El 7° Juzgado de Garantía de Santiago cerró este viernes la investigación por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, luego de que el Ministerio Público comunicara su decisión de no perseverar en la causa, solicitud que fue acogida por el tribunal.

La determinación de la Fiscalía se sustentó en el criterio fijado por el Tribunal Constitucional (TC), que establece que el Ministerio Público puede optar por no perseverar en una investigación incluso cuando esta no ha sido formalizada.

Tras el cierre de la causa, el abogado querellante Raimundo Palamara cuestionó la decisión y afirmó que “con esto finalmente quedaron impunes todos quienes operaron en esta operación inconstitucional en que hubo un gasto fiscal humano con más de 50 funcionarios públicos que trabajaron en un contrato inviable que pretendía darle un negocio indefinido a la familia Allende a través de sus fundaciones”.

El querellante sostuvo que, si bien la investigación podría reabrirse en el futuro, la decisión del fiscal Patricio Cooper refleja “la voluntad” de no continuar con las diligencias. Asimismo, criticó que durante la investigación no se cuantificara el eventual daño fiscal ni se realizara, a su juicio, un análisis suficiente de la prueba reunida.

En esa línea, Palamara aseguró que existieron antecedentes sobre presiones ejercidas por asesores de la entonces senadora Isabel Allende para que la Contraloría General de la República (CGR) tomara razón favorablemente del contrato, versión que —afirmó— fue corroborada por las declaraciones del exjefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi.

“No hubo estudio serio, no hubo objetividad, perdiendo nuevamente el pueblo de Chile frente a los poderosos de siempre”, concluyó el abogado.