Ángela Vivanco fue una figura “disruptiva” en su paso por el Poder Judicial. Al asumir como portavoz de la Corte Suprema llamó la atención por su alta presencia en los medios de comunicación, agitando las aguas en el máximo tribunal.

Estudió en las monjas argentinas, luego ingresó a Derecho en la Pontificia Universidad Católica y, más tarde, hizo un doctorado en la Universidad de La Coruña, en España.

En agosto de 2018, tras ser propuesta por el entonces Presidente Sebastián Piñera, asumió como ministra de la Corte Suprema en uno de los cupos para integrantes que no son funcionarios de carrera.

Sus pares la expulsaron en octubre de 2024.

La noche de este domingo fue detenida por Carabineros.

Se le imputan delitos de cohecho y lavado de activos.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, definió esa detención como un “golpe institucional muy severo”.

La Fiscalía de Los Lagos sostiene que la exjueza recibió dinero para favorecer a un consorcio en una disputa con Codelco. Su pareja, Gonzalo Migueles ya había sido formalizado en el marco del caso conocido como la trama bielorrusa.

Un caso de $11 mil millones

En julio de 2023, un fallo de la Corte Suprema ordenó a Codelco devolver maquinarias y fondos retenidos por sobre $11 mil millones al Consorcio Belaz Movitec (CBM), conformado por la firma chilena Movitec y Belaz, una empresa estatal de Bielorrusia, en el marco de un litigio por el proyecto Rajo Inca para extender la operación de la División El Salvador.

CBM debía proveer a Codelco servicios de movimiento de tierra masivo para la preproducción y construcción de caminos, pero, el 1 de febrero de 2023, la estatal chilena decidió rescindir el contrato por “el atraso en las obras e incumplimiento reiterado de las estipulaciones contractuales”. Entonces, ejecutó el cobro de cuatro boletas de garantía por 323.854 UF, más de $11.429 millones.

Cinco meses después, con la Tercera Sala del máximo tribunal falló acogiendo un recurso de protección del consorcio y ordenó a Codelco “poner fin inmediato a la retención de los fondos”.

La causa fue vista cuando Ángela Vivanco ocupó provisoriamente la presidencia de la sala.

La decisión fue de mayoría, por cuatro votos a favor y uno en contra, de la ministra María Cristina Gajardo. Junto a Vivanco, se pronunciaron a favor el ministro Mario Carroza y las abogadas integrantes Leonor Etcheberry y María Angélica Benavides.

Acusando perjuicios avaluados en más de $70.836 millones como consecuencia de los incumplimientos en que habría incurrido CBM, Codelco interpuso una demanda en el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago.

Abogados y conservadores involucrados

Cuando, en septiembre de 2024, la Corte Suprema decidió suspender a Vivanco por, entre otro asuntos, las presuntas “irregularidades” en la tramitación de esa causa, los tres abogados de Belaz Movitec, los exdiputados Eduardo Lagos y Gabriel Silber, además de Mario Vargas, se pronunciaron sobre el caso en una declaración de tres carillas en que señalaron que se trataba de “actos jurídicos procesales que tienen la autoridad de cosa juzgada”.

Mario Vargas tenía una relación cercana con Vivanco y su marido Gonzalo Migueles. Junto con Lagos, habría sobornado a la pareja, pagándole al menos $90 millones para que CBM resultara favorecido.

En noviembre del año pasado, Lagos, Vargas y Migueles fueron detenidos en el marco de una indagación por cohecho y lavado de activos que lleva adelante la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer.

Una semana antes, hubo allanamientos a los conservadores de Bienes Raíces de Puente Alto Sergio Yáber y de Chillán Yamil Najle, actualmente suspendidos. Ambos, se transformaron en los informantes clave del Ministerio Público para probar el mecanismo de lavado de las presuntas coimas.

En la investigación se detectaron depósitos en la cuenta corriente de Migueles de parte de sociedades vinculadas a ambos conservadores.

El Ministerio Público plantea que los conservadores generaron “una serie de contratos destinados a encubrir, ocultar y disimular el verdadero origen de estos dineros”.

De acuerdo a Reportea, se presume que Migueles recibió $45 millones que fueron girados en un cheque por Lagos a Miguel Ángel Obieta, un trabajador de la casa de cambios Inversiones Suiza Limitada. Luego, el dueño de ese negocio, Harold Pizarro, entregó la suma en efectivo a Migueles y este lo hizo llegar a los conservadores.

Yáber, Najle y Pizarro quedaron con arresto domiciliario total tras ser formalizados por lavado de activos.