El precio de los alimentos y sus repercusiones en la seguridad alimentaria y nutricional



Por Hivy Ortiz, oficial a cargo de la representación de la FAO en Chile

Numerosos desafíos afrontan hoy nuestros sistemas agroalimentarios y la seguridad alimentaria en Chile y el mundo. A las consecuencias sociales y económicas provocadas por la pandemia de la Covid-19, se suma la crisis climática, la incertidumbre acerca de la extensión de la guerra en Europa del Este y el alza sostenida de los precios de los alimentos básicos, fertilizantes, energía y los combustibles.

El escenario se agudiza aún más por el conflicto entre la Federación de Rusia y Ucrania, actores destacados en el comercio de alimentos y productos agrícolas: en conjunto representan casi el 30% de las exportaciones mundiales de trigo y alrededor del 55% de las exportaciones mundiales de aceite de girasol. A esto se suma que Rusia es también un exportador clave de fertilizantes.

Según el índice de precios de los alimentos de la FAO, éste registra en abril de 2022 un promedio de 158,5 puntos, lo que representa un descenso del 0,8% respecto del récord histórico alcanzado en marzo. En particular, los precios de los aceites vegetales y del maíz disminuyen ligeramente tras el alza reciente, mientras que los subíndices de precios del arroz, la carne, los productos lácteos y el azúcar aumentan ligeramente y las perspectivas del comercio mundial se debilitan.

Los elevados precios de los alimentos y de la energía perjudican principalmente a los sectores más desfavorecidos, pues una mayor proporción de sus ingresos disponibles se destina a estas necesidades básicas. Para muchos consumidores, esto puede significar una disminución de la cantidad y/o la calidad de los alimentos consumidos o la completa imposibilidad de adquirirlos, y por tanto mayores niveles de hambre y malnutrición.

No podemos olvidar que, en el contexto de la crisis sanitaria, el último informe de Naciones Unidas registró que en Chile 3,4 millones de personas sufrieron de inseguridad alimentaria grave o moderada para el periodo 2018-2020, es decir, tuvieron dificultad para acceder a alimentos saludables y nutritivos y 600 mil personas sufrieron subalimentación, es decir, hambre de forma constante durante la pandemia.

Con miras a proteger las actividades de producción y comercialización, necesarias para satisfacer la demanda alimentaria nacional y mundial, la FAO ha realizado un llamado a hacer todo lo posible por mantener abierto el comercio internacional de alimentos y fertilizantes; diversificar los mercados de alimentos y de fertilizantes; evitar medidas proteccionistas que incidan negativamente al comercio global; y reforzar la transparencia del mercado.

Para amortiguar los efectos del alza en los precios de los alimentos a los consumidores y apoyar a los grupos vulnerables a no caer en situación de inseguridad alimentaria y nutricional, es fundamental las intervenciones de protección social oportunas y debidamente orientadas, que permitan mantener el acceso físico y económico suficiente a alimentos nutritivos e inocuos, tanto de la población urbana y rural.

A nivel local, el gobierno anunció importantes medidas en esta línea que permitirán afrontar el complejo panorama, entre las que se incluyen, un proyecto de reajuste al sueldo mínimo, el mayor en 25 años; un beneficio compensatorio del aumento del valor de la canasta básica de alimentos para proteger a los trabajadores y sus familias frente a la inflación; apoyo financiero para la agricultura familiar campesina, afectada por el alza de los insumos y el déficit hídrico; y apoyo al canal tradicional de abastecimiento, como las ferias libres.

La situación requerirá un seguimiento y acción constante, y respuestas en materia de políticas y acciones conjuntas y coordinadas de todos los sectores para garantizar el acceso a los alimentos saludables y así evitar una crisis de seguridad alimentaria.

Por ende, es clave, por una parte, seguir avanzando hacia una agricultura más sostenible e inclusiva con mayor innovación basada en la ciencia para un uso más eficiente de los recursos naturales, considerando la crisis hídrica del país. Y, por otra parte, seguir reforzando las medidas que aseguren el acceso físico y económico a alimentos saludables a los consumidores, como los circuitos cortos de comercialización y la promoción de las ferias libres, ya que representan un importante canal de acceso a mercados para agricultores familiares y pescadores artesanales, pilares fundamentales para la seguridad alimentaria de la población chilena.

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