El 18 de agosto de 2025 una entonces funcionaria del Conservador de Bienes Raíces de Calama se autodespidió. En aquella ocasión, la mujer expuso una seria afectación psíquica bajo la cual estaba sujeta tras haber sido víctima de acoso laboral y sexual por parte de su empleador, el suspendido conservador de bienes raíces, comercio y archivero de Calama, Álvaro Toledo.

Dicho caso llegó a la justicia y la víctima demandó a su exempleador ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Calama apuntando a una vulneración de derechos fundamentales, exigiendo una indemnización por daño moral a raíz de los hechos.

Este martes, finalmente, dicho tribunal de primera instancia condenó al conservador al establecer que no sólo infringió sus obligaciones laborales, sino que también incurrió en conductas que lesionaron los derechos fundamentales de la extrabajadora.

“Se puede establecer que los hechos denunciados fueron constitutivos de acoso sexual a lo que se une la vulneración de la integridad psíquica de la denunciante, provocado por los actos del denunciado, y de los cuales dio cuenta la perito psicóloga nombrada en autos, quien da cuenta de un daño en la psiquis de la denunciante, producto de un estrés permanente al estar en presencia de un agente agresor en su lugar de trabajo”, determinó el tribunal.

En esa línea, el tribunal agregó que “si bien, se ha otorgado la indemnización especial por vulneración de derechos, es procedente también la reparación al daño moral cuando la situación ya escapa a lo que es la relación contractual propiamente tal y ha afectado a la persona de tal manera, como ocurre en autos, en que se probó por medio de informe psicológico, que la persona tiene un daño en la psiquis que le provocó el agente denunciado, y esto en un contexto más allá del laboral, extralimitándose el denunciado en sus facultades de empleador, haciendo una situación tan diaria y civilizada como concurrir a un trabajo, en una situación de miedo y angustia a quien estaba en una situación de absoluta dependencia. Por lo anterior, atendida las características de este caso, se acogerá la demanda de daño moral”.

A raíz de aquello, el tribunal resolvió que Toledo deberá pagar una indemnización total de $25.137.500, en la cual se considera la indemnización por daño moral, por los años de servicio, remuneraciones, entre otras. La sentencia, que corresponde a primera instancia, podrá ser apelada para que se resuelva en cortes superiores.