Contradicciones del oficialismo ante el estado de excepción

Fotos: Radio Bío Bío

El intento del gobierno por aprobar un estado de emergencia “intermedio” -y resistirse a invocar el que hoy existe-, ilustra las trancas que impiden una política coherente en materia de orden público.




La escalada de violencia que se ha visto en las últimas semanas en La Araucanía y en zonas de la región del Biobío -solo en estos días se registró la quema de un hotel, así como el asalto armado a un retén de Carabineros para intentar rescatar a un par de detenidos que fueron sorprendidos portando grandes cantidades de munición- ha obligado al gobierno a acelerar definiciones con el objeto de asegurar el orden público.

En ese orden de cosas, el Ejecutivo había anunciado el envío de un proyecto de ley con el fin de establecer un estado de emergencia “intermedio”, mediante el cual será posible el despliegue de personal de las Fuerzas Armadas, pero con el único objeto de custodiar carreteras o vías que se estimen esenciales. Dicho proyecto surge como alternativa ante la pertinaz negativa del propio gobierno para invocar el estado de emergencia constitucional que hoy contempla la Carta Fundamental, pues fue una definición de Apruebo Dignidad de que el conflicto en La Araucanía y alrededores no se combatiría mediante la “militarización”, sino que apelando al diálogo o mejorando las capacidades policiales. Dicha visión fue sostenida invariablemente por quienes hoy ocupan cargos en el Ejecutivo mientras ejercieron como parlamentarios, votando en contra cada vez que el gobierno anterior solicitó al Congreso la prórroga de dicho estado de excepción.

La realidad, sin embargo, ha terminado por imponerse y el propio gobierno parece darse cuenta ahora de que la violencia se está desbordando. Pese a este diagnóstico, la decisión de impulsar el estado de emergencia intermedio ha encontrado nuevamente fuertes resistencias dentro del propio oficialismo, donde parlamentarios del Frente Amplio y especialmente del Partido Comunista han hecho ver una serie de reparos y exigencias para concurrir a la aprobación de la iniciativa, que requiere los 3/5 del Congreso. Las diferencias, que se han acentuado en las últimas horas -a diferencia de Apruebo Dignidad, el PS, el PPD y la DC se han mostrado abiertos a dar su aprobación-, llevaron a que la sesión de comisión mixta programada para el lunes, y donde se esperaba que ingresara la iniciativa mediante una indicación al proyecto de infraestructura crítica -el cual no ha logrado consenso entre el Senado y la Cámara- terminara siendo suspendida. Con ello se busca una oportunidad para alinear al oficialismo, o de lo contrario desechar definitivamente la idea de un estado intermedio.

Las fuertes discrepancias que han surgido al interior del oficialismo sobre cómo hacer frente a la violencia ilustran en toda su dimensión las trancas ideológicas con que carga la generación que ahora detenta el poder. Sin que ello se supere, la posibilidad de articular una política de orden público coherente y a la altura del desafío que impone la evidencia se hará cada vez más difícil, con el agravante de que los costos de dichas indefiniciones lo tendrán que pagar los habitantes de las zonas afectadas.

Por cierto que ahora quienes están en el gobierno se enfrentan al dilema de tener que recurrir a todos aquellos instrumentos que antes se negaron a utilizar -es el caso del estado de emergencia, pero también de la Ley de Seguridad del Estado-, pero en vez de invocarlos sin complejos, se sigue optando por fórmulas “intermedias”, acaso como una manera de sentir menos culpa por tener que volver sobre sus pasos. No menos desconcertante es que mientras el gobierno intenta implementar un acotado estado de emergencia, a la par sus representantes en la Convención Constitucional votaron esta semana a favor de eliminar el estado de emergencia en la futura Carta Fundamental, con lo cual ya no se contaría con esta herramienta en caso de grave alteración del orden público.

Desde luego que es una señal bienvenida que ahora parezca existir más disposición del Ejecutivo para recurrir al apoyo de las Fuerzas Armadas en La Araucanía, pero las trancas ideológicas llevan a dar con fórmulas con evidentes problemas de diseño, como es el caso del estado de excepción intermedio. En efecto, si hay una crisis de seguridad en grandes extensiones de la Macrozona, no se entiende por qué la labor de vigilancia de las Fuerzas Armadas habrá de limitarse solo a las carreteras. El proyecto que elabora el Ejecutivo contempla asimismo no afectar las garantías fundamentales, lo que es un contrasentido considerando que por definición un estado de excepción supone la posibilidad de afectar por un período acotado ciertas garantías individuales -siempre sujeto a control judicial y del Congreso-, pues se invoca precisamente cuando la institucionalidad pensada para épocas normales se ve sobrepasada.

Esta contradicción no es solo semántica, sino que en la práctica puede hacer muy compleja la labor del personal militar, al no tener claridad sobre cómo podrá ejercer sus facultades para cumplir con la misión que el propio gobierno le encomendará, en particular en lo referido al uso de la fuerza, inquietudes que ya han sido expresadas por las ramas castrenses a través de los canales institucionales respectivos. Si en definitiva el oficialismo no logra ponerse de acuerdo en el Congreso, lo que cabría esperar es que el gobierno invoque sin demora el estado de emergencia hoy vigente.

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