SEÑOR DIRECTOR

La Iniciativa Popular de Norma N°18.666, sobre derecho a un mínimo vital y renta básica universal (RBU) llamó la atención del profesor I. Irarrázaval de la UC. La necesidad de mejorar las formas de provisión de bienestar a la población mediante la política social en Chile es un diagnóstico compartido. Sin embargo, diferimos en el enfoque y conclusiones.

El sentido de incorporar el derecho a un mínimo vital en la Constitución busca trazar un fin y abrir un camino posible a seguir. Si queremos que la pobreza se termine, determinemos el fin, el camino a seguir y después los números. Si queremos seguir administrando la pobreza, podemos quedarnos en los costos económicos de la RBU y no incluirla en la Carta Magna, omitiendo que esa pobreza estructural acarrea marcas permanentes y todavía mayores costos sociales.

Siempre es posible reinterpretar los hechos y evidencia, y estamos atentos a conocer los resultados de las investigaciones en curso mencionadas en su carta. No obstante, los costos indirectos de la gestión de la política social actual requieren ser revisados y evaluados en relación con su mermado alcance en términos de impacto. La pandemia mostró las limitaciones de la focalización y las transferencias condicionadas. Aún así, el IFE Universal también abrió la posibilidad de un sistema que alcance a toda la población, produciendo un efecto contundente en desestigmatizar la política social y entenderla como un derecho. Hoy tenemos claro que el vivir de manera digna es una responsabilidad a garantizarse de manera colectiva. La invitación es a seguir buscando una base constitucional que articule la política social. Nuestra apuesta es por la consagración del derecho a un mínimo vital.

Cristóbal Ramos

Red Chilena de Ingreso Básico