Es desconcertante y serio que un ministerio no pueda hacer bien un cálculo, como el de las cuentas de luz; es grave por el hecho en sí y por lo que implica (¿qué más está mal calculado?). Pero, al menos, se asumió y cobró la responsabilidad política. Diego Pardow es hoy exministro y se reconoció que este error ameritaba hacer efectivas las responsabilidades a ese nivel.

Pero otro caso similar ocurrió esta semana y se le baja el perfil, como si no fuera nada.

Me refiero a los niños y niñas de 210 cursos de la Región Metropolitana que no pudieron dar la prueba Simce, que debía ser rendida por cerca de 272 mil alumnos de octavo básico la semana pasada. Los menores de esos colegios -siete mil- se quedaron esperando dar una prueba, pero los examinadores no llegaron. Literalmente, los examinadores “capearon”. Nadie avisó antes. Fue un hecho consumado.

Posteriormente, la Agencia de Calidad de la Educación -organismo autónomo, responsable de la aplicación del Simce, dependiente del Mineduc- tuvo una reacción bastante autocomplaciente, por decir lo menos, en el tono de bajarle el perfil al asunto: que en el 97% de los cursos sí se había tomado y que se “programaría” a la brevedad.

¡Faltaba más!

El director de dicha agencia, Gino Cortez, dijo que fue Infer, la empresa proveedora de los examinadores, la responsable del problema, y que se le aplicarían “las máximas sanciones posibles”. Agregó que desde la empresa dijeron que tuvieron dos tipos de problemas en la capital: “No lograron cumplir las metas de selección de examinadores y que hubo otros que no llegaron”.

La explicación agrava la falta.

Es, de nuevo, bajarle el perfil y normalizar la excusa dada. ¿No es justamente aquello -tener examinadores y que se presenten ese día- lo más básico que la empresa debe obligatoriamente cumplir para ganarse y ejecutar un contrato con el Estado o con cualquiera? Y lo de las “máximas sanciones” suena a las querellas contra “todos los que resulten responsables”. Amenaza rimbombante, sanción vaga. Además, porque la Contraloría dio a conocer el mismo día que detectó múltiples deficiencias en la gestión y desarrollo del Simce 2024. El incumplimiento de los proveedores en distintas prestaciones se tradujo en el no cobro de multas por $ 400 millones por parte de la Agencia de Calidad de la Educación. Hay falencias, entonces, en la supervisión, control y sanción de parte de la agencia. ¿Dónde está la responsabilidad? Y aunque la agencia es autónoma, depende del Mineduc, que debe estar preocupado por el Simce igualmente. No puede desentenderse diciendo que es culpa de la agencia, o de la empresa, o de externalizar servicios. Hay que supervisar con eficacia, sea a una empresa o sea a funcionarios públicos. El ministro Cataldo no dijo nada el día que esto pasó.

No darle relevancia a esta negligencia comunica una idea muy dañina a la comunidad escolar: que la educación no importa y que, en realidad, el no cumplir con las responsabilidades no tiene ningún efecto ni sanción. ¿Con qué credibilidad se le dirá a un niño o niña que no llega a la prueba que hay consecuencias cuando uno incumple? ¿Y no es justamente enseñar que las conductas tienen consecuencias una parte fundamental de la educación?

Este no es un error involuntario, algo fuera de todo pronóstico y cálculo o una “fuerza mayor”, que justificaría aminorar o reconsiderar. Tener los examinadores seleccionados, y que estos se presenten, es lo mínimo. Que las autoridades -todas- controlen y estén encima del proceso antes, durante y después, es lo básico. Es cierto que se ha intentado usar esto electoralmente por parte de la oposición. Pero no por eso el oficialismo debe entrar en modo defensivo, haciendo nada la gravedad de lo que significa este episodio.

Lo del Simce refleja lo poco que importa hoy la educación inicial y escolar en nuestro país. Ni siquiera hay proyectos y planes robustos en las candidaturas presidenciales. “La impresión que dejan los programas educativos de Jara, Kast, Matthei y Kaiser es preocupante: predomina una visión pesimista, centrada en crisis, estancamiento y deriva, junto con una retórica de urgencias. Sin embargo, no especifican las prioridades ni los caminos a seguir”, escribió esta semana José Joaquín Brunner, uno de los mayores expertos nacionales en la materia.

Y la miopía cuesta -y costará- muy cara. La educación -sala cuna, jardín, básica y media- debiera ser la base de un plan transversal de desarrollo de Chile para la próxima década, de desarrollo no solo a nivel individual y social, sino económico. Debería ser la prioridad principal. Lo dice nada menos que el último premio Nobel de Economía, Philippe Aghion.“ (En Chile) deben trabajar muy duro para reformar el sistema educativo, para tener una educación de primera, como en Corea y Finlandia, el mejor sistema educativo posible, para que todos se sientan parte de la sociedad… Sé que el sistema escolar en Chile no es bueno”, dijo en La Tercera la semana pasada.