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Quiénes son Mario Vargas y Eduardo Lagos, la dupla de abogados investigados por soborno que cayeron por la trama bielorrusa

Según la Fiscalía, los abogados integran el entramado sobre presuntos delitos de lavado de activos y soborno. Ambos son socios y están inmersos en una red que incluye cercanía con la exministra Ángela Vivanco, su pareja Gonzalo Migueles, Luis Hermosilla e incluso el suspendido ministro Antonio Ulloa.

A las 18 horas de este martes diferentes equipos del OS-7 de Carabineros allanaron tres domicilios en las comunas de Vitacura, Providencia y Las Condes, en medio de la indagatoria por la trama bielorrusa, una de las aristas surgidas de la investigación en contra de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.

Las viviendas allanadas correspondían a las de Vivanco y su pareja, Gonzalo Migueles, y la de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas. Horas más tarde, Migueles, Lagos y Vargas se entregaron ante Carabineros luego de que la Fiscalía despachara órdenes de detención emitidas en su contra por presuntos delitos de lavado de activos, cohecho y soborno.

El caso que derivó en la detención de Migueles y los dos abogados se remonta a 2023, cuando la Corte Suprema, que por aquel entonces era integrada por Vivanco, falló en favor de la empresa chilena-bielorrusa Belaz Movitec SpA y ordenó a Codelco a pagar más de $17 mil millones en favor de la empresa con la que la minera estatal terminó adelantadamente sus contratos.

Esa empresa contratista, que prestó servicios a Codelco en el norte, era representada por el estudio Lagos, Vargas & Silber Abogados, encabezada por los abogados detenidos la noche de este martes y por el exdiputado Gabriel Silber.

Las eventuales maniobras para que Belaz Movitec ganaran en la Suprema es lo que indaga el Ministerio Público. Los fiscales sospechan que habría pagos triangulados entre los abogados del consorcio bielorruso, Migueles y Vivanco.

De la política al derecho

Antes de agrupar sus caminos profesionales, en 2017, Vargas y Lagos tuvieron diferentes pasados laborales. Lagos proviene del mundo político. Antes de dedicarse al mundo del derecho recorrió varios cargos políticos al ser militante del Partido Radical. Fue asesor en la Subsecretaría de Previsión Social tras el retorno a la democracia, así como también agregado económico de Chile en la Embajada de España durante el gobierno de Eduardo Frei.

Desde el 2002 al 2006 el ahora imputado en la trama bieolorrusa fue diputado. En ese cargo debió enfrentar a la justicia luego de que se le vinculara a ofrecimientos para concesiones e investigado por obtener ilegalmente certificados de educación media.

Después de aquello comenzó a estudiar derecho en la Universidad Uniacc, titulándose en 2012, según los registros del Poder Judicial. También, según consta en la página de su estudio de abogados, es magíster en derecho penal de la Universidad de Talca y también ha cursado estudios en “Administración desleal, soborno entre privados y modificaciones en materia de corrupción pública”.

Vargas, por su parte, antes de integrar el estudio con Lagos y Silber -y al cual también está asociada la abogada María Paz Guerra, hermana del exfiscal Manuel Guerra- se desempeñó como defensor penal público, llegando a ser el jefe de Santiago de dicho organismo. Es abogado de la Universidad Católica de Temuco, especialista en derecho penal, académico en varias universidades en la misma especialidad y cuenta con pasantías en casas de estudio en Estados Unidos.

Pero su paso por la litigación, ya en el mundo privado, no ha pasado desapercibido. Distinguido como el “abogado defensor que más juicios orales ha ganado en el país” el 2008 -según se lee en su propia biografía de su oficina de abogados-, Vargas ha encabezado reconocidas causas. Fue el defensor del exsacerdote John O’Reilly, condenado por abusar de una menor de edad. También defendió a Marco Antonio López, alias “Parived”, en el caso Relojes, y a Patricio Maturana, oficial de Carabineros condenado por cegar a la senadora Fabiola Campillai.

