Columna de Sylvia Eyzaguirre: Acuso

El alcalde de Valparaíso y militante de Convergencia Social, Jorge Sharp.



Algo huele a podrido en el municipio de Valparaíso. La educación pública se ha vuelto a convertir en un botín, en la caja pagadora de favores políticos; esta vez en manos de quienes denunciaban las viejas prácticas y prometían renovar la política.

La Corporación Municipal de Valparaíso, donde las mujeres en puestos directivos brillan por su ausencia (directorio exclusivamente masculino y en el equipo de dirección las mujeres sólo representan el 20 por ciento), decidió llamar a concurso para el cargo de director en 14 escuelas y liceos ad portas de ser éstos traspasados al nuevo Servicio Local de Educación. La oportunidad de los concursos es sin duda cuestionable. En estas circunstancias de transición, si queremos velar por el bien de la educación pública lo razonable es dejar a la nueva institucionalidad la responsabilidad de llamar a concurso de acuerdo a los nuevos perfiles.

Pero el panorama se vuelve aún más oscuro si uno analiza el proceso y el resultado. Los encargados de entrevistar a los postulantes habían trabajado antes en la Corporación Municipal y curiosamente los postulantes electos tienen estrechas relaciones con el presidente del comunal de Valparaíso del Colegio de Profesores, que es ex marido de la actual directora del área de educación la Corporación o directamente con la directora del área de educación o vinculación política con el Frente Amplio. En simple, no quedó ningún postulante que no tuviera un vínculo de amistad con la directora del área de educación o vínculo político con el Colegio de Profesores o el Frente Amplio. De hecho, de los 14 directores en ejercicio, algunos de ellos con una trayectoria exitosa y reconocida a nivel nacional, sólo dos continuaron, no precisamente los con prestigio, sino los con contacto. Entre los postulantes seleccionados se encuentra el ex marido de la directora del área de educación, una amiga del ex marido, la pareja de esta amiga, un candidato al Colegio de Profesores que va en la misma lista que el ex marido de la directora de la Corporación, dos trabajadores de la corporación y parejas de personas que trabajan en la Corporación. Lo más grave de esta situación no es la vinculación política, sino la falta de credenciales para los cargos en cuestión, cargos que son decisivos para mejorar la calidad de la educación pública.

No hay que ser genio para sospechar de la pureza de este proceso. Es posible que incluso todo sea legal, pero los que trabajamos en el área de educación y, en general, los que hemos trabajado en el Estado sabemos cómo la política le tuerce tupido y parejo la mano al espíritu de la ley para convertir el bien público en un beneficio privado. Y al parecer ni las jóvenes promesas revolucionarias se salvan. En octubre marchando junto al pueblo y en febrero arrebatándole la educación al mismo pueblo.

La única forma de rescatar la educación pública es terminar con estos abusos. Necesitamos un pacto nacional entre todas las fuerzas políticas para dejar de tratar a la educación pública como un botín. Así como es impensable nombrar operadores políticos como consejeros del Banco Central, debiésemos tener el mismo estándar para nombrar a quienes van a trabajar en la educación pública. Por supuesto que esto no es suficiente para asegurar la calidad de la educación pública, pero sin ello es imposible.

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