La Municipalidad de Renca informó que en menos de 24 horas presentó dos denuncias por ataques contra inspectores y una patrulla de seguridad municipal en el sector de José Miguel Infante, donde existe un punto fijo preventivo destinado a erradicar la bota ilegal de basura y recuperar el espacio público.

El primer hecho ocurrió durante la madrugada, cuando un inspector municipal fue agredido con una botella de vidrio mientras cumplía funciones. El funcionario fue atendido oportunamente y se encuentra fuera de peligro. Horas más tarde, en el mismo lugar, una patrulla de seguridad municipal recibió el impacto de un proyectil, presuntamente un balín, mientras realizaba labores de vigilancia.

Ambos incidentes fueron denunciados ante Carabineros de Chile, y el municipio anunció que ejercerá todas las acciones legales correspondientes.

Al respecto, el alcalde Claudio Castro señaló que “presentamos las denuncias por los ataques contra nuestros inspectores municipales. No podemos relativizar ni normalizar que quienes están mandatados para cuidar el espacio público se transformen en blanco de agresiones. A un inspector municipal en ejercicio no se le toca”.

El jefe comunal advirtió que estos hechos reflejan una realidad que enfrentan municipios en todo el país y reiteró la importancia de la plena entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Municipal, que eleva las sanciones contra quienes agreden a funcionarios en ejercicio, cuyas disposiciones más relevantes comenzarán a regir en agosto de 2026.

“La ley es un paso necesario y urgente, porque fortalece sanciones y entrega respaldo institucional. Pero este desafío no se resuelve únicamente con más penas. Necesitamos instalar cultural y comunitariamente la convicción de que los inspectores son intocables en el ejercicio de sus funciones. Esa señal debe expandirse con claridad desde el Estado y desde la sociedad”, agregó.

Finalmente, la municipalidad reafirmó su compromiso con la recuperación del espacio público y aseguró que continuará desplegando acciones preventivas y legales para proteger a sus funcionarios y a la comunidad.