Un tenso intercambio se vivió esta jornada mientras se llevaba a cabo una sesión de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Si bien la cita tenía por objeto continuar con la votación del proyecto de ley que crea un nuevo instrumento de Financiamiento Público para Estudios de Nivel Superior (FES), en puntos varios, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo fue consultado por los diputados presentes acerca del paro nacional convocado la jornada de ayer por la Federación Nacional de Sindicatos de Manipuladoras de Alimentos (Fenasim) en demanda por pagos de finiquitos adeudados por las empresas.

La paralización interrumpió con el normal suministro de desayunos y almuerzos de cerca de dos millones de estudiantes en todo el país.

Al respecto, el ministro lamentó lo ocurrido, señalando que se buscaron espacios de diálogo con el gremio.

“Lamento que no hayan tenido la voluntad de reunirse con la Junaeb ni con el Ministerio. De hecho se buscaron espacios de diálogo", explicó. “Nosotros conocimos la plataforma o el pliego de demanda por comunicado público, no porque hayan sido ingresados a la Junaeb o porque hayan tenido una reunión ad hoc”.

En esto, la autoridad de la cartera expresó que tenía la impresión que desde el gremio “había una voluntad de movilización a todo evento”.

“Está bien, pero uno hubiese esperado por las altas consecuencias que eso implica haber buscado espacios de intercambio previo y podría comprender que se llegue a última instancia en caso de que esos diálogos no sean fructíferos”, afirmó.

De hecho, apuntó, tendrán una reunión recién mañana jueves con Fenasim junto a la ministra segpres Macarena Lobos en el Ministerio de Educación, en donde abordarán tanto la paralización como también otros temas.

“El Estado también tiene una responsabilidad”

Sobre su explicación, el diputado republicano Agustín Romero cuestionó el actuar del gobierno, manifestando que no era solo responsabilidad de las empresas de la licitación.

“Aquí estamos viendo que el Estado también tiene una responsabilidad y por lo tanto en el fondo el Estado tiene un deber de fiscalizar estos contratos, de estarlos supervisando (...) alguien no estuvo mirando estos conflictos hasta cuando al final estallan y terminamos nosotros con qué tema, con multas a la empresa, eso no soluciona el problema”, apuntó.

En esto, Romero acusó que alguien debía responder y asistir ante la comisión para saber “si se levantaron las alertas” y “si finalmente el encargado del contrato hizo su pega, aquí me da la sensación de que no la hizo”.

“Yo lo que leí en la prensa es que hay finiquitos que no están pagados, bueno ¿están retenidos esos estados de pago?, ¿se pasaron las multas cuando las personas informan esto?, yo he trabajado también en este tipo de relaciones y normalmente los trabajadores se comunican con el mandante para decirle que ‘sabes, ojo, está pasando esto con mis subcontratos, reténganle...’“, refutó.

Asimismo, el diputado Felipe Donoso (UDI) también cuestionó las responsabilidades tras la paralización.

En respuesta, Cataldo expresó tajante que el escenario que apunta Romero, “en este caso no ocurrió”, y que se han realizado las fiscalizaciones que corresponden.

“Hemos estado muy encima de la fiscalización de los contratos, son temas que conocemos y se manejan. El tema de los finiquitos no es una situación que ocurre durante el periodo en que opera el contrato, sino que ocurre al final del contrato”, expresó.

Y hasta ahora, explicó, “las licitaciones que venían ocurriendo antes del 2022 no permitían la retención de las boletas de garantía, luego se han incorporado las boletas de garantía la facultad de la Junaep de poder ejecutar esa boleta de garantía en favor de las trabajadoras cuando no se pagan las licitaciones”.

“Creo que sería bueno conocer el modelo de gestión completo antes de hacer juicios”, sostuvo.

A esto, el diputado Romero respondió que “conocía la normativa”. “La conozco, se llama Código del Trabajo y rige para todos los trabajadores de Chile. Perdóneme, si no es solamente el tema de las licitaciones, porque el derecho al trabajo es para todos los trabajadores de Chile”, reiteró.

Fiscalización y entrega de alimentos

Sobre la entrega de alimentos, Cataldo señaló que compartía la preocupación que manifestaron ciertos diputados con respecto a los efectos de la paralización en la entrega de alimentos.

“De hecho es parte de los efectos naturales que tiene una paralización de las manipuladoras de alimentos, puesto que las medidas de fuerza tomadas llegan incluso al hecho de que se le pone candado y cadena a las bodegas, lo que impide a las empresas que tienen la obligación de suministrar el servicio”, apuntó. “El paro no lo hacen al Ministerio ni a los sostenedores, el paro se lo hacen a las empresas, porque ellas no son funcionarias del Estado, son funcionarias que están prestando servicios a empresas que están contratadas para esos fines”.

En cuanto a cifras, detalló que el dato que lograron sistematizar hasta el día de ayer fue que un 82% de los establecimientos educacionales o de las raciones más bien que tenían que entregarse, se entregaron con algún tipo de solución.

Estas fueron “una respuesta que es de emergencia, a propósito de la situación de fuerza mayor”.

“Y obviamente todo esto con un proceso de fiscalización por parte de la JUNAEB muy exhaustivo, porque esto deriva en cursar multas: quienes no hayan respondido o hayan respondido insuficientemente al contrato en definitiva, implica que van a ser cursadas multas que son muy importantes a las empresas que no suministraron el servicio”, explicó. “Esperamos que esto no vuelva a ocurrir y esperamos que siempre prime en la voluntad de diálogo porque no es un juego paralizar y quitarle la comida a los niños de Chile”.