Columna de Gabriela Clivio: Todos somos más pobres ahora

ipsa


Cierto es que por estos días todos somos un poco más pobres en este lindo país esquina con vista al mar. ¿Por qué puedo hacer esta afirmación? No solo por la inflación, que por cierto hace un tiempo se ensaña con nuestros ingresos, sino que también por la caída que sufrió el precio de la acción de una importante compañía minera no metálica, con alta presencia en el principal indicador de nuestra bolsa chilena, el IPSA.

Sin bien el mercado de capitales ya viene sufriendo un importante debilitamiento y es en la actualidad menos profundo como consecuencia de los sucesivos retiros de los fondos previsionales, lo cierto es que la gran mayoría de las personas que ahorran para su vejez (que por supuesto están en la economía formal) depositan sus cotizaciones obligatorias en el sistema de capitalización individual. A su vez, las AFP invierten los recursos de los afiliados, de acuerdo con el perfil de riesgo de cada uno, en diferentes instrumentos. Esto se traduce en diversificados portafolios de inversión. En el último tiempo, en el mercado accionario local, la acción de esta gran firma minera era la que impulsaba al IPSA. Como consecuencia de lo anterior, y como parte de los ahorros estaban invertidos en títulos de esta compañía, todos (aun cuando algunos no lo supieran) nos beneficiamos del boom en los precios del litio.

Sin embargo, todo cambió la semana pasada cuando, como consecuencia del anuncio de la política nacional del litio la noche del jueves, el precio de la acción de la minera no metálica se contrajo en 15% al día siguiente. Esto además llevó a una caída de 3% en el IPSA. Todo lo anterior por supuesto se tradujo en una menor valoración de las carteras que manejan las AFP, que invierten en activos de esa firma. Por lo tanto, tras el anuncio, podría decirse que todos somos un poco más pobres hoy.

Y el problema es que lo somos -mientras la acción no recupere su precio previo- más por un anuncio sobre una política pública que ha generado mucho ruido y relatos sobre “nacionalizar” el oro blanco que por otra cosa. Lo cierto es que una lectura simple diría esto, lo cual no es correcto, dado que los recursos ya son públicos. De hecho, por esta razón existe de facto una asociación público-privada para la explotación del mineral, en la cual el Estado otorga permisos de explotación y a cambio de esto recibe pagos de la minera. En concreto, el año pasado, los pagos realizados por la compañía alcanzaron los US$ 3.600 millones, es decir, superaron el 1% del PIB, y gran parte de este monto -unos US$ 2.399 millones- fueron destinados directamente a Corfo, gracias a la renegociación de los contratos firmados hace algunos años por la explotación del Salar de Atacama. Uno por ciento del PIB no es poco si pensamos que la reforma tributaria del segundo mandato de la ex Presidenta Michelle Bachelet logró un aumento de la recaudación de 1,5% del PIB.

Lo que hizo el anuncio del jueves fue introducir un cambio en las reglas del juego; cambio que, a su vez, implica una mayor incertidumbre, lo que se traduce en una mayor tasa de descuento y una menor valorización del activo. Eso fue en realidad lo que sucedió. Por lo mismo, es clave que exista mesura no solo al elaborar políticas públicas de tanta trascendencia para el país, sino que también en el anuncio de las mismas. No podemos hoy perder de vista que 2023 es un año que transcurre con una economía desafiada, con un aumento importante en la morosidad (probablemente como consecuencia entre otras cosas de una falta de educación financiera), un mercado laboral progresivamente debilitado, una inflación resistente, y ahora, más encima, ahorros previsionales negativamente afectados por un anuncio que no termina de entenderse y que nos lleva a que todos, sin excepciones, estemos un poco peor.

Por Gabriela Clivio, economista y académica

Comenta

Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.