Uno a uno se presentaron ante la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) los funcionarios de Contraloría que revisaron el polémico decreto que autorizó la compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Por solicitud del Ministerio Público, los trabajadores del ente fiscalizador entregaron su testimonio en calidad de testigos ante los investigadores.

En la indagatoria dirigida por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, el Ministerio Público investiga presuntos delitos de tráfico de influencias, dado que la vivienda de Guardia Vieja del exmandatario era de propiedad de su hija la entonces senadora Isabel Allende (PS) y de su nieta, la ahora exministra de Defensa, Maya Fernández (PS). Cargos que impedían constitucionalmente que el Estado adquiriera el inmueble.

Por lo mismo, en esa investigación, y con el fin de determinar presuntas responsabilidades luego de que ningún estamento advirtiera la ilegalidad, es que el fiscal Cooper también requirió el testimonio de los funcionarios del ente contralor, quienes además de dar cuenta del proceso, expusieron cómo la propia contralora Dorothy Pérez actuó tras el estallido del caso.

De la institución comparecieron ante los investigadores el contralor (s), Víctor Merino; el jefe subrogante de la División Jurídica de la Contraloría, Cristián Oliver; el jefe del Comité de Bienes Públicos, Luis Baeza, y la abogada informante que revisó el caso, Valeria Hoffmam. A ellos también se sumó el jefe de la División de Función Pública del ente contralor, Alejandro Riquelme, quien en la fecha de los hechos investigados se desempeñaba como jefe de gabinete de la Contraloría y quien afirmó en su declaración que lo contactó el jefe de gabinete de la ahora exsenadora, Claudio Hurtado, para acelerar la venta de Guardia Vieja.

El control de daños de Dorothy

Todos los funcionarios de Contraloría afirmaron ante la Fiscalía que no les correspondía advertir la inconstitucionalidad de la compraventa, dado, entre otras cosas, porque el decreto que ellos visaron correspondía al que autorizaba la adquisición, pero no correspondía a la operación como tal.

Por lo mismo, según afirmó Merino, “luego de que este caso se da a conocer, en más de una ocasión se discutió el tema internamente, y el consenso absoluto era que no era la oportunidad de representar el acto atendido el estado del procedimiento administrativo”. En esa línea, Merino detalló que la contralora Pérez “también estaba de acuerdo con esta misma posición, respecto de que este reproche solo se debe hacer en la segunda etapa”.

Merino, precisamente, fue el contralor (s) que visó el decreto, dado que ese día la contralora se encontraba en otras actividades propias de su cargo. Por lo mismo, si bien es mencionada en más de una ocasión en las declaraciones de los trabajadores del organismo, no es mencionada particularmente durante la tramitación.

En lo que sí mencionan a la contralora es en lo que vino después de que el caso estalló. Por ejemplo, Baeza afirmó que una vez que se conocieron los cuestionamientos al proceso “el gabinete de la contralora y el subcontralor solicitó una presentación que explicara cómo se había tramitado el decreto, las razones de por qué se había cursado y los precedentes existentes en relación con estos procesos”.

Según el jefe del comité que revisó el caso, “en esta presentación recién se hace una alusión al artículo 37 bis y 60 de la Constitución, llegándose a la conclusión de que estos artículos no son de competencia de la Contraloría, sino que del Tribunal Constitucional, y que tampoco eran atingentes al decreto supremo N° 38 por cuanto este no aprobaba ningún contrato".

En el caso de Oliver, el funcionario afirmó que en enero la contralora le pidió “cuenta” de manera presencial sobre la situación en general. En esa ocasión, se lee en su declaración ante la Fiscalía, debió detallar ante la contralora “tanto de lo que paso, del trabajo del comité, de mi revisión, si estamos tranquilos o no, si la forma de abordar la situación fue la correcta y las alternativas de solución que ya habríamos planteado”.

Oliver era de la idea, afirmó en su declaración, de no involucrarse más tras el estallido del caso, ya que la jefa jurídica de la Secretaría General de la Presidencia, Francisca Moya, les pidió su opinión sobre los caminos de solución que estaba evaluando el Ejecutivo. Tanto así que Moya envió una minuta a la Contraloría. Dada la arremetida de Moya, los funcionarios del ente contralor optaron por mantenerse al margen. Según Oliver, la contralora apoyó el punto, “pero aun así en parte se encontraba indecisa de la decisión que se tomaría al respecto”.

“Posterior a pedirme cuenta, de parte de la contralora no recibí ningún otro comentario del tema, ni petición formal de antecedentes o similar”, concluyó el abogado ante la PDI.

Por otro lado, la contralora también ha colaborado con la investigación penal. Esto, porque según los antecedentes que maneja el Ministerio Público, el 16 de enero el fiscal del caso le solicitó a la Contraloría toda la documentación relativa a la toma de razón, lo que fue enviado cinco días después por Pérez.

“En la institución nos preocupamos”

Los funcionarios también expusieron ante los investigadores el costo interno que tuvo la situación. Hoffman afirmó que “en la institución nos preocupamos cuando estalló el caso en la prensa y tenemos la tranquilidad de haber realizado la revisión de manera profesional y en base a los antecedentes concretos y no hipotéticos”.

Baeza afirmó que “luego de saberse en términos comunicacionales el caso de la casa de Guardia Vieja, al equipo del comité en que intervenimos en esta tramitación nos afectó en términos de que esto había sido tratado comunicacionalmente, principalmente por el desconocimiento acerca del alcance del decreto autorizatorio y del procedimiento complejo en sus etapas que implica el procedimiento de compra de un inmueble por parte del Fisco”.

Oliver, por su parte, concluyó: “La verdad es que habría sido bueno no actuar tan encima del tiempo, ya que me podía haber dado tiempo de percatar de ciertos antecedentes que a día de hoy son tan debatidos”.