Este miércoles, desde el mediodía, en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, se efectuó la audiencia de formalización de Jonathan Richards, el cabo 1° de la Armada de 37 años que arrolló en su camioneta a una multitud en la feria Caupolicán, en la parte alta de la Ciudad Jardín, el pasado 12 de julio.

Seis personas que trabajaban en la feria del sector de Gómez Carreño murieron esa mañana de domingo, todos adultos: la pareja de comerciantes Sonia Oyarzún Rojas y O’Higgins Rubén Olmedo Uribe; el minero y jugador senior del Club Deportivo Villa Madrid John Millacura, sus hijas Belén y Nicole Millacura; y el trabajador de la construcción Javier Sepúlveda Herrera.

A eso de las 8.30 horas, el vehículo SUV que conducía el marino, transitaba a alta velocidad por avenida Alessandri hacia la rotonda.

Por causas que se investigan, terminó chocando una barrera y atropellando a las personas que a esa hora instalaban sus puestos de venta en la feria.

Hubo, además, siete lesionados, entre ellos un lactante.

Las pruebas preliminares de alcohol y drogas al conductor arrojaron resultados negativos.

“Te juro que me desmayé“, afirmó Richards en el lugar tras la tragedia, antes que vecinos intentaran lincharlo.

En la jornada previa a la audiencia, la fiscal Vivian Quiñones, persecutora jefe de la Fiscalía Local de Viña del Mar, solicitó al tribunal que autorice requerimientos de antecedentes de salud física, mental y ocupacional del imputado.

El Ministerio Público pidió ampliar la detención esperando reunir más antecedentes, entre ellos un informe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) respecto a la dinámica del atropello.

El cabo permaneció en el Cuartel de Infantería de Marina en Concón a la espera de su formalización.

Allí prestó declaración la tarde del martes.

Este miércoles, compareció ante el tribunal acompañado de su abogado particular Gonzalo Yuseff.

El funcionario de la Armada fue formalizado por el cuasidelito de homicidio respecto a seis víctimas fatales y lesiones graves respecto a uno de los heridos.

El conductor involucrado mantenía los papeles del vehículo vencidos y no contaba con Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP).

El Ministerio Público pidió su prisión preventiva sosteniendo que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y por un peligro de fuga.

La Fiscalía dio cuenta al tribunal de los resultados de un informe pericial que confirma que el vehículo del imputado transitaba a exceso de velocidad.

“De acuerdo a la aplicación del método de proyección de peatones, y considerando los antecedentes técnicos disponibles hasta ahora, se determinó que la velocidad del vehículo, al momento del atropello, resulta compatible con un rango comprendido entre 85,50 km por hora y 102,44 km por hora”, indicó el Ministerio Público.

La jueza María del Pilar Labarca señaló que se trata de una vía en subida en que está prohibido transitar a más de 60 kilómetros por hora.

Labarca desestimó el planteamiento de que existe un peligro de fuga del imputado.

“Tal situación no se advierte por el tribunal como causal de la necesidad de cautela. No obstante, lo anterior, esta juez no puede soslayar el peligro para la seguridad de la sociedad, por lo que debe decretarse con esta fecha la prisión preventiva”, indicó.

La magistrada ordenó el ingreso del imputado a la cárcel de Casablanca.

Se fijó un plazo de investigación de 120 días.