambiente instara a la comitiva a que el evento se traslade a enero del próximo año. Esto, aunque tradicionalmente la conferencia se ha realizado entre noviembre y diciembre, desde su creación en 1995 en Berlín.

En la misiva, la ministra señala que debido a que Chile se ofreció tras la repentina baja de Brasil, el país “no ha tenido la oportunidad de planificar la COP con años de antelación, como la mayoría de los anfitriones lo ha hecho”, y que por el contrario, la planificación ha sido en un tiempo breve y con un número limitado de opciones disponibles.

El mayor problema, hasta ahora, ha sido encontrar una sede. De acuerdo a lo informado por la secretaria de Estado, “el único lugar en Santiago que tiene los mínimos requerimientos para albergar la COP es Espacio Riesco, un lugar privado. Este es el lugar que se reservó para la Apec de noviembre de 2019, y está reservado en diciembre de 2019 para otros eventos privados, y por lo tanto, no disponible para la COP en diciembre”. Con esto, se analiza la posibilidad de que la conferencia se realice en dos lugares distintos, lo que generaría incomodidad y sumaría tiempos de viajes para las delegaciones.

Pero además del alto tráfico en diciembre, la poca disponibilidad de alojamientos es otra de las problemáticas que tendrá que sortear la organización, dijo Schmidt.

Por este motivo, la ministra señaló que la mejor fecha para la cumbre era entre el 5 y el 21 de enero de 2020, lo cual fue descartado por el organismo internacional. Esto ya que Santiago tendría más hoteles disponibles, habría menos tráfico vehicular y una menor cantidad de gente en la ciudad por el periodo de vacaciones.

Pese a esto, la secretaria de Estado agregó que si después de todas las razones entregadas, el comité aún consideraba como mejor alternativa realizar la COP25 en diciembre, Chile lo aceptaría, pero añadiendo que, aunque se hará el esfuerzo, “es crucial que los miembros del comité estén plenamente conscientes de los desafíos y entiendan que a pesar de nuestros mejores esfuerzos, podríamos no estar en la posición de proveer las mejores soluciones, porque las condiciones de la ciudad están más allá de nuestro control”.

¿Alto riesgo?

Samuel Leiva, consultor en políticas públicas medioambientales, señala que desde el gobierno hubo cierta “soberbia” y que no se consideraron las dificultades que traía organizar una conferencia de esta magnitud. Para él, se pecó de “desconocimiento de cómo es el proceso, de cuál es la envergadura del trabajo que se necesita”. Pero también, dice, hubo exceso de entusiasmo:: “Yo creo que fue una oportunidad que vieron, pero que tenía un tiempo crítico, y que va a poner en duda la capacidad del gobierno de Chile de hacerse cargo de una cumbre como ésta”.

Según dijo, la COP16 que se realizó en Cancún en 2010 también tuvo problemas en la organización y en la logística -entre otras cosas se establecieron dos lugares para realizar las reuniones- lo cual provocó que finalmente se estableciera un consenso sobre que esa cita “no fue de la mejor manera”.

Sobre la organización, Leiva señala que de manera general, la sociedad civil está “preocupada”. “Estamos llegando a abril y aún no tenemos clara la agenda, recién acabamos de tener la fecha, pero no el lugar donde se va a desarrollar. Hay muchas cosas que hay que ir sorteando”. Pero además, asegura que no se hizo ninguna planificación previa para adoptar la decisión, lo cual pone presión, asegura, en las carteras de Medio Ambiente y Relaciones Exteriores.

Si bien asegura que la sociedad civil espera que el Ejecutivo “dé el ancho”, hasta ahora, igualmente “vamos sumamente atrasados”.

El mismo análisis lo comparte Gabriela Burdiles de la ONG y estudio jurídico Fima. La abogada asegura que la sociedad civil ha tenido pocas noticias sobre la planificación de la COP25. Esto pese a que en una reunión en enero se les señaló desde el Ministerio del Medio Ambiente la intención de tener un diálogo fluido.

“Es problemático que no tengamos ciertas definiciones. Hay una serie de cosas que organizar, hay un montón de eventos previos y eventos paralelos que giran en torno a la COP”, dice Burdiles.

Pero además, hay un liderazgo que el gobierno debe asumir, agrega, y del cual no se ha dado información: “No tenemos ningún mensaje sobre cuál va a ser el sello del gobierno de Chile en las negociaciones”. Lo que sí está claro, agrega, es la “lentitud” en la organización y que las autoridades probablemente se “apresuraron” cuando se vio la oportunidad de albergar la cita: “Quizá se calcularon los costos, pero no los plazos”.

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