La escandalosa e ilegal destitución del exadministrador municipal de Independencia Sebastián Sotelo (UDI) sigue generando ruido. La polémica e injustificada vendetta de los concejales, destapada por este medio el año pasado, esta vez sumó un bochorno judicial.

Los hechos no ocurrieron en los pasillos municipales de Independencia, sino que ahora se ventilaron nada más ni nada menos que ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Esto debido a que Sotelo -representado por los abogados Eduardo Montalva y Jorge Barrera- recurrió en contra de su destitución a través de un recurso de protección.

Dicha acción de protección buscaba que se declarara ilegal la decisión tomada por la mayoría del concejo municipal y Sotelo, luego de varios meses, logró un contundente triunfo ante el tribunal de alzada capitalino.

En un fallo unánime, el ministro José Pablo Rodríguez, el ministro (s) Freddy Cubillos y la abogada integrante Paola Herrera acogieron todos los argumentos de Sotelo y dejó sin efecto el acuerdo de los concejales Sandra Álvarez (RN), Rodrigo Barco (RN), José Miguel Cuevas (PS), Máximo Breake (Republicano), Rosa Huilipan (PC) y Leyla Pichara (FA).

Sin embargo la tramitación de ese recurso de protección, según los abogados de Sotelo, dejó en evidencia que los concejales que fueron requeridos habrían utilizado la Inteligencia Artificial (IA) para redactar el informe que enviaron ante la Corte de Santiago. Esto debido a que ese escrito citaba jurisprudencia falsa, inexistente e incluso con errores severos.

El informe de ocho páginas lleva la firma del abogado Nicolás Pavez. Y fue justamente respecto de ese contenido que en los alegatos del viernes pasado Montalva, en su exposición de 15 minutos, dirigó todos sus dardos.

Fallos y dictámenes que no existen

El informe planteaba que existía jurisprudencia sólida que respaldaba su postura y para eso citaba cinco fallos de la Corte Suprema y dos dictámenes de la Contraloría. Sin embargo Montalva expuso que existían “inconsistencias gravísimas en la jurisprudencia y en el ‘dictamen’ citados por el informe de la recurrida” ya que luego de contrastarlo con la fuente original pudo concluir que había “citas inexistentes, considerandos inventados y textos alterados”.

Quienes supieron del alegato de Montalva cuentan que expuso a los ministros y la abogada integrante que al revisar las sentencias citadas lo único que pudo encontrar es que en cuatro de los cinco fallos citados se atribuyen “considerandos inexistentes o derechamente inventa textos que el fallo no tiene”.

En esa misma línea aseguró que se confundía el tipo de sentencia “presentando resoluciones confirmatorias sin razonamiento como si fueran sentencias con fundamentación”. Esto le llamó la atención ya que en el informe todo aparecía citado con comillas, número de rol, de considerando y fecha.

Luego de eso Montalva procedió a dar ejemplos concretos. Así fue como le contó a la sala que en el dictamen E-58.4573 de 2024 de la Contraloría, el informe “cita una frase que no está, que no existe en el texto real”.

Lo mismo hizo con el fallo del máximo tribunal rol 79622-2020. Según el abogado el informe de los concejales “inventa el considerando cuarto, pero el texto real del fallo no contiene esa cita”.

Por eso fue que Montalva le expresó a la sala que la situación era grave ya que en estrados las partes pueden discutir sobre derecho, pero no “fabricar derecho” a su conveniencia.

En su alegato el abogado comentó que al utilizar jurisprudencia que no existe lo que se está intentando es que la corte tome una decisión basada en una “autoridad aparente” y eso afecta directamente “la buena fe procesal”. Todo lo expuesto por Montalva no pudo ser respondido por la contraparte debido a que el representante de los concejales no se presentó a los alegatos.

Sanciones por uso de IA

Por eso fue que en el alegato el abogado no solo pidió que se acogiera el recurso sino que además la corte tomara cartas en el asunto adoptando las medidas disciplinarias pertinentes. Si bien los recurrentes ganaron el fondo del recurso, el tribunal de alzada capitalino optó por no referirse a la acusación expuesta en el estrado.

El uso de IA por parte de los abogados es una preocupación cada vez mayor en el Poder Judicial. De hecho en el Código de Ética Judicial recientemente publicado la judicatura se encargó de dejar en claro que “la decisión judicial es siempre una tarea humana y su responsabilidad es indelegable”, menos a un “sistema automatizado”. Por eso en ese código se pide a los magistrados tener especial preocupación en los riesgos que esto significa sobre todo en “la generación de respuestas opacas o inexactas que no puedan ser verificadas”.

De hecho fuentes de la Suprema comentan que los ministros han visto de manera cada vez más frecuente que en los alegatos se citen fallos que no existen. Por eso son varios los supremos que han comenzado a anotar los roles para luego chequearlos por su cuenta.

El hecho más reciente que abordó este tema ocurrió en un juzgado civil. A inicios de febrero LUN dio a conocer que el Segundo Juzgado Civil de Concepción sancionó con el pago de una Unidad Tributaria Mensual a un abogado que citó jurisprudencia inexistente en una demanda civil. A juicio del tribunal se trató de una conducta contraria a la buena fe procesal y a la ética profesional.