Nacional

Tras reunión con fiscal Valencia: ACHM solicita la designación de un fiscal preferente por amenazas a alcaldes

La agrupación planteó, además, el diseño de un protocolo nacional de seguridad municipal junto al Ministerio Público

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

La directiva de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), sostuvo una reunión con el fiscal nacional, Ángel Valenica, a quien solicitaron formalmente la designación de un fiscal preferente para investigar las crecientes amenazas que han afectado a jefes comunales y concejales en ejercicio durante las últimas semanas.

El objetivo del encuentro fue transparentar las urgencias de la organización ante una serie de episodios de violencia en contra de otros alcaldes. Hace un mes la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC), interpuso una denuncia por amenazas de muerte de un grupo de narcotraficantes que ofrecieron $100 millones por su cabeza.

Una situación similar vivió el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha (FA), quien, tras la demolición de narco-casas en la comuna, recibió amenazas de muerte a través de sus redes sociales.

Según señaló la ACHM, la propuesta de asignar un fiscal preferente, figura que tomaría el liderazgo en las investigaciones de amenazas a jefes comunales, busca modernizar y acelerar los procesos de persecución penal frente al avance del crimen organizado y el narcotráfico en diversos territorios del país.

“Estamos viviendo la crisis de delincuencia más profunda de nuestra historia y los alcaldes somos la primera puerta que toca el vecino; por lo mismo, no vamos a dar un paso atrás”, afirmó el presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri.

Adicionalmente, la agrupación planteó el diseño de un protocolo nacional de seguridad municipal junto al Ministerio Público, que incluirá manuales de procedimiento y capacitaciones técnicas para fortalecer el trabajo interinstitucional de los municipios con las policías.

En esa misma línea, Alessandri destacó la necesidad de conformar un trabajo que integre no solo a la seguridad y Fiscalía, sino también a las áreas de educación, salud y desarrollo Social para recuperar la prevención a largo plazo.

Asimismo, plantearon la realización obligatoria de exámenes de droga cada seis meses para todos los cargos públicos. “Debemos predicar con el ejemplo si queremos ganarle al flagelo de la droga que hoy afecta a nuestros barrios”, zanjó.

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