SEÑOR DIRECTOR
El derecho a la salud es indiscutible y parte de la dignidad humana; tener acceso a los servicios de salud cuándo y dónde las personas lo requieran. Un sistema exclusivamente público es riesgoso y discutible.
Mediante la reforma de la salud del 2004, existe un compromiso legal de dar cumplimiento en cuanto a acceso, cobertura, calidad y oportunidad de las prestaciones de ciertos problemas de salud. Sin embargo, el sistema público no ha podido cumplir con la oportunidad generando listas de espera de patologías GES, registrándose sobre 63.000 garantías de oportunidad retrasadas.
Es indispensable priorizar las necesidades de las personas, de la población, de los pacientes, ser equitativos con una mirada país, pero con una mirada local, independiente de edad, género, nivel socioeconómico, cultural o condiciones inherentes.
La Convención Constitucional no puede señalar problemas específicos a abordar sin un análisis epidemiológico profundo, con conocimientos sobre la demanda, la oferta de recurso humano y disponibilidad de capacidades de cada nivel de atención. Si el 85% de las garantías retrasadas pertenecen al nivel terciario, hay que conocer la disponibilidad de especialistas, equipos de salud e infraestructura.
Los prestadores privados han contribuido en la resolución de problemas de salud; el 52,5% de sus actividades se entregó a pacientes Fonasa a través de la Modalidad de Libre Elección o por pago por Grupos Relacionados a Diagnóstico (GRD).
Cualquier cambio que carezca de análisis profundo, sin discusiones amplias y espíritu constructivo de mejoría, nos puede llevar a un fracaso para construir juntos un modelo de salud para Chile.
Dra. María Teresa Valenzuela B.
Patricio Fernández P.
Dra. Solana Terrazas M.
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