Presidente del Colegio de Abogados, Ramiro Mendoza: “No creo en la colegiatura obligatoria”

Ramiro Mendoza, presidente del Colegio de Abogados hasta junio de 2023.

A diferencia de su antecesor en el cargo, el excontralor considera que la colegiatura debe tener un foco de especialidad y apoyo a los profesionales, por lo que debe ser una decisión libre. Y respecto del lío por el estatuto de paridad en la elección del colegio, Mendoza afirma que esperará la resolución del Tribunal Electoral Regional sobre el tema. "El contrasentido de la paridad no se está dando en el colegio, porque tenemos 9 mujeres de 19 consejeros. La dificultad se está dando en los estudios de abogados", dice.




Ramiro Mendoza Zúñiga ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en 1977, fue contralor general de la República entre 2007 y 2015, y desde el lunes pasado es el nuevo presidente del Colegio de Abogados, cargo que ocupará hasta junio de 2023.

Mendoza llegó a dirigir el gremio luego de que juraran los 10 nuevos consejeros del colegio que resultaron electos en los comicios del 16 de diciembre. En estos, la lista que más cargos obtuvo fue la C, integrada por el excontralor y denominada “Gremiales por el Estado de Derecho”, que se quedó con seis de diez cupos en disputa.

En la oficina 207 de Ahumada 341, comuna de Santiago Centro, se encuentra el abogado a una semana de ser electo. Su celular no deja de vibrar. “Esta cosa de los mensajes”, comenta.

En entrevista con La Tercera, Mendoza aborda los desafíos de estar a la cabeza del gremio, partiendo por la discusión sobre la colegiatura obligatoria, respecto de la cual difiere de su antecesor, Héctor Humeres. “Yo no creo en la colegiatura obligatoria. En lo que sí creo es la jurisdicción ética obligatoria”, plantea

También aborda el debate que suscitó la última elección del gremio, pues un grupo de consejeros asegura que no se respetó el estatuto de paridad que la rige.

De hecho, interpusieron un recurso de reclamación ante el Segundo Tribunal Electoral Regional Metropolitano, ya que para ellos la Lista Gremial no respetó el estatuto paritario, que indica “ningún género puede superar al otro en una proporción superior al 60/40″. Dicha lista obtuvo seis consejeros, donde cuatro son hombres y dos mujeres.

“Esto ocurrió antes de mi llegada como presidente del consejo, y eso fue producto de la proclamación y la forma como entendió la mesa al proclamar los resultados de la elección anterior”, afirma, y agrega que se debe esperar el resultado del Tribunal Electoral Regional Metropolitano.

¿Considera que es aceptable el reclamo o es más bien una estrategia política?

Creo firmemente que las reglas de paridad tienen que ser severamente respetadas, sin duda. Pero las reglas de paridad de este colegio tienen un fenómeno en cascada desde el punto de vista de la paridad. A lo que yo estoy atento es a que se cumpla de la mejor manera posible, del modo más rápido posible, lo que la judicatura resuelva.

Si en el medio hay otras vías de solución, eso ya no depende de mí, sino que depende de quienes se sienten afectados o beneficiados. Si nos quedamos atrapados en la discusión que hoy está en el Tribunal Electoral Regional, no podremos avanzar.

¿La elección del Colegio de Abogados se ajustó a los estatutos de paridad de género que buscan promover?

En esa elección la mesa entendió de una manera el estatuto de paridad, el otro grupo entiende que no está en plena regla la paridad. Y hay muchas personas que, leyendo los estatutos, están disconformes con esa interpretación.

De solucionarse esto de forma expedita, ¿considera plantear en el consejo que se realice algún tipo de modificación en el estatuto de paridad?

Cualquiera sea la solución jurisdiccional, tengo que plantear en el consejo que revisemos los estatutos, para los efectos de dejar sin ninguna duda la aplicación de la regla para la elección que viene.

¿Considera que a la institución le falta avanzar en temas de paridad?

El contrasentido de la paridad no se está dando en el colegio, porque tenemos 9 mujeres de 19 consejeros. La dificultad se está dando en los estudios de abogados. Nosotros como consejo general debiésemos preocuparnos de lo que pasa en el ejercicio profesional de las mujeres profesionales exitosas.

¿Colegiatura obligatoria para fiscalización ética?

