Alfonso Podlech (90), fiscal militar en época de la dictadura, tiene una serie de causas en su historial penal. Entre ellas, la referente al secuestro calificado del abogado Jaime Eltit Spielmann, por el que fue condenado en calidad de autor junto a otros militares.

Producto de esa sentencia se mantenía privado de libertad en Colina 1, aunque las últimas semanas las ha pasado internado en la Clínica Dávila, a la espera de que las acciones de su defensa, encabezada por el abogado Maximiliano Murath, le permitan cumplir la pena en su domicilio. Esto, según sostienen, dado que se encuentra con una serie de afecciones que lo tendrían en etapa terminal.

Fue en marzo cuando el abogado apeló a la determinación de la ministra en visita Paola Plaza, quien le había denegado la sustitución de la pena. Pero este lunes la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago -integrada por el ministro Jaime Balmaceda y los ministros suplentes Paola Díaz y Rodrigo Carrasco- confirmó dicha determinación.

El principal argumento de Murath es que su representado tiene un diagnóstico totalmente desfavorable, por lo que por humanidad pedía que pudiera morir junto a su familia en su casa. De acuerdo con el certificado que acompañó durante el proceso, Podlech padece, entre otras cosas, de un cáncer prostático, párkinson, anemia e hiponatremia. “Está en etapa terminal, con pobre expectativa de vida y extremadamente corta y eventual fallecimiento en un futuro cercano, dado su deterioro físico y cognitivo”, expuso su abogado ante la sala.

La vista de la causa fue el lunes y ahí Murath pidió proyectar una imagen en donde se ve a su representado postrado y hospitalizado en la clínica. El ministro Balmaceda dijo que no era necesario y le preguntó a las otras partes -Ministerio de Justicia y querellante- si alguno controvertía el estado de salud de Podlech, pero ambos dijeron que no. Pese a eso, en su alegato Murath proyectó igual la fotografía.

Sin embargo, sus alegaciones no rindieron los frutos que esperaba. Además, como reprochó el penalista, se encontraron con la oposición de un gobierno que esperaban tener como aliado, dada la cercanía que ha mostrado la administración del Presidente José Antonio Kast con el mundo militar.

Desde antes de que el Mandatario asumiera, el Programa de Derechos Humanos (DD.HH.) de la Subsecretaría del mismo nombre era parte en este proceso y actuaba como querellante. Sin embargo, la esperanza de la defensa era que en esta etapa el Ejecutivo los apoyara, dado que se analizaría la apelación cuando las nuevas autoridades estarían en funciones.

Además, la vista del recurso se programó para este lunes, justo días después de que se evidenciaran casos donde abogados de ese mismo programa habían recibido instrucciones de no apelar o no hacerse parte de procesos que impidieran que condenados por crímenes de lesa humanidad obtuvieran beneficios.

Ello ocurrió, por ejemplo, en el caso de César Manríquez, a quien la Corte de San Miguel le otorgó la libertad y el programa no apeló, y también en el de Jorge Mandiola, donde el programa no se opuso a que accediera a la reclusión domiciliaria, aunque la Corte de Concepción se negó.

Pese a ello, la defensa de Podlech se encontró con una postura diferente. El domingo 26 de abril, a 24 horas de la vista del recurso, la jefa del Programa de Derechos Humanos, Constanza Garrido, se anunció para alegar.

“Por el presente acto anuncio alegato confirmando, en la vista de la causa programada para el próximo lunes 27 de abril en el segundo lugar de la Tabla Ordinaria de la Cuarta Sala, el que tendrá una duración de 10 minutos”, se lee en el documento que ingresó. Durante su alegato, para sorpresa de la defensa, Garrido se opuso a los beneficios solicitados por el condenado. Consultado al respecto, Murath no titubeó en acusar “traición” de parte del Ejecutivo.

“Jurídicamente es un gran error intentar que un adulto de 90 años en enfermedad terminal y hospitalizado en la UTI cumpla una condena en la cárcel. Vulnera la dignidad de esa persona y aquellas normas que prohíben las penas crueles, degradantes e inhumanas”, manifestó el penalista quien además forma parte del Partido Nacional Libertario.

Luego agregó: “Políticamente, es una traición de este gobierno a todos aquellos electores que creían que en los juicios de derechos humanos iba a operar la justicia y no la venganza, y que los derechos humanos se iban a respetar para todos, incluso para aquellos que cumplen condenas en Punta Peuco, Colina o por causas de derechos humanos”.

Según alegó la defensa, es un hecho indiscutido que producto de las enfermedades que tiene su representado está en etapa terminal. Además, han hecho presente que es evidente que Podlech no es autovalente. Por lo mismo, ahora recurrirán de amparo ante la Corte de Santiago y el caso terminará en la Suprema.

Fuentes que saben del funcionamiento del Programa de Derechos Humanos aseguran que la postura adoptada en este caso sigue la lógica que han aplicado por años. Otras fuentes consultadas por este medio agregan que también devela que la administración de Kast no aplica criterios claros para la definición del camino a seguir en estos procesos. Esto, debido a la diferencia de criterio utilizada en el caso Manríquez, Mandiola y, ahora, Podlech.

De hecho, ante esta situación la abogada Magdalena Garcés, excoordinadora del Plan Nacional de Búsqueda y actual representante de la familia de Eltit Spielmann, relevó las diferencias.

“Valoramos que el Programa de DD.HH. haya concurrido a alegar a estrados en la apelación del condenado Alfonso Podlech, quien solicitaba cumplir la pena en su casa. Sin embargo, nos causa extrañeza, por una parte, que no haya alegado la abogada a cargo de la causa y, por otra parte, la errática conducción del Programa. En un caso similar, en que también representamos a las familias, no se permitió al abogado del Programa alegar, como fue el caso del condenado Jorge Mandiola, cuya solicitud de cambio de forma de cumplimiento también había sido rechazada por el ministro de la causa, al igual que en el caso de Podlech", manifestó.

Complementó, en el mismo sentido, que “más que un análisis caso a caso, parecen mostrar cierta improvisación en las medidas adoptadas por la jefatura del Programa y poca confianza en sus profesionales, que han acompañado por años a las víctimas y sus familiares. Los abogados y abogadas han llevados las causas con altos criterios técnicos, por lo cual parece poco comprensible que se les impida comparecer a estrados”.

Si bien a través de un comunicado la semana pasada la Subsecretaría de DD.HH., que lidera Pablo Mira (RN), informó que no se han dado instrucciones generales y que el análisis se hace caso a caso, funcionarios que se mantienen en la repartición afirman que no se les han clarificado cuáles son los criterios bajo los cuales deben ponderar cuándo sí y cuándo no corresponde apelar o hacerse parte.

Desde la repartición, en todo caso, sostuvieron: “En este caso el Programa de DD.HH. se pronunció a favor de la resolución de la ministra en visita Paola Plaza, en el sentido de que consideró necesario evacuar un nuevo informe pericial que permita aclarar toda duda respecto de la enajenación mental del imputado, con estricto apego a la ley, lo cual fue confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago. La misma resolución de la ministra Plaza ofició al Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina I para que arbitre todas las medidas que sean necesarias para salvaguardar la salud e integridad del interno".

Pese a lo señalado por el gobierno, desde la defensa comentan que jamás discutió el estado mental de Podlech y su solicitud de arresto domiciliario solo se argumentó por razones humanitarias debido a la condición física.