A punto de entrar en mayo ya se empiezan a ver las fisuras del autopercibido gobierno de emergencia y la gestión en género no es la excepción. Me llama especialmente la atención que la ministra Marín continúe diciendo que recibió menos casas de acogida que las que existían en 2022. Lo cierto es que el rediseño programático del Sernameg permitió aumentar a 27 los Centros de Atención Especializada, que brindan atención psicológica, representación jurídica y asesoría psicosocial. Las residencias no dejaron de existir, sino más bien, transformamos su servicio a programas de prevención y atención inicial donde era necesario, manteniendo intactos los cupos a nivel regional.

Este rediseño nació para mejorar el Sernameg, recuperar la evaluación técnica favorable (heredada con un negativo total) y responder a los vergonzosos resultados de la Auditoría de la Contraloría General de la República a la respuesta del Estado a la violencia de género durante la pandemia del Covid-19.

Se comunica que uno de los pilares de su trabajo es el empleo femenino, pero aún no se conocen las propuestas de sala cuna, para lo cual se había dicho esperen a abril. Se informa que continuará el plan de mujeres en oficios masculinizados, como conductoras de transporte público y construcción, pero se propone eliminar la franquicia Sence que lo apalancó. Llegando a mayo aún no se sabe nada del impacto del recorte en los programas y, peor aún, la eliminación de las contribuciones amenaza el Fondo Común Municipal con que alcaldes de todas las banderas contribuyen a los planes de Sernameg.

La Ley Integral en contra de la Violencia es la gran oportunidad que está dejando pasar esta administración. La licitación para el Sistema Integrado de Casos -modernización inspirada en el estudio de Ruta Crítica que implementó la ministra Zalaquett- sigue esperando, así como la Comisión de Articulación Interinstitucional con el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Quizás es hora de pasar del otoño de las promesas, que se deshojan de a poco, a la gestión.

Por Antonia Orellana, exministra de la Mujer y la Equidad de Género.