En su Cuenta Pública pasada, el Presidente Kast anunció una estrategia para intervenir 50 barrios considerados críticos, basada en copamientos policiales, patrullajes preventivos, tecnologías de vigilancia y la creación de siete fuerzas de tarea. La iniciativa constituye una buena noticia. Chile necesita con urgencia políticas focalizadas en aquellos espacios donde la violencia y el crimen son frecuentes. De hecho, quienes habitan estos barrios conviven con el miedo, restringen sus desplazamientos, modifican sus rutinas y ven deteriorarse progresivamente su vida cotidiana.

Este diagnóstico no es nuevo. Desde comienzos de la década del 2000, Chile ha implementado al menos trece programas para prevenir y controlar el delito, combinando copamientos, intervenciones policiales focalizadas, recuperación de espacios públicos y/o tecnologías de vigilancia en áreas residenciales y/o comerciales. Estos esfuerzos reflejan una preocupación sostenida del Estado, sin embargo, pese a su continuidad, no existe evidencia de su impacto.

Chile no es una excepción en América Latina. La experiencia de países como Brasil, Colombia y México muestra que los copamientos policiales o militares rara vez logran desarticular de manera sostenida las redes criminales. Con frecuencia, estas intervenciones producen efectos no deseados, como el desplazamiento del delito hacia otros lugares, la rápida reorganización de las bandas y el aumento de los enfrentamientos armados entre grupos criminales y fuerzas de seguridad. La experiencia de las Unidades de Pacificación Policial en las favelas brasileñas constituye un ejemplo ilustrativo.

Existen estrategias menos visibles que los copamientos policiales, pero con mejores resultados. Un ejemplo es la Provincia de Buenos Aires, donde se ha fortalecido la persecución penal inteligente y la investigación de homicidios, combinándolas con programas de prevención social dirigidos a jóvenes y familias de barrios vulnerables. En una provincia de casi 17 millones de habitantes, esta estrategia ha contribuido a una reducción sostenida de las muertes violentas. La experiencia muestra que los mejores resultados se obtienen cuando la persecución penal focalizada se articula con intervenciones sociales dirigidas a los grupos y territorios de mayor riesgo.

Tras veinte años de implementación de programas de prevención y control de la violencia en América Latina, existe amplia evidencia de que la acción policial por sí sola, al igual que la mera expansión de la vigilancia tecnológica, es insuficiente. La actividad delictiva no se distribuye aleatoriamente en el territorio, como tampoco lo hacen los factores de riesgo social que facilitan el arraigo de organizaciones criminales en determinados barrios y la ocurrencia de delitos en otros. Se requiere una articulación efectiva entre vigilancia policial preventiva, persecución penal inteligente e intervenciones sociales y urbanas que apunten a las causas del problema. Sin esa combinación, las intervenciones se ven espectaculares pero tienden a producir efectos transitorios.

Por Alejandra Luneke, Investigadora Núcleo Milenio de Complejidad Criminal y académica U. Mayor