Otro de los focos de la gestión, y que se arrastra desde mayo pasado, es la postura del gremio respecto de la obligatoriedad de la colegiatura para el ejercicio de la profesión, con la finalidad de que exista un control ético de los profesionales. La idea fue presentada en diciembre por Humeres ante la Convención Constitucional.

“Yo no creo en la colegiatura obligatoria. En lo que sí creo es la jurisdicción ética obligatoria. Pero la colegiatura creo que es un tema de atractivo y es un tema de resguardo para quienes creemos en la profesión que tenemos que cuidarla”, sostiene.

¿Por qué, entonces, se instala la idea de obligatoriedad después de tanto tiempo sin que esto sea obligatorio?

Hace poco la administración anterior fue a la Convención y lo respeto plenamente. El tema de la obligatoriedad no es un tema zanjado desde el punto de vista de los consejeros, y creo que la colegiatura obligatoria tiene mucho de “amor histórico”.

Luego de que se sacara la colegiatura obligatoria en los 80, los colegios se resintieron, y creo que se resintieron no solo por la pérdida de la calidad de las corporaciones de derecho público, sino que esencialmente, en el caso del Colegio de Abogados, porque se les cercenaron ingresos que provenían de leyes especiales.

Hay quienes piensan que la colegiatura obligatoria es la única forma de ordenar el control ético de los abogados. Hay una confusión entre colegiatura obligatoria y control ético, y creo que no es necesaria la colegiatura obligatoria para un control ético jurisdiccional específico.

Entonces, ¿qué busca la colegiatura?

El colegio lo que tiene que tener es una incidencia intelectual profunda en el ejercicio de la profesión. Esa incidencia tiene que ser tomada por los abogados desde el punto de vista de su capacidad y de sus eventuales y naturales necesidades.

¿De qué forma se puede lograr el control ético?

Eso se puede lograr con una ley que cree una jurisdicción ética obligatoria para todos los colegios profesionales o que -al menos- permita que, por zonas territoriales, incluso desde el punto de vista de la constitución regional de los colegios de abogados o de los colegios profesionales, esos capítulos regionales y nacionales tuviesen una jurisdicción ética por delegaciones.

¿Cómo se logra esto, de atraer a los nuevos profesionales para colegiarse?

Esa es una pregunta que hemos sido un poco regulones en plantearnos y en buscar una respuesta. Creo que hay varias vías, una es la interlocución más bien cotidiana entre el colegio y las distintas facultades de derecho. Creo que esa cotidianeidad tiene que partir de la base de tratar de levantar una cátedra ética común.

El consejo anterior apoyó la colegiatura obligatoria. ¿En el actual están divididas las posturas, tanto respecto del avance académico como de la fiscalización ética?

No es que haya una división. Hemos tenido una comodidad en el planteamiento. La primera regla de intervención es saber si el profesional es colegiado, para así tomar una decisión ante una falta ética. Por eso la situación de la colegiatura se vuelve relevante, porque es el primer filtro a la fiscalización ética, mientras no tengamos la jurisdicción delegada.

Pero si el colegiado ve que hay una condición de riesgo en el control ético, lo que hará es desafiliarse. Entonces ahí quedamos como gato en la carnicería mirando desde la vitrina. Eso es lo que más complica, por eso es que la primera fórmula es que sean todos colegiados, porque es mucho más rápido para fiscalizar. Para mi la decisión de la colegiatura debe ser libre, porque es un espacio para buscar profesionalizarse

El trabajo en la Convención

Uno de los primeros propósitos del nuevo líder del gremio es crear una comisión que esté enfocada en las propuestas y determinaciones que se realicen en la Convención Constitucional. “Tenemos el deber de informarles a nuestros asociados, y a los abogados en general, el tema central de las discusiones fundamentales que se están produciendo al interior de la Convención y cómo esas discusiones van a incidir en el ejercicio de la profesión”, dice Mendoza.

¿Cuál es su postura sobre la idea de eliminar al Tribunal Constitucional?

El hecho de que muchos aplaudan que hoy se esté planteando eliminar el TC es una mala noticia para quienes necesiten de una sede en donde acudir frente a la inconstitucionalidad en la aplicación de ciertas leyes.

Creo que sería una pérdida que el TC se eliminara. La mayoría de los países europeos continentales han hecho un esfuerzo por mejorar la calidad de la justicia constitucional, y creo que nosotros debemos avanzar hacia allá.

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