El fiscal Eduardo Ríos, uno de los integrantes del equipo de persecutores que indaga el caso ProCultura presentó su renuncia al Ministerio Público esta semana.

Ríos informó su decisión de dejar el ente persecutor el lunes 16 de febrero, en una carta dirigida al fiscal nacional, Ángel Valencia, con copia a su superior directo, Juan Castro Bekios.

La relación entre el persecutor y el fiscal regional de Antofagasta estaba quebrada.

De hecho, el 29 de diciembre, Ríos denunció a Castro Bekios por maltrato laboral.

En septiembre, el fiscal Ríos fue el encargado de ingresar la apelación del Ministerio Público a la decisión del Juzgado de Garantía de Antofagasta que determinó que la causa contra el gobernador Claudio Orrego fuese trasladada a Santiago.

Hasta octubre, Ríos y Bekios lideraban las pesquisas del caso, coordinando por entonces una estrategia para acceder a la información bancaria de productos de la ONG fundada por el psiquiatra Alberto Larraín y respecto de once de los directivos de la fundación. Algo que fue rechazado.

Para fin de año, sin embargo, ya esas coordinaciones cesaron y fue el fiscal Cristián Aguilar el que asumió un rol protagónico en las audiencias que se han desarrollado este año y en las que se desestimó la solicitud de prisión preventiva de Alberto Larraín.

Aguilar también debió enfrentar el rechazo al desafuero del gobernador Orrego, decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago que tiene a la autoridad regional a un paso del sobreseimiento.