La tensión en torno a la operación de la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, ha ido en ascenso. Esto, luego de que La Tercera revelara que fue intervenida por una fractura de cadera en el Hospital del Salvador en un tiempo menor al que usualmente toman ese tipo de atenciones.

Con el correr de los días se conoció de testimonios que alertaban una supuesta desigualdad de trato y pese a que el centro asistencial ha insistido en que el procedimiento se desarrolló conforme a los protocolos, los cuestionamientos no se apaciguaron.

De hecho, tras conocerse que un paciente cuya cirugía fue postergada falleció en las mismas dependencias -como reportó T13-, parlamentarios de oposición confirmaron que estaban analizando ingresar una denuncia en la Fiscalía en contra de la secretaria de Estado.

Mientras los congresistas siguen revisando atentos la situación, la noche del 1 de enero el abogado republicano Raimundo Palamara ingresó al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago una querella contra la titular del Minsal por los eventuales delitos de tráfico de influencias, abuso contra particulares y abuso de funciones, fraude al Fisco, negación arbitraria de prestaciones públicas y omisión de denuncia.

La acción, como pudo conocer este medio, también se dirige en contra de funcionarios y autoridades del Ministerio de Salud, del Hospital del Salvador y contra el propio Presidente Gabriel Boric, por el hecho de que habiendo tomado conocimiento de hechos que según el querellante reviste características de delitos, no presentó la denuncia correspondiente.

Consultado sobre la acción penal, el abogado aseguró que esta situación “constata cómo el gobierno ha estado ocupado desde el primer día de administrar privilegios con los recursos públicos, usando el poder público para alterar reglas básicas del sistema de salud”.

“Cuando una cirugía se adelanta por influencia y otras se postergan, se vulnera la igualdad ante la ley y se afecta gravemente la probidad administrativa. Por eso presentamos esta querella, para que se investigue si aquí hubo abuso de funciones, tráfico de influencias y una grave omisión del deber de denunciar, porque no puede ser que ya transcurridos sobradamente las 72 horas aún nadie del gobierno haya denunciado estos graves hechos", sostuvo Palamara.

La querella

En la acción penal, Palamara hace presente que “la referida paciente fue intervenida quirúrgicamente en un plazo extraordinariamente breve (aproximadamente 10 horas desde su ingreso), bajo un procedimiento denominado ‘fast track’, el cual no es la regla general para la atención de pacientes en dicho hospital ni en la red pública de salud".

“Los mismos antecedentes dan cuenta de que, para concretar dicha intervención, se habrían alterado listas de espera quirúrgicas, se habrían postergado cirugías previamente programadas, se habrían omitido o acelerado trámites administrativos y clínicos que sí se exigen a otros pacientes. Todo ello sin que exista constancia pública clara de una condición clínica excepcional que justificara dicho trato diferenciado”, se lee en la querella.

De la misma forma, el penalista relevó el hecho de que “al menos un paciente cuya cirugía habría sido postergada en el mismo contexto falleció días después, lo que —sin prejuzgar causalidad— agrava la relevancia penal y administrativa de los hechos, al agravar la extensión del mal causado, pues evidencia un perjuicio concreto al principio de igualdad en el acceso a la salud pública".

Así las cosas, el escrito añade que “la especial gravedad del caso radica en que la beneficiaria del trato preferencial sería familiar directo de la máxima autoridad sanitaria del país, particularmente de la ministra de Salud ejerce potestades de supervigilancia, dirección y definición de políticas públicas respecto del sistema hospitalario; y esta situación generó un conflicto de interés evidente, que exigía abstención, transparencia reforzada y denuncia inmediata".

De esta forma, Palamara requirió que una vez que la querella se declare admisible y se derive a la Fiscalía, se pueda citar a declarar a la ministra Aguilera, al director del Hospital del Salvador, a las jefaturas clínicas implicadas, que se requiera al hospital los protocolos de priorización, listas de espera de antes y después de los hechos, registros clínicos de la paciente y se oficie al Ministerio de Salud para que se remitan comunicaciones internas, correos electrónicos e instrucciones impartidas vinculadas al caso.