Ese mismo rol que ocupó en la causa del exjefe de la DINE Schafik Nazal, acusado de espionaje ilegal en contra de periodistas. El último tiempo, además, Vargas representó a Best Quality en la causa Farmacias Populares, en la cual era el querellante en contra del exalcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC).

El grupo

La noche del 10 de marzo, la entonces ministra Vivanco recibió en su vivienda de Vitacura a los invitados a su cumpleaños. Esa velada, marcada por la presentación de una banda en vivo, quedaría registrada no solo en las redes sociales de la exmagistrada, sino también en un video tomado por su pareja y en el cual se puede ver a todos los invitados bailando y cantando al ritmo de “Neve Gonna Give You Up”, de Rick Astley, y en otro de los registros se escuchó un tributo a Soda Estéreo.

En las imágenes también se puede ver que entre sus invitados estaban Vargas y el suspendido ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa, quien ahora enfrenta una acusación constitucional en el Congreso tras evitar su destitución por parte de la Suprema.

Pese a que Vivanco posteriormente negó una amistad con el abogado Vargas, y afirmó que no fue invitado a su fiesta y que llegó acompañando a Ulloa, dicha cercanía terminó siendo uno de los argumentos para removerla del Poder Judicial. Después de aquello, y cuando la pareja fue allanada por primera vez en su vivienda en Vitacura, según dio cuenta The Clinic, Vargas asesoró jurídicamente a Migueles.

A diferencia de lo ocurrido con la pareja de Vivanco y Migueles, la amistad entre el cuestionado ministro de la Corte de Santiago y el abogado Vargas sí es conocida. El propio Ulloa reconoció en su proceso sancionatorio que tiene una “familiaridad” con el profesional detenido la noche de este martes.

Más allá del cumpleaños de la exministra Vivanco, el grupo conformado por Vargas, Ulloa, Lagos y Migueles también compartía habitualmente distintas actividades sociales.

En la imagen de izquierda a derecha: Gabriel Silber, Eduardo Lagos y Mario Vargas.
En la imagen: Gonzalo Migueles (izquierda) y Antonio Ulloa (derecha).

Vargas además es muy cercano a Luis Hermosilla. Sin ir más lejos, el abogado imputado en la trama bielorrusa fue quien presentó un recurso de protección ante la Corte de Santiago para frenar las pericias a las conversaciones del penalista protagonista del caso Audio. Junto con el rechazo de dicho requerimiento, tiempo después se conocieron las conversaciones entre los abogados, en la que hablaban de los nombramientos judiciales.

“Ulloa es una máquina operando, debemos tenerlo alineado”, “Ya tenemos cinco ministros”, eran parte de los mensajes que envió Vargas a Hermosilla según publicó El Mercurio.

La ruta del dinero

La investigación que llevó a la detención de Migueles, Vargas y Lagos ya tiene trazado el origen y destino del dinero del presunto pago tras la resolución de la Suprema. Según antecedentes dados a conocer por Reportea, tras recibir el pago por parte de Belaz Movitec SpA, el abogado Lagos “repartió” los recursos.

El abogado habría girado un cheque por $45 millones a Miguel Ángel Obieta, el trabajador de una casa de cambio en Agustinas, de la cual el dueño es Harold Pizarro y quien a su vez pagó ese dinero a Migueles. Pizarro estuvo imputado en una causa por lavado de activos y receptación aduanera por importación de oro, causa en la fue defendido por Lagos y Vargas.

El lavo de activos en la trama biolorrusia se configuraría, según la Fiscalía, porque una vez que recibió el dinero, Migueles lo entregó al conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, y al de Chillán, Yamil Najle. Migueles conocía a dichos conservadores porque los asesoraba remuneradamente.

Con los dineros en sus cuentas, la Fiscalía sospecha que ambos conservadores posteriormente transfirieron a la pareja de Vivanco distintos depósitos hasta llegar a traspasar los $45 millones.